Frente al debate que se está dando en el Congreso de la Nación en torno al tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la imposición de retenciones móviles, nos parece oportuno realizar una serie de puntualizaciones y formular una propuesta.
Retenciones como instrumento legítimo. Si la producción agropecuaria para exportación fue eje de la recuperación nacional tras la crisis de 2001, esto resultó posible porque todos los argentinos soportaron una devaluación de 200% y su consecuente inflación. Por ello, conceptualmente las retenciones son correctas, pero nunca como un fin en sí mismo, sino como instrumento de redistribución de la riqueza. Es inaceptable que en un país que produce alimentos para más de 400 millones de personas, existan 5 millones en estado de indigencia y 13 millones en situación de pobreza. Más inaceptable aún que la renta capturada vía retenciones tenga por destino principal el pago de la deuda pública, la compra de divisas para sostener el dólar alto y los millonarios subsidios al capital concentrado.
La realidad detrás del «campo». Este costoso conflicto ha permitido descubrir que el «campo no es plano». Allí están: las grandes multinacionales del cereal, reducido núcleo en permanente expansión económica que puede formar precios; los pools de siembra (capitales financiero volcados al agro); los grandes terratenientes nativos o extranjeros y grandes arrendatarios; pequeños y medianos productores (con y sin tierra), campesinos y pueblos originarios. Son más de 300 mil los productores. 200 mil tienen menos de 10 has. c/u. Del otro lado, 6.900 familias-empresas poseen 49.7 % de la tierra. Es el gobierno –con sus contradicciones- quien aglutinó artificialmente esta variada gama de intereses, al incrementar injusta y torpemente las retenciones en forma global. Son sólo los productores a gran escala (grandes terratenientes, arrendatarios y pools sojeros) los que pueden convivir junto a las multinacionales.
Un conflicto que plantea falsas divisiones. El modo en que se ha venido procesando el conflicto agropecuario, no sólo ha dificultado su solución sino que amenaza con clausurar la posibilidad de acuerdo entre sectores sociales que siendo necesariamente parte de cualquier proyecto nacional, aparecen hoy indebidamente confrontados. En tal sentido, observamos que en la Argentina de la desindustrialización existe una burguesía media rural, con capacidad y potencia económica, que debe ser parte de cualquier acuerdo político que pretenda transformar la Argentina e incluso el propio rumbo que hoy exhibe el sector agropecuario.
Minoría golpista. En esta protesta se pudo visualizar con mayor nitidez, a partir de su participación en algunos cacerolazos y de ciertas cadenas de correos electrónicos y mensajes de texto, la existencia de grupos minoritarios y marginales con vocación “golpista”, cuyo principal desacuerdo con este gobierno es su política de derechos humanos y su reivindicación de una generación que dio la vida por un país justo y libre. Justamente, la nula adhesión que generaron evidencia que este conflicto nada tiene que ver con golpistas o destituyentes.
Más democracia. Compartimos la idea de la Presidente de que de esta situación se sale con más democracia, más instituciones. Pero para ello es imprescindible no clausurar el debate, abrirlo; no denostar al que protesta con calificativos que remiten a las peores tragedias del país; en fin, no echar más leña al fuego. Y entender que es en el debate público –y en el Congreso- donde se gestarán los consensos y se respaldarán las medidas necesarias para transformar este país. El voto no da un cheque en blanco y debe legitimarse con la acción cotidiana de gobierno. No cumplir con lo que se promete en campaña es intrínsicamente destituyente.
Cambio de estrategia. El reclamo de los pequeños y medianos productores, que –vale reiterarlo- va más allá del tema puntual de las retenciones, debe ser debidamente escuchado por los diputados y senadores nacionales. Sin falsas urgencias pero con premura. Es en el Congreso donde se tienen que gestar las soluciones a este dilatado e innecesario conflicto. En tal sentido, sería, temerario que los legisladores se limiten tanto a aprobar el proyecto tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo como a rechazarlo de plano. Es necesario explorar un camino que vaya más allá de la reducción escalonada de la alícuota de acuerdo al nivel de producción.
En caso de que ello no suceda, el reclamo debe canalizarse a través de métodos que no pongan en riesgo el abastecimiento normal de la población y que no terminen siendo funcionales a los intereses de los grandes grupos económicos.
Medidas. Durante el conflicto, más de 15 legisladores de diferentes bloques –incluidos kirchneristas- presentaron un Compromiso Parlamentario con una serie de medidas que dieran cuenta de las demandas planteadas. Compromiso que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que, sin embargo, ha sido ignorado en esta nueva instancia que se ha abierto. Por lo tanto, exhortamos a los legisladores a dar tratamiento a los proyectos presentados en esa iniciativa.
Propuesta. A fin de clarificar, nuestra propuesta se resume en los siguientes puntos:
1. Retenciones segmentadas y progresivas, de acuerdo a la tenencia de tierras y al total producido por cada productor (vía subsidios y alícuotas diferentes), y diferenciado por zona de producción.
2. Extensión y/o profundización del régimen de retenciones a los hidrocarburos, la gran minería y la explotación ictícola.
3. Cobrar impuesto a las ganancias a los pools de siembra y fideicomisos.
4. Ley de arrendamiento. Mayor plazo y obligatoriedad de diversidad de cultivos. Garantías del uso y tenencia de la tierra, de la función social de la propiedad, del concepto de colonización. Titularización de las tenencias irregulares. Reconocimiento de la tenencia de tierra a las poblaciones originarias, respetando su concepción sobre uso y tenencia de la misma.
5. Monopolio estatal del comercio exterior de granos y juntas nacionales de granos y de carnes, con «mesas de concertación» por producto agrícola.
6. Plan Agrario Nacional que dé respuesta a la problemática de la leche, la carne, los cereales y los cultivos regionales y elabore una política de promoción y defensa de la agricultura y ganadería familiar.
7. Sistema de créditos y subsidios para repoblar el campo y diversificar la producción.
8. Banco de semillas para recuperar y multiplicar la biodiversidad agrícola; poner fin a la depredación de bosques nativos e impulsar un gran plan forestal.
9. Profunda readecuación de organismos y entidades como el INTA, con generación de semillas, tipos y especies nacionales, con entregas gratuitas a productores, al servicio de la Nación.
10. Sanción de un nuevo esquema de coparticipación federal, para evitar que el interior siga siendo rehén de la “chequera” del gobierno nacional.
11. Creación de un Fondo Federal para Infraestructura y Desarrollo Provincial.
12. Eliminar el trabajo precario e ilegal, la desnutrición y la pobreza en la población rural, atendiendo la situación de los y las trabajadores/as rurales.
13. Impulso a la educación rural y cuidado integral de la salud; prohibición del uso de agroquímicos dañinos; registro de productores y de trabajadores rurales.
14. Reconstrucción del sistema ferroviario a efectos de que el transporte de cargas permita una reducción de costos para los pequeños y medianos productores.
15. Fin de la intervención del Indec a fin de volver a hacer creíbles las estadísticas públicas y poder realizar un censo agropecuario que de cuenta de la real situación del sector.
Aclaración. Previo a toda discusión, el gobierno nacional debe aclarar lo ocurre hoy en materia de retenciones, porque de acuerdo a datos disponibles, posterior a la resolución 125, las multinacionales cerealeras exportan soja con retenciones de 22%, mientras que los productores pagan una retención muy superior, por lo que se estima que la norma que ha regimentado el gobierno en mayo no sólo no se cumple, sino que está garantizando ganancias super extraordinarias al sector más concentrado.
Buenos Aires, 30 de junio de 2008