“El déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires se ha ido incrementando incesantemente, hoy uno de cada siete habitantes se encuentra en emergencia habitacional. Más de 400.000 residentes capitalinos están en situación de precariedad extrema de vivienda y de condiciones de vida. Con modalidades diversas de albergue precario se encuentran en: edificios tomados, transformados en viviendas; hoteles y pensiones, con hacinamiento extremo de familias sin baños ni cocinas; villas miserias, barrios transitorios y numerosos ciudadanas/nos viviendo en la calle. A este dramático panorama habitacional, hay que incorporar las miles de familias que están sujetas a la resolución de juicios de desalojo por falta de pago, que hoy se encuentran en situación crítica y muy pronto estarán en absoluta emergencia. Los datos provenientes de una diversidad de fuentes primarias y secundarias, como censos y encuestas (INDEC, CMV) y estudios de campo (Facultad de Arquitectura UBA, Postrado Facultad de Psicología UBA), confirman que el déficit habitacional de la ciudad de Buenos Aires muestra cifras de catástrofe social. Si además se incorporan los indicadores de proyección del déficit por crecimiento vegetativo y por nuevos inmigrantes –aunque este ingreso migratorio se desaceleró en el último año-, presenta un panorama desalentador por el monto de necesidades insatisfechas. La inexistencia de políticas habitacionales para los sectores de escasos recursos de los anteriores y actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pone en evidencia la urgencia de líneas de acción. Aunque no hay censos específicos actualizados, se estima que más de 40.000 familias (150.000 habitantes) habitan en casas o edificios tomados, en situación de precariedad, con ámbitos de mínima habitabilidad, y que se ven agravadas por la amenaza constante de los juicios de desalojo en trámite. Muchos habitantes de escasos recursos, al no acceder a garantías, requisito indispensable para un contrato de alquiler, residen con toda su familia en habitaciones de hoteles y pensiones, con costos tan elevados que los lleva a una situación de alternancia entre la habitación de la pensión y períodos en la calle. Casi 100.000 personas padecen esta crítica situación, en la que también se encuentran los 9.000 residentes de hoteles financiados por el gobierno de la ciudad, conviviendo con el hacinamiento y el maltrato. El 5% de la población total de la ciudad de Buenos Aires vive en Villas Miseria, casi 100.000 habitantes registran las 18 villas censadas por la CMV (actual IVC), a los que debe incorporarse pobladores de más de 10 asentamientos precarios, como e localizado en la Costanera Sur, autodenominado “ Rodrigo Bueno/Costanera” donde se alojan 560 familias. Si a éstos datos se incorporan las familias o personas “sin techo”, que comparten el espacio público y las miles sujetas a juicios de desalojo por falta de pago en los alquileres, más del 14 % de la población total está en emergencia habitacional y otro 15 % en situación crítica en relación a su vivienda. El déficit habitacional es estructural y en la Ciudad afecta a más de 400.000 personas. Asimismo es necesario mencionar las más de 36.000 familias inscriptas en el IVC (antes CMV) que requieren de una solución habitacional. Esto demuestra la emergencia inédita que en materia de vivienda existe actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, y que sigue siendo una de las demandas sociales más sentidas de un amplio sector de la población. En este sentido, reconociendo la profundidad y complejidad de la problemática y el estado de colapso en materia de vivienda para sectores en situación de pobreza crítica, es importante diferenciar los frentes de ataque a la emergencia habitacional, con implementación de medidas para la urgencia, y otras para el corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, el fundamento jurídico del presente proyecto, está vinculado íntimamente con la plena vigencia de los DD.HH., el derecho a acceder a una vivienda digna, reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución de la Nación y el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, reconocido asimismo por Tratados Internacionales de jerarquía constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 75 inc. 22 y en particular, el Art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No se puede pensar en un desarrollo social sustentable, mientras persistan los niveles actuales de ciudadanos en emergencia habitacional extrema, considerando que el acceso a una vivienda digna es el primer paso para que se constituya un marco de salubridad, seguridad, continencia y un real estatuto de ciudadanía. La falta de vivienda atenta contra la posibilidad de acceder a mínimos niveles de salud física y mental, por lo tanto, al pleno disfrute del derecho a la dignidad humana. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se proclama que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. En el mismo sentido se expresa el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por otra parte, la ejecución de desalojos forzosos es violatoria de la normativa internacional en materia de derechos humanos y contraria al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Inclusive, esta posición fue sostenida en el informe realizado por la Secretaría General en el 49º período de sesiones de las Naciones Unidas, como así también en diversas resoluciones de la Subcomisión de la Comisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social del mismo Organismo Internacional del 2 de julio de 1997 ( E/CN.4/sub. 2/1997/7). En definitiva, los desalojos forzosos deberían excluirse de nuestra legislación cuando dejaran a seres humanos sin hogar, situación que además los hace vulnerables a otras violaciones de los derechos humanos.” Con estos fundamentos, se votó el 29 de Julio de 2004 la Ley 1408 que establece el estado de Emergencia Habitacional en la ciudad. Cabe destacar que el entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra, veto dos importantes artículos y nunca reglamentó Ley 1408 redactada y presentada por el Dip. Daniel Betti, impidiendo de esta manera, avanzar hacia un primer frente de ataque al déficit habitacional, lo que hubiera significado un logro histórico en el camino de dar respuesta a la pobreza crítica y sobre todo a los sectores más vulnerables de la ciudad. Además de profundizar el debate hacia la elaboración de una “Ley de Vivienda” que regule las futuras políticas en esta materia, en el ámbito de la CABA. VETO DE MACRI A LA LEY DE EMERGENCIA HABITACIONAL Si bien no se han realizado censos específicos que permitan actualizar el mapa social de la pobreza en la ciudad, sabemos que la inexistencia histórica de políticas que apunten a una distribución más justa de la riqueza, hace que se incrementen las carencias y en particular el déficit habitacional, alcanzando el carácter de catástrofe social. En este marco, reconociendo la profundidad y complejidad de la problemática y el estado de colapso en materia de vivienda para sectores en situación de pobreza crítica, la legislatura porteña voto en el mes de Diciembre una actualización de la Ley 1408, haciendo algunas modificaciones, pero esencialmente reestableciendo los puntos vetados en aquella ocasión por Aníbal Ibarra, decretando nuevamente la Emergencia Habitacional y posibilitando al ejecutivo, dar respuesta al creciente número de familias sin techo producto de los desalojos o la indignante precariedad de villas, edificios tomados, hoteles y nuevos asentamientos. Hace una semana se hizo público el veto de Macri a la propuesta legislativa. Así, una vez más, esta herramienta que posibilitaría al Estado tener un marco regulatorio para intervenir en la urgencia, no puede implementarse, ya que, ayer Ibarra y hoy Macri impidieron la aplicación de políticas públicas que enfrenten a las inequidades sociales y en particular el de la vivienda. VILLA 31 DE RETIRO En 1989, La Facultad de Arquitectura de la UBA, elaboró conjuntamente con los vecinos un proyecto de viviendas para las 1.144 familias censadas para ese año. Y a través de una movilización consiguieron la ordenanza 1001 que otorgaba las tierras en Retiro para su construcción. Pasaron muchos años y los distintos gobiernos porteños nunca construyeron lo prometido, sino que aplicaron desde la “topadora” de Domínguez hasta el “soborno” de los u$s 12.000 para que regresen a su lugar de origen, y terminar con la villa. Pero las necesidades habitacionales y el ingenio de sus habitantes hicieron que la villa siga creciendo, y surgió la 31 Bis, y hoy se estima que hay aproximadamente 7.000 familias. En el año 2004 La Facultad de Arquitectura de la UBA elaboró un nuevo proyecto para la villa 31, en este caso, aprovechando el parque construido y desarrollando áreas comunes, calles, infraestructura, centros culturales, posibilitando de esta manera una verdadera integración urbana y una solución definitiva. Este proyecto que fuera desarrollado por el equipo dirigido por el arq. Javier Fernández Castro, fue reconocido por la legislatura porteña como de “interés de la ciudad”, a través del proyecto presentado en ese año por Daniel Betti. Aunque el proyecto fue actualizado y es defendido por la mayoría de los vecinos, la legislatura ha perdido “su interés”, y el ejecutivo que nunca lo tuvo, se enmascara en un falso debate con el gobierno nacional, mostrando en ambos una política de segregación y marginación a los sectores populares. HACIA UNA POLÍTICA DE VIVIENDA El crecimiento poblacional de las áreas metropolitanas o de grandes ciudades, por efectos de migración interna o externa, los perfiles de desigualdad con las brechas sociales que se manifiestan en la exclusión o deterioro de las condiciones de vida y la inexistencia de políticas de vivienda integrales y de largo alcance, son determinantes de los elevados índices del déficit, siendo su cara visible, el gran número de familias en estado de emergencia habitacional. La ciudad de Buenos Aires muestra en los últimos 100 años la profundización incesante de este problema. Ya en 1907 la “huelga de inquilinos” en una protesta multitudinaria de 120.000 habitantes de conventillos e inquilinatos, mostraba la situación critica en que cohabitaban las familias. Hoy el panorama no es más alentador, el déficit habitacional se ha ido incrementando incesantemente. El crecimiento constante de las Villas Miseria, -ahora con la modalidad de la altura-, el surgimiento de nuevos asentamientos, visibles en toda la ciudad, familias completas albergando bajo las autopistas producto de los desalojos, se suman como cara visible, al número cada vez mayor de los “sin techo” buscando pasar la noche en algún zaguán. Las colas de los sábados guiadas por inmobiliarias frente a departamentos con alquileres abusivos, o los miles que por atraso en los pagos están sujetos a juicios de desalojo, son algunas de las escenas que muestran también a sectores de clase media influenciada por el déficit de vivienda. Por otro lado, miles de metros cuadrados se han construido en los últimos años. El mercado inmobiliario creció como nunca en la ciudad. Puerto Madero, Palermo, Barrios Cerrados y Countrys con sus viviendas para ricos, signaron el auge de la construcción y por consiguiente la Buenos Aires más desigual de toda su historia. La inexistencia de políticas habitacionales, pone en evidencia la urgencia de líneas de acción, que desde el Estado abarquen toda la problemática de la vivienda. Contemplando a los sectores más humildes carentes de techo, hasta los sectores de clase media que no tienen acceso a la vivienda propia y son victima de los elevados alquileres y la especulación inmobiliaria. La complejidad de la temática, exige la implementación de políticas para la urgencia, y otras para el corto, mediano y largo alcance. Sólo a modo de ejemplo, el reciclado rápido de inmuebles de la ciudad para transformarlos en viviendas transitorias dignas y la constitución de un banco de tierras e inmuebles para que el valor de los terrenos para vivienda social queden protegidos de la especulación del mercado, podrían conformar algunas medidas. Pero tal vez, una de las experiencias más importantes es la construcción de conjuntos habitacionales colectivos con financiamiento a través de la Ley 341, que posibilita a los organizaciones sociales abordar los emprendimientos en forma autogestiva. Esta forma que además de viviendas permite una construcción social, fue sistemáticamente resistida y boicoteada por los gobiernos porteños. El financiamiento de la autogestión para la vivienda debe ser una de las políticas centrales en torno a la solución del déficit habitacional. Así, el financiamiento para la construcción de viviendas colectivas por autogestión, asistidas por equipos interdisciplinarios. La construcción de viviendas con valores protegidos del mercado y créditos a largo plazo con cuotas e intereses de acuerdo a los ingresos, pudrían ser apenas algunos ejemplos de una política habitacional que se enmarque en una distribución de la riqueza con mayor equidad. Pero el déficit habitacional no se soluciona sólo construyendo unidades de vivienda, muchos asentamientos y villas aportan un parque construido importante. Verificando la estabilidad de su construcción e incorporando en algunas viviendas núcleos húmedos de baños y cocinas, para las unidades, Y fundamentalmente infraestructura (agua, cloacas, calles, electricidad, gas, teléfonos, etc.) y equipamientos (escuelas, dispensarios, centros culturales, espacios comunes, etc.) para el conjunto, seguramente se posibilitará una verdadera urbanización e integración con la ciudad. Para que las políticas habitacionales no dependan del gobierno de turno, y la “no política” de vivienda marquen la desigualdad y exclusión para los sectores populares. Es necesario abrir el debate para la construcción colectiva de una “Ley de vivienda”, que además se comporte como herramienta de lucha para aquellos que pretenden que el derecho a la ciudad y a una vivienda digna sea para todos y no para unos pocos. “No se puede pensar en un desarrollo social sustentable, mientras persistan los niveles actuales de ciudadanos en emergencia habitacional extrema, considerando que el acceso a una vivienda digna es el primer paso para que se constituya un marco de salubridad, seguridad, continencia y un real estatuto de ciudadanía. La falta de vivienda atenta contra la posibilidad de acceder a mínimos niveles de salud física y mental, por lo tanto, al pleno disfrute del derecho a la dignidad humana.” Arq. Daniel Betti Diputado (MC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
