Por Félix Herrero (para Infosur).
Con la explotación descomunal de los recursos pesqueros argentinos, ayer y ahora, y con la actual intención de abarcar también la extracción de los hidrocarburos (recurso agotable), Gran Bretaña sigue con la expoliación de los recursos naturales argentinos y sudamericanos.
3-Jun-2010 | El gobierno menemkirchnerista, que se caracteriza por mantener la política de saqueo de los recursos petroleros a través de prórrogas continuas e ilimitadas de las concesiones de explotación de nuestras riquezas del subsuelo, petróleo, gas y minerales, hasta que se agoten, suele dictar normas con la intención de circunscribirlas al ámbito mediático. El 4 de abril de 2007 la secretaría de Energía publicó la muy correcta Resolución 407, de la cual hoy parece arrepentirse, al recibir críticas, que no se hacen conocer, de parte del propio Poder Ejecutivo, ¡no vaya a ser que alguien (no los ingleses) se la tome en serio y pida su aplicación!
El también muy apropiado Decreto 256 dictado en este año 2010, exigiendo la autorización expresa de las autoridades para realizar la travesía entre las Islas y nuestros puertos, nada tiene que ver con la Resolución 407, hoy en desuso por voluntad de los gobernantes nacionales.
La mencionada Resolución 407 dispone que las empresas que exploren o hayan explotado anteriormente en el Mar Argentino lindante con las Islas Malvinas sin tener permiso de las autoridades nacionales quedan excluidas de los registros de empresas a las que se permite trabajar en el territorio y mar argentinos, bajo el ejercicio tutelar de nuestro país.
Así, las empresas petroleras Shell (que exploró en el año 1998), British Petroleum (o sea BP y su socia mayoritaria PanAmerican Energy) y Repsol, si se aplicara la Ley como corresponde, deberían haber suspendido sus actividades en nuestro país.
En este sentido, el de recordar a los gobernantes a cargo del Estado nacional su obligación de cumplir con las normas vigentes, Pino Solanas en su papel de presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados presentó un proyecto donde se extiende la prohibición a otros sectores, más allá de las empresas hidrocaburíferas, incluidas las actividades comerciales, industriales, y a cualquier otro sector de actividad.
De acuerdo con este proyecto de Ley, con dictamen de mayoría en dicha Comisión, y ahora en tratamiento en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Asuntos Marítimos, además de Shell, BP y Repsol (BP tiene el 5,9% y Repsol el 3,53% de la firma Blackrock, propietaria de la exploradora Rockhopper), serían alcanzadas las siguientes empresas:
La mayor minera del mundo BHP Billiton, ahora convertida también en petrolera, las financieras HSBC, Banco Santander y Barclays, esta última elegida por el gobierno argentino y su ministro de Economía para renegociar con los bonistas europeos, y la Telefónica, que también posee un 3% de la empresa Blackrock.
Las normas legales se hacen para ejecutarlas, no para darlas a conocer por motivos interesados sin intención de realizarlas.