En el marco del debate legislativo sobre la movilidad jubilatoria, el diputado Claudio Lozano sostiene que: «recomponer los haberes jubilatorios cumpliendo con los fallos de la Corte Suprema de Justicia en la materia y garantizar un haber mínimo equivalente al 82% móvil del salario mínimo vigente, requiere un financiamiento para poder llevarse a cabo de $ 32.000 millones. Este es el costo bruto de decisiones que serían imprescindibles hoy para resolver la urgencia social que plantea el hecho de tener 7 de cada 10 abuelos ganando 895 pesos cuando la canasta necesaria de su consumo no baja de los 2.000 pesos.
Es evidente que invertir en haberes jubilatorios va a plantear como resultado un mayor gasto en consumo y por esta vía se va a incrementar la recaudación impositiva en números aproximados a los $ 6.400 millones. Por lo tanto, el costo neto de las medidas planteadas está en el orden de los $ 25.000 millones. Si se restituyen las contribuciones patronales a los niveles que tenían en el año 1993 (momento en que fueran reducidas a la mitad por Domingo Cavallo), aún exceptuando las pequeñas y medianas empresas, aumentaríamos el financiamiento del sistema previsional en unos $ 17.000 millones. Si además reorganizáramos la institución ANSES transformándola en autónoma del Poder Ejecutivo, dispondríamos de un superávit financiero para este año superior a los $ 8.000 millones y de un stock de inversiones que superaría los $ 150.000 millones.
Por lo tanto, retornar a los niveles que corresponde a los haberes jubilatorios y garantizar un haber mínimo de $ 1.230, hoy es absolutamente factible.
Las declaraciones del ex-Presidente y actual Diputado Néstor Kirchner señalando que estas definiciones implicaban un costo superior a los $ 140.000 millones, constituye un acto de terrorismo verbal que por vía del temor pretende mantener un presente absolutamente injusto que en la práctica va conformando un modelo previsional que solo paga pensiones para pobres.
La propuesta parlamentaria que impulsa el Interbloque Movimiento Proyecto Sur está garantizada en su financiamiento y tiene como norte completar el paso dado al estatizar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y que consiste en ir a fondo en la construcción de un nuevo sistema previsional para nuestro país.