Estatización de las AFJP. Fin del sistema privado de jubilaciones.

Una decisión correcta frente a la incertidumbre y la desconfianza

Desde el punto de vista previsional, la decisión oficial de terminar con el régimen de AFJP es correcta y corona institucionalmente años de cuestionamiento social simbolizados, por ejemplo, en los 870 miércoles de los jubilados frente al Congreso.

 En primer lugar porque no hay posibilidad de construir un Sistema de Seguridad Social Público sin recuperar los $ 13.000 millones que hasta hoy reciben como aportes las Administradoras, y sin restituir las contribuciones patronales (son $9.900mill. exceptuando PYMES) que Cavallo redujera en razón de la Convertibilidad y que aún hoy no se han recuperado (sobre esto el proyecto oficial nada dice).

 En segundo término, el régimen de capitalización individual requiere para funcionar de ingresos promedio elevados y una extendida asalarización formal.

 Para una Argentina donde el ingreso promedio de los ocupados no supera los $1.400, y donde casi el 60% de la fuerza laboral se encuentra por fuera del mundo laboral formal, proponerle a un trabajador que acumule durante treinta años una renta que le permita un haber digno es francamente un disparate. En el mejor de los casos podría resolver la jubilación de unos pocos pero nunca la jubilación de todos.

 Ocurre que mantenerlo por esa exclusiva razón, supone desfinanciar el sistema público cuando es indispensable unificar recursos de manera solidaria para plantear un nuevo modelo previsional que se haga cargo del problema central que hoy tiene el sistema. Hay 15 millones de afiliados y solo 6 millones  aportan.

 Como dato adicional debe consignarse que la volatilidad financiera que ha sido característica del mundo global (aún antes de la presente crisis) le ha puesto límite a la expansión de sistemas como éste en el resto del mundo. De hecho, solo 13 países tienen hoy un régimen similar al argentino.

 Sin embargo, lo correcto de la decisión contrasta con su extemporaneidad (no es el resultado de un debate en el que hayamos definido a que modelo previsional vamos) y con un contexto donde el gobierno, en los últimos tiempos, solo trata de otorgar garantías a los acreedores de que va a pagar más deuda y de que va a usar todas las herramientas para ello (Club de París, Bonistas,  reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y del Nación para usar reservas y crédito público para pagar).

En este marco, son legítimas las dudas respecto a si estamos en presencia de un manotazo sobre los recursos previsionales ajeno al objetivo de mejorar la situación de los jubilados actuales y futuros. Por lo tanto, el debate parlamentario debe establecer taxativamente dos cuentas separadas. Por un lado los fondos de la Administración Nacional y por otro los de la Seguridad Social.

  En este contexto, el ANSES debe recobrar autonomía y autarquía, al tiempo que corresponde democratizar su conducción con la presencia en su Directorio de los aportantes y los beneficiarios (Trabajadores, Jubilados, Empresarios y Estado). En relación al impacto que esta medida tiene sobre el mercado de capitales caben hacer dos señalamientos.

Primero, resulta ilógico en una Argentina signada por la desigualdad y el desamparo cargar sobre las espaldas de los trabajadores y sus ahorros futuros la suerte de este mercado. Segundo, cabe consignar que al fracaso notorio de la capitalización como régimen previsional, debe agregarse que tampoco cumplió con las expectativas que en materia de mercado de capitales había despertado. Su cartera concentra casi un 60% en títulos públicos, unos $13.000 millones en acciones de empresas de primera línea y el financiamiento para las PYMES es absolutamente marginal.

Queda claro entonces que el problema de la acumulación de fondos para financiar el largo plazo y el desarrollo sigue pendiente y debe ser resuelto en el marco de una nueva relación (y nuevas regulaciones) entre el Estado y aquellos actores que concentran hoy el excedente económico.

Por último, la extemporaneidad de la medida (hasta hace unos meses cuando planteábamos esto en el debate sobre la movilidad y el presupuesto, el oficialismo nos miraba como marcianos) no deja en claro en que estrategia inscribe esta decisión el gobierno. Un cambio estructural de esta naturaleza no puede dilapidarse con una improvisada decisión de corto plazo. Requiere de consenso político y de una gestión institucional y económica consistente. No hacerlo, apostar a la sorpresa y acelerar el trámite legislativo, puede hundir una decisión correcta en el mar de la incertidumbre y de las desconfianzas.

Por Claudio Lozano – Dip. Nac. (Bs. As. Para Todos en Proyecto Sur)

Claudio Lozano, habla sobre el tema en una entrevista concedida a TN