Con un ministerio de Trabajo que no garantiza la libertad sindical, un accionar policial que libera zonas y grupos empresarios cómplices en tanto buscan evitar la organización de los trabajadores, con patotas y empresas regenteadas por supuestos dirigentes gremiales, el Gobierno mira para otro lado. Esto es lo que pasa todos los días en la Argentina, la diferencia es que ayer -esto- se nos llevó una nueva vida.
Lo de Mariano Ferreyra es intolerable.
– En la Argentina que tenemos el Ministerio de Trabajo no garantiza ni la libertad ni la democracia sindical. Tenemos patotas que dicen representar trabajadores y que, siendo funcionales a los intereses empresarios, están a cargo de reprimir la decisión de los trabajadores de cuestionar la sobreexplotación laboral.
– En la Argentina hay empresas que terciarizan trabajadores eludiendo la seguridad social y reduciendo salarios. Empresas que, en algunos casos, aparecen regenteadas y vinculadas a supuestos dirigentes gremiales.
– En la Argentina hay grupos empresarios que son cómplices de la violencia en tanto buscan evitar la organización de los trabajadores al interior de los establecimientos.
– En la Argentina hay un accionar policial también cómplice que libera zonas para hacer viable la represión por parte de grupos supuestamente irregulares.
Esta es la agenda de trabajo de un gobierno que mira para otro lado, que muestra funcionarios consternados por lo ocurrido, pero que están muy lejos de asumir sus responsabilidades.
El gobierno está pagando una deuda pendiente que mantiene con los familiares de Kosteki y Santillán, ante quienes se comprometió a crear una comisión investigadora sobre la masacre de Avellaneda. El objetivo central de esta comisión no era otro que investigar las responsabilidades políticas del entonces Presidente Duhalde y de su Secretario Presidencial y actual Jefe de Gobierno de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández.