Se ha permitido el desarrollo de operaciones informales y expresamente prohibidas por la Constitución, pero amparadas por funcionarios de alto nivel. Se reedita así una de las peores prácticas de las que los argentinos tengamos memoria.
Por: Alberto Binder*
El sistema de inteligencia es tan necesario como peligroso. Una herramienta que debe ser administrada con suma responsabilidad por parte de los funcionarios públicos, que no pueden olvidar los daños que han causado su descontrol y el abuso de sus estructuras y herramientas, en especial para el Terrorismo de Estado.
Nuestra realidad muestra un nivel de irresponsabilidad, desidia y abuso que ya son alarmantes e inadmisibles. La Ley Nacional de Inteligencia (25.520) es clara en este aspecto: «Queda prohibida la creación, conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquiera de sus etapas asignadas por la presente ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional» (Art. 11).
Lo que prohíbe la ley es, precisamente, lo que se ha hecho en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y la misma forma de operar es la que se está investigando en la Justicia Federal de San Isidro, a raíz de múltiples intervenciones ilegales en teléfonos y correos electrónicos. Allí también se encuentran investigados «operadores libres» que mantienen contratos «formales» en instituciones públicas, al igual que el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Es una práctica que viene siendo admitida y que reclama una investigación integral.
Las quejas de funcionarios que saben muy bien de qué están hablando porque prohijaron este descontrol, las denuncias de jueces de la Corte Suprema, el carácter público de maniobras hasta burdas sobre opositores políticos y las propias quejas que se escuchan de funcionarios de diversos niveles dan cuenta de que se ha instalado en el país un sistema de funcionamiento ilegal del servicio de inteligencia, que promueve operadores más o menos independientes para operaciones prohibidas expresamente por la ley.
No podemos darnos el lujo de superficializar este problema, creyendo que sólo se trata de internas entre sectores de inteligencia o entre ellos y la Policía Federal o entre ambos y sectores del gobierno.
Sólo la miopía y la irresponsabilidad manifiesta de quienes viven en un mundo de permanentes intrigas pueden hacer creer que se trata de jugarretas de poca monta: lo que está atrás es la reconstrucción del Estado Policial que nunca pudimos desarticular y la creación de una nueva «autonomía» de sectores policiales (en particular la «federal» y de inteligencia) con capacidad de jugar el juego de las mafias que jaquean a nuestra democracia.
A todo ello debemos sumarle la inoperancia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia creada precisamente con la finalidad de «fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional» (Art. 32), con facultades incluso de controlar los «gastos reservados» sobre los que penden tantas sospechas (entre otras, por la vieja historia del pago de sobresueldos, que todavía anda dando vueltas por los tribunales sin rumbo claro).
Tratar de obtener información sobre este Comisión es casi imposible. Incluso se nos llegó a informar que ¡el día de reunión era secreto! y en la página del Senado o de Diputados no hay información de ningún tipo. ¿Se reunirá., cumplirá alguna función efectiva de control? Preguntas pendientes.
Nuestro sistema de inteligencia se encuentra sin control institucional y se ha permitido el crecimiento y desarrollo de operaciones informales expresamente prohibidas y amparadas por funcionarios de alto nivel. Las nuevas tecnologías y su escaso costo hacen que todo gobernador quiera tener su propio sistema de inteligencia, por supuesto sin formalidades y en la más completa oscuridad.
Para algunos será el juego perverso de las pequeñas intrigas y «camas» de los operadores políticos que hoy son habituales en la vida institucional, pero para el conjunto de los ciudadanos significa haber desatado una de las peores prácticas de las que tenemos memoria.
Urge dejar de jugar con el fuego que ya nos ha quemado.
PRESIDENTE DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD Y DEMOCRACIA.