«Con este dictamen se da a la sociedad un mensaje de transparencia acerca de la administración de justicia», manifestó la diputada nacional de Proyecto Sur Alcira Argumedo, al cierre de la reunión conjunta de comisiones de donde salió el dictamen que posibilita a la «reforma del Consejo de la Magistratura» ser tratada en Diputados en la próxima sesión ordinaria.
Luego del acuerdo de la semana pasada, en donde el resto de los bloques contrarios al Gobierno aceptaron los pedidos de modificación del Interbloque Proyecto Sur, se firmó el dictamen para reformar el Consejo de la Magistratura en una reunión conjunta de las Comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos. El Interbloque liderado por el diputado nacional Fernando «Pino» Solanas logró unificar las posturas de los bloques opositores, con la gestión de las diputadas Alcira Argumedo y Liliana Parada.
Con este dictamen, se logró un proyecto que modifica la conformación del Consejo y consigue quitarle al oficialismo la mayoría para nombrar, sancionar magistrados y se accede a reducir las facultades del presidente de la Corte Suprema dentro del Consejo de la Magistratura.
Argumedo calificó la reforma como «una propuesta que aporta a la democratización de las instituciones», y enumeró algunos elementos que contiene el dictamen, como por ejemplo, «un control colectivo del presupuesto del Poder Judicial, los secretarios van a ser designados por consejo público, existiría un control público online (salvo secreto de sumario), donde cualquier ciudadano pueda enterarse del proceso de cada causa, y la incorporación de auditorías semestrales, sorteando jurados y cámaras a ser auditados».
Otro de los puntos sobresalientes del dictamen es la incorporación de sectores que no sean exclusivamente del Derecho: La existencia de un comité consultivo compuesto por organismos de la sociedad civil, con una mirada sobre el Consejo de la Magistratura constituye un puente para hacerle conocer cuáles son las preocupaciones. «Se ha dado un paso adelante, esto es un mensaje de transparencia a la sociedad acerca de la administración de justicia; las leyes no caen del cielo, hay factores sociales y culturales», finalizó Argumedo.