Fijamos posición y votamos en consecuencia en el Congreso. El apuro kirchnerista subordina la lógica de las instituciones a la especulación electoral y también subordina la suerte de los argentinos a la suerte de sus dirigentes. Una vez electos los nuevos diputados, tardarán 6 meses en asumir.
Discurso de Claudio Lozano. Señor presidente: en primer lugar explicitaré la posición del bloque de Proyecto Sur y luego haré dos reflexiones, una sobre lo que entendemos que plantea lo que hoy estamos haciendo para la relación entre el sistema político institucional y la sociedad, y otra respecto de algunos datos objetivos del contexto que resultaría si se aprobara este proyecto, que van más allá de la intencionalidad que cada uno pueda esgrimir y que creo que deben ser tomados en cuenta.
Respecto de nuestra posición hago mías las palabras de los señores diputados Emilio García Méndez y Carlos Raimundi. Nosotros también vamos a abstenernos en la votación de este proyecto. El fundamento de esta postura es que entendemos que desde el punto de vista de la alteración de las reglas de juego lo que hoy estamos discutiendo es en gran medida un verdadero mamarracho institucional. Es un mamarracho que subordina la lógica de las instituciones a la especulación electoral y que también subordina la suerte de los argentinos a la suerte de sus dirigentes. Pero es un mamarracho que, por lo menos desde nuestro punto de vista –en esto queremos ser muy claros , no involucra solamente al oficialismo a nivel nacional. En realidad, más allá de la hojarasca discursiva las verdaderas razones que explican la decisión del adelanto de las elecciones nacionales no son muy distintas a aquellas por las cuales se produjo el desdoblamiento abrupto, por ejemplo, de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires.
Quiero ser claro también en esto: no es que yo esté desconociendo la existencia de facultades para que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires establezca la fecha; lo que quiero decir es que si fuera por ser serios respecto del cumplimiento de la Constitución, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es elocuente al expresar la conveniencia de las elecciones desdobladas y la necesidad de que esas elecciones involucren no sólo cargos legislativos sino también en el orden comunal.
Sin embargo, en lugar de que los porteños supiéramos hace tiempo que teníamos elecciones desdobladas tuvimos que esperar meses de especulación electoral hasta que quien terminó resolviendo esto fuera el encuestólogo de turno Durán Barba. Es decir, la lógica institucional es puesta al servicio de una especulación electoral e incumpliendo una vez más, como los gobiernos anteriores en la Ciudad, por la ausencia de la elección de comunas.
Con esto quiero decir que este tipo de práctica no involucra exclusivamente a la estrategia del oficialismo nacional. En ese sentido, la preocupación que tenemos es que pareciera que estamos brindando la imagen de una corporación política que lejos de estar discutiendo una agenda de prioridades de la sociedad frente a la crisis, está discutiendo cómo escapa de los efectos negativos que la crisis puede producir sobre los oficialismos en cada uno de los lugares.
Por eso es que no nos sentimos contenidos ni en la opción del sí respaldando esto que nos parece inadecuado, ni tampoco en una opción negativa que vemos cargada de cierta cuota de oportunismo, porque la verdad es que la práctica que ambos tienen es exactamente la misma.
El segundo punto que quería decir es esta pequeña reflexión sobre la cuestión que implica discutir estas cosas para la relación entre el sistema político y la sociedad.
En verdad la sensación que tenemos es que este tipo de debates aleja a la sociedad del sistema político. Los otros días veía una encuesta, y más allá de los límites que todos sabemos que toda encuesta tiene, advertía que había votaciones divididas respecto de quienes fueron encuestados en cuanto a la conveniencia de Junio o de Octubre. Sin embargo, no había discusión entre los encuestados para mostrar una mayoría elocuente, ya que sostenían que, tanto en junio como en octubre, ninguna de esas dos fechas les alteraba su vida cotidiana.
No se trata de un tema menor: que la elección no tenga nada que ver con la alteración de la vida cotidiana supone la expresión manifiesta de un grado de distancia que sería conveniente desandar para dar sentido al debate político en la Argentina.
En verdad esto tiene que ver efectivamente, como recién decía un señor diputado preopinante para justificar su voto a favor, con que ciertamente deberíamos estar discutiendo qué opciones tenemos frente a la crisis. Pero no es eso lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo el adelanto electoral. No estamos discutiendo las opciones frente a la crisis. No estamos discutiendo si es correcto haber planteado tarifazos que han despertado una situación de conflicto abierto en parte importante de la población del conurbano. No estamos discutiendo cómo llegamos con políticas específicas sobre la infantilización de la pobreza o sobre la población más vulnerable. Tampoco estamos discutiendo un seguro de empleo y formación para quienes están en situación de desempleo. No estamos discutiendo la prohibición de los despidos en las empresas más importantes del país. No estamos discutiendo el control sobre los fondos del ANSES, fondos que hoy están siendo utilizados de manera ilegal sin control alguno, cuando podrían ser asignados en favor de un nuevo sistema previsional que garantice la movilidad y los haberes correspondientes a los jubilados y no el aumento miserable de dos pesos por día que se les dio recientemente.
En ese contexto, estas cosas son las que tendríamos que estar discutiendo. El tratamiento diferencial que merecen tener las unidades de menor tamaño, tanto a nivel urbano como rural, para evitar los efectos de mayor concentración que toda crisis tiene, más las urgencias estructurales que tienen que ver con el saqueo del petróleo, la minería y de tantas cosas que sería urgente discutir para replantear nuestra situación actual. Deberíamos discutir qué opciones tenemos frente a la crisis, y sin embargo, estamos discutiendo el adelanto electoral.
Si estuviéramos discutiendo opciones sería razonable el debate del Parlamento. A buena parte de la sociedad le interesaría y además, si no alcanzara con el Parlamento, yo podría incluso entender el planteo plebiscitario que hace el gobierno nacional de poner al pueblo por detrás de una estrategia política que implique afrontar la crisis para que no la paguen los de siempre.
Ocurre que no es esto lo que estamos discutiendo: estamos discutiendo un adelanto electoral que tiene como única excusa buscar un nuevo cheque en blanco, o el revoleo de la crisis de gobernabilidad al conjunto de la sociedad.
Ese es el punto donde esta cuestión no cuaja y no tiene sentido. No tiene sentido acompañarla y resulta mentirosa la argumentación oficial que pretende decir que por esta vía fortalecemos nuestra capacidad para afrontar la crisis. Aquí cobra valor el tercer punto que quiero plantear en relación al contexto del que no podremos escapar, más allá de la intencionalidad o de las razones que se esgriman verbalmente.
Se deben considerar dos datos en materia económica y uno en el plano institucional. El primero se vincula con las cuentas públicas nacionales. Si uno observa la recaudación y la proyecta hacia el total del año, el anuncio de los 53 mil millones de pesos de obra pública, hecho por la presidenta de la Nación para este año, no tendría posibilidades de concretarse.
En realidad, si la obra pública se realizara, implicaría que tendríamos un rojo en las cuentas públicas de 34 mil millones de pesos. Si observáramos el agregado de las provincias en el año 2007, encontraríamos un rojo de 500 millones, mientras que en 2008 el déficit fue de 1.800 millones de pesos. Pero la previsión para este año es de un déficit de 13 mil millones de pesos para el agregado provincial.
Esto significa que no hay plata para hacer lo que se dice que se va a hacer este año. Entonces, si no la hay, el segundo semestre, salvo que haya rectificaciones, requerirá objetivamente de un ajuste fiscal.
En segundo lugar, los dólares que dispone la Argentina -para afrontar lo que necesita para funcionar y enfrentar la fuga de capitales que está soportando- tampoco alcanzan. En consecuencia, el segundo semestre será de ajuste y devaluación. El ajuste fiscal y la devaluación implicarán un mayor sufrimiento para extensos sectores de la población argentina.
Un tercer punto reside en que si se cumple con lo que se plantea (adelantamiento de las elecciones nacionales), ocurrirá lo siguiente. Por un lado, se blanqueará la debilidad del Poder Ejecutivo al exhibirse que ya no cuenta con el respaldo que la Presidenta había obtenido en el 2007 y, tampoco, con el respaldo legislativo obtenido en las elecciones del 2005. Por otro, los nuevos legisladores no asumirán hasta Diciembre consumando el debilitamiento del parlamento. Más allá de las expectativas oficiales, el resultado objetivo de esta decisión lejos de fortalecer, debilita al sistema institucional en su conjunto. Lo hace por lo tanto más permeable a las tendencias que buscan más ajuste y regresividad social. Un cuadro que le abre la puerta al poder económico para descargar la crisis sobre los más débiles.