En una maniobra consistente en resucitar el inciso “c” del artículo 50 de un decreto Ley de la dictadura militar, se intenta proscribir la participación del Movimiento Proyecto Sur y Pino Solanas en la provincia de Buenos Aires.
Como es sabido, la participación del Movimiento Proyecto Sur liderado por Fernando Pino Solanas, debió soportar en su debut electoral en las elecciones de octubre de 2007, no pocos inconvenientes. Cantidad de candidatos eliminados de las listas, la mayoría de los cuales debieron ser reincorporados por la Justicia después de demostrar en términos legales que no correspondía su exclusión y una vigilia de varios de ellos, encabezados por Luis Brunati, quienes acamparon durante casi una semana, en los jardines de la Legislatura de la provincia.
Esto llevó a que el PSA, (Partido Socialista Auténtico), que es la herramienta legal de Proyecto Sur, fuera el último en tener aprobadas sus boletas y encarar con esa desventaja la tarea de su impresión y distribución. En otras palabras las boletas encabezadas por Fernando Pino Solanas, fueron en la provincia de Buenos Aires, las últimas en ser distribuidas.
Tener las boletas aprobadas por la justicia en último termino y ya vencidos los plazos es ya y de por sí una enorme desventaja para cualquier expresión política, pero mucho más para una fuerza que hace su primera experiencia política. A eso se debe agregar que en una enorme cantidad de lugares, (mas del 50%) no istritos no hubo boletas par botar a Solanas, hecho que fue denunciado oportunamente y comprobado por una inmensa masa de electores que pudieron comprobarlo en carne propia.
No es menos grave el hecho de que en numerosas mesas de Pino Solanas y el Partido Socialista Autentico no fueran contabilizados, hecho que quedó demostrado en numerosas urnas que luego de abiertas en el escrutinio definitivo realizado en La Plata, debieron contabilizar votos de Proyecto Sur donde antes directamente no figuraban.
Hay que destacar que problemas mediante, con solo 50 días campaña y un modesto presupuesto, Proyecto Sur logró instalarse como 5° fuerza nacional y 5° en la provincia de Buenos Aires con el 1,98% de los votos válidos emitidos, además de colocar a Claudio Lozano en una banca del Congreso de la Nación.
La situación actual
Hace escasos días, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, acusó a “Proyecto Sur de Pino Solanas” de haber impulsado los hechos de las estaciones Merlo y Castelar, que concluyeron en la destrucción de un valioso patrimonio publico. Este hecho fue denunciado como falso e irresponsable al día siguiente en sede del propio ministerio exigiendo que el ministro haga públicos los elementos en que se funda para realizar tal afirmación instando a que haga nombres, de a conocer peritajes y ponga todo a disposición de la Justicia. En el mismo sentido, Proyecto Sur a través de su apoderado Dr. Julio C. Raffo, al no haber recibido ninguna información oficial satisfactoria presentó una denuncia penal, contra el referido ministro.
A esos hechos se suma ahora, la situación de efectiva de proscripción del Partido Socialista Autentico, a partir de la aplicación del inciso “c” del artículo 50 de la Ley de Partidos Políticos de la dictadura.
Es necesario que la población sepa que en el año 2002, las Comisiones de Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras del Congreso Nacional, consideraron que el famoso inciso “c” no solo representaba trataba de un elemento residual de la Dictadura Militar, sino que resultaba claramente proscriptivo, antidemocrático, inconstitucional, discriminador, autoritario e irracional. Es necesario hacer saber a nuestro compatriotas que ambas resolvieron casi por unanimidad en contra de mantener este inciso y fue derogado por el artículo 5 de la Ley Nº 25.611, B.O. 4/7/2002.
Ante estos hechos Proyecto Sur llama a poner en marcha un reclamo activo, pacifico pero enérgico y concreto. Iniciamos así, acciones que han comenzado ha hacerse efectivas hasta que sean eliminado este impedimento que también afecta a otras fuerzas políticas menores.
Proyecto Sur
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2008.-