Exposición de nuestro Diputado Claudio Lozano en ocasión de la compra de la empresa Lokheed
A nuestra fuerza, o para quien, como yo, integra la Asociación de Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores de los Argentinos, organizaciones que tienen que ver, expresan o representan a los trabajadores del Área Material Córdoba y de la fábrica de aviones, los que se han opuesto desde un comienzo a lo que fue la devastadora privatización de este sector del Estado argentino, la verdad es que este tipo de propuestas nos plantea algunos inconvenientes. Por un lado, porque estamos totalmente de acuerdo. Compartimos los objetivos enunciados en términos de desarrollo industrial, científico y tecnológico planteados por el señor miembro informante de la Comisión de Industria, porque sabemos que hay que revertir lo que fue claramente un proyecto tapón planteado desde los Estados Unidos para destruir la capacidad potencial de la Argentina como mecanismo resultante de la derrota de Malvinas.
Pero en verdad, cuando querríamos estar celebrando -de hecho, nuestros compañeros participaron activamente en la presentación de ese objetivo que la señora presidenta de la Nación hizo en marzo de este año, que implica la recuperación en manos estatales del Área Material Córdoba- nos encontramos con un articulado que no nos deja muy satisfechos. Nos plantea un procedimiento inadecuado para desarrollar esta recuperación del patrimonio público y poner en marcha un área que merece todos los apoyos en términos de lo que abre como perspectiva de desarrollo científico y tecnológico. El articulado nos resulta prácticamente inconcebible.
En primer lugar, uno debería decir que con esta iniciativa estamos supuestamente ejerciendo una opción de compra establecida en un contrato que desconocemos. Los fundamentos del proyecto dicen que el balance presentado por la empresa arroja un patrimonio neto de alrededor de 67 millones de pesos. Se dice que este balance deberá ser auditado, aunque la Auditoría aún no tiene información sobre este punto, y además en ninguna parte del articulado consta la obligatoriedad de que la Auditoría haga lo que tiene que hacer.
Para aclarar esto un poco más, cuando uno observa el balance de la empresa, efectivamente el resultado del patrimonio neto da estos 67 millones de pesos, pero como resultado de una deuda, de un pasivo, que es de 210 millones de pesos y, en segundo lugar, de un activo que en realidad se logra, entre otras cosas, declarando que el Estado nacional –por contratos que desconocemos y que no sabemos si se han cumplido? debe aportar 102 millones de pesos más para que ese patrimonio neto exista. De lo contrario, si no figuraran los créditos por ventas donde el Estado nacional debe poner 100 millones de pesos adicionales, el patrimonio neto de esta empresa sería negativo, y por lo tanto no tendríamos que pagar absolutamente nada.
Si uno hace las cuentas y suma los 67 millones de pesos que se dice que hay que pagar, los 210 millones en concepto de deuda y los 100 millones que debe aportar el Estado nacional, obtenemos un total de 380 millones, que es la suma que estamos discutiendo aquí.
Se dice que todo esto es para evitar denuncias y concurrencias ante el CIADI por parte de la empresa, pero la verdad es que no se observa y carecemos de información acerca de una revisión adecuada de los contratos que efectivamente nos permita cuestionar a la empresa por todos sus incumplimientos.
Es más: el propio Ministerio de Defensa dice que es muy difícil evaluar lo que la empresa ha hecho o dejado de hacer, porque lo que nos dicen respecto de los contratos es: total de dinero a abonar y horas?hombre trabajadas. Eso es lo que tenemos, y en el último ni siquiera nos informan acerca de las horas?hombre.
Por lo tanto, nos cuesta acompañar esta iniciativa en estos términos. Nuestros propios trabajadores son muy elocuentes al identificar y denunciar las maniobras de vaciamiento que fueron resultado de una intervención geopolítica de carácter imperial destinada a construir un proyecto tapón para generar un costo sobre la Argentina en función de la derrota de Malvinas. Lo que hubo aquí por parte de la Lockheed fue una decisión política de discontinuar líneas de producción que estaban orientadas a fabricar aviones con componentes nacionales, que desarticularon encadenamientos internos. En realidad, todo el proceso de abastecimiento que teóricamente hizo la empresa, lo hizo sin poner un solo peso. Esto se ve a las claras cuando advertimos que antes había 5.200 trabajadores y ahora no llegan a mil.
Entonces, aquí hay algunas cosas que no funcionan y que habría que ver un poco más en detalle.
Para resumir: estamos ejerciendo una opción de compra en base a un contrato que desconocemos. Se esgrime la intervención de la Auditoría sin que ello esté planteado en la iniciativa.
Se llega al patrimonio neto a partir de contabilizar un pago del Estado nacional que nadie sabe si corresponde realizar. Si el pago no estuviese, el patrimonio neto sería negativo. En consecuencia, esto se parece mucho a la versión original del caso Aerolíneas Argentinas, pero sin las correcciones que el Parlamento supo introducir en el dictamen final.
Aquí no figura ni la tasación del Tribunal de Tasación ni la intervención expresa de la Auditoría ni la revisión contractual ni el precio final, que tendría que ser evaluado por el Parlamento. Es decir que no existe el conjunto de reaseguros que estaban en el caso de Aerolíneas y que se tuvieron en cuenta durante el debate.
Aquí se ha tomado una decisión política importantísima, que debería contar con el máximo nivel de consenso. No debería quedar empañada por un procedimiento de esta naturaleza. Me gustaría que en el tratamiento en particular la iniciativa se mejore sustancialmente. Si no estuviésemos en capacidad de hacerlo, preferiría que se apruebe en general y se gire a la comisión para que lo revise en particular, a fin de que el proyecto vuelva transformado. No deberíamos dejar de tomar esta decisión política, pero hacerlo así me parece que termina empañando una decisión que todos debiéramos festejar.