Por Alcira Argumedo y Luis Brunati.
«No pienso que Duhalde esté detrás» contestó Aníbal Fernández, rápido para los mandados y corto de escrúpulos; pero la aparente negativa no hacía otra cosa que corroborar el enorme empeño del gobierno por tomar distancia de un homicidio que se veía venir. Hasta ayer, la muerte del joven Mariano Ferreyra podía no tener nombre ni fecha, pero en el gobierno nacional todos temían que algo así pudiera llegar a suceder. Era mucho el dinero en juego, de un negocio sucio que -«retorno» mediante- vinculaba a funcionarios del gobierno, dirigentes de la Unión Ferroviaria conducida por José Pedraza y concesionarios del Roca.
Un verdadero festival de subsidios aportados por la gestión K (Néstor y Cristina); la contratación de trabajadores tercerizados con el fin de fraguar mayores niveles de eficiencia empresarial; la complicidad de la burocracia sindical de varios gremios y la contratación de barras bravas para mantener el sistema en funcionamiento; fue alimentando una caldera que estalló ayer y cuyas consecuencias son hoy impredecibles.
Durante tres años se produjeron múltiples reclamos por equiparación de salarios e incorporación a planta permanente de los numerosos obreros precarizados que cumplían similares funciones a los ferroviarios, pero cobraban menos de la mitad. Durante ese tiempo, los bloqueos de boleterías o cortes de vías eran explicados a la sociedad como tramas de una confusa disputa sindical, cuando en realidad encubrían negocios del propio gobierno, empresarios amigos y la burocracia sindical.
La muerte de Mariano Ferreyra, un estudiante trabajador de 23 años, es la consecuencia preanunciada de los grandes negociados que se realizan al amparo del poder. El enriquecimiento en la función pública, la desinformación; los pactos de impunidad, la ineficiencia de la justicia, el estímulo a la violencia, la manipulación espuria de grandes causas sociales y la soberbia en el desempeño del gobierno, demuestran una vez más sus secuelas dramáticas.