SOBRE LA CONVENIENCIA DE UNA “LEY FEDERAL DE CULTURA”
Desde el año 1994, se insiste cíclicamente en la necesidad de tener una “Ley Federal de Cultura”. Los dos proyectos que tuvieron origen en la Cámara de Senadores ese año, fueron presentados por los senadores: Bordón (Pcia. De Mendoza) (0488-S-94) y Olijela del Valle Rivas (Pcia. De Tucumán) (107-S-94). El proyecto de Bordón tuvo media sanción pero nunca fue tratado en Diputados. (Al año siguiente, 1995, Bordón le disputa la Presidencia al menemismo con la fórmula Bordón-Alvarez y el menemismo hizo que perdiera estado parlamentario)
A partir de esa fecha, las iniciativas que tuvieron cierto consenso, más allá de no obtener media sanción, estuvieron orientadas a la creación del Consejo Federal de Cultura. (Proy del año 2004 de la Diputada Lemme, y del año 2006 de la Senadora Fellner)
Los antecedentes del Consejo datan de 1972, cuando por medio de un decreto-ley (19.473) de la dictadura de Lanusse, se creó el Consejo Federal de Coordinación Cultural que coexistió con el Consejo Federal de Cultura y Educación, creado también por decreto-ley (19.682 del 72).
En 1979 la dictadura militar deroga ambos proyectos por medio de otro decreto-ley (22.047), y unifica ambos cuerpos colegiados.
En 1993, la Ley Federal de Educación 24.195, incorpora la idea del Consejo, pero establece el Consejo Federal de Cultura y Educación con competencia exclusiva en materia educativa. A partir de esto, comienza a funcionar “ad-hoc” un cuerpo colegiado autodenominado “Asamblea Federal de Cultura”, compuesto por las autoridades provinciales de Cultura, que interactuando con el Secretario de turno, pero sin ninguna función de carácter ejecutivo concreto, cumple con la sola finalidad de instaurar una especie de “fachada de consenso” a los programas y proyectos que impone la Nación.
Históricamente, las provincias reclamaron una mayor participación en la formulación de los programas de cultura, especialmente en aquellos cuyas acciones supuestamente impactarían en los municipios. Asimismo, en las reuniones de la Asamblea Federal se insiste en el traspaso de los recursos y la distribución de los presupuestos, con fundamento en que las “acciones culturales concretas” que se llevan a cabo cotidianamente en los territorios, están a cargo de las Provincias y municipios, con bajísimos presupuestos asignados. En muchos casos los programas que “manda la Nación” poco tienen que ver con las necesidades políticas reales de las provincias.
Simultáneamente, mientras las Provincias disputan con la Nación la utilización del presupuesto nacional de cultura, (aproximadamente el 0.25% del presupuesto nacional), argumentando que el mismo se utiliza para el funcionamiento de la estructura burocrática de la Secretaría y para el financiamiento de programas y proyectos en los que la participación de las provincias es escasa, desde el ejecutivo (menemismo-alianza-duhaldismo-kirchnerismo) se impulsa la formulación de una serie de leyes sectoriales que regulan la actividad cultural (algunas de ellas como la Ley Nacional del Teatro, con fuerte participación del sector involucrado) que fueron segmentando la regulación del Estado en materia cultural (modificación de la Ley de Cine, Ley del Libro, Ley de la Música, Ley de Artesanías, etc.). Algunas de ellas fueron promulgadas, otras están en tratamiento.
El gráfico que se incluye a continuación muestra los presupuestos que las distintas jurisdicciones asignaron al sector en el año 2007(último dato publicado por la Secretaría de Cultura de la Nación).
A partir del año 2008, y ante la debilidad política del Secretario de Cultura, José Nun, las provincias se apropian del discurso federalista, de democratización de la cultura y de construcción de ciudadanía, que en forma constante se declama desde la Av. Alvear, y presionan para que el 2º Congreso de Cultura (Tucumán) apruebe la creación de un nuevo Consejo Federal de Cultura (al que se le otorga un presupuesto de 3 millones de pesos para su funcionamiento) e impulse la formulación de una Ley Federal de Cultura.
A parte de la debilidad política antes mencionada, las Provincias cuentan con la intervención estratégica del Consejo Federal de Inversiones, quien aportó fondos para la realización tanto del 2do. Congreso (2008) como del 3er Congreso que se va a realizar en este mes de setiembre en San Juan, y participa fuertemente en todas las reuniones haciendo hincapié en el sentido federal que debe tener la ley.( Ver artículo ANEXO)
Si bien se sabe que la Secretaría de Cultura está elaborando un proyecto de Ley Federal de Cultura (se han realizado algunos seminarios, encuentros internacionales, foros en las provincias, etc.) hasta el presente y prácticamente a 15 días del inicio del 3º Congreso, no se conoce un proyecto definitivo.
La información que trascendió es que, supuestamente, la ley se estructuraría en 3 ejes:
Descentralización cultural
Institucionalidad
Financiamiento
Descentralización: En función al proceso histórico que antecede a esta ley, es factible pensar que ella consagraría al Consejo Federal, asignándole funciones y ámbitos de intervención, lo que supone un acuerdo político con las Provincias y una mayor ingerencia de éstas, en el diseño de las políticas culturales.
Institucionalidad: Se pretende elevar la Secretaría al rango de Ministerio: Esto supone una mayor estructura funcional, así como mayor presupuesto. Con esto se puede interpretar que se equilibraría lo que se estaría cediendo en la descentralización. La mayor ingerencia de las Provincias a través del Consejo Federal, estaría contrarrestado por una mayor estructura para la gestión y una “caja” aumentada que, en definitiva beneficiaría tanto al Consejo como al Ministerio.
Financiamiento: La intención sería alcanzar paulatinamente el estándar recomendado por la UNESCO (1% del presupuesto público). Este sería el principal punto de interés tanto de las Provincias como de la Nación. (ver declaración del Secretario de Cultura de Rio Negro en ANEXO). Parte de los fondos que el Estado destina a Cultura, pasan directamente a los organismos descentralizados y por otro lado, las diferentes leyes sectoriales regulan el otorgamiento de fondos, el destino de las recaudaciones, etc.; por lo tanto la Secretaría tiene limitado el acceso a ellos. Se considera como presupuesto del sector los fondos que la ley de presupuesto distribuye en la Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional del Teatro, el Teatro Nacional Cervantes, el Instituto Juan Domingo Perón, el Fondo Nacional de las Artes, que si bien son magros, la Secretaría no tiene injerencia en su ejecución.
Es posible suponer que un proyecto de este tipo no traería ningún beneficio concreto para grupos sociales por fuera de las corporaciones artísticas. La actividad cultural seguiría siendo regulada por las leyes sectoriales existentes y por crearse.
El fomento de la diversidad cultural, la protección y salvaguarda del patrimonio tanto material como inmaterial, etc. son abordados por convenciones internacionales aprobadas por la UNESCO a las que nuestro país adhirió y que actualmente forman parte de nuestra legislación; por lo tanto resultaría irrelevante su tratamiento en una Ley Federal.
En conclusión, una Ley de estas características respondería a un oportunismo político, al generar consenso en un sector “blando” como la cultura, en una coyuntura crispada como la actual, a través del reparto de una “caja”, lo que dista mucho de una política de Estado que propicie la redistribución equitativa de los bienes culturales que generamos entre todos.
10 PUNTOS FUNDAMENTALES PARA UNA
“LEY SOCIAL DE CULTURAS”
A partir de este diagnóstico, la Mesa de Cultura BAPT entiende que es necesario generar un proyecto propio de Ley, que marque una agenda política diferente y que tome en consideración:
1.- Que la cultura es una creación de la sociedad en su conjunto, por lo tanto la producción cultural es eminentemente social y tan diversa como diversa es nuestra sociedad
2.- Que la institucionalidad cultural no puede reflejar una cultura hegemónica y de elite, que establece que cultura son únicamente las artes, el patrimonio o las industrias culturales.
3.- Que las políticas culturales, como políticas públicas, deben estar orientadas a proteger, fomentar y desarrollar la diversidad cultural existente.
4.- Que la descentralización cultural no debe ser entendida como cesión de una pequeña cuota de poder a través de la transferencia de presupuestos, que solo servirían para reproducir el clientelismo y la dependencia de algunos sectores que necesitan de la intervención de los estados provinciales y municipales para sobrevivir.
5.- Que la sola elevación de rango de la Secretaría de Cultura a Ministerio no garantiza que la cultura ocupe un lugar decisorio en la acción de gobierno.
6.- Que alcanzar el estándar del 1% que recomienda la UNESCO, no es garantía de la ampliación del acceso a la cultura de los sectores más postergados ni de una mejor redistribución de los bienes culturales que la sociedad produce.
7.- Que las políticas culturales deben estar prioritariamente orientadas para apoyar, coordinar, subsidiar y acompañar el desarrollo cultural de las diferentes organizaciones sociales con proyectos culturales propios, en vez de ser usadas para homogeneizar las diferentes manifestaciones.
8.- Que una Ley de Cultura debe necesariamente tener consenso social, que solo el consenso político, o el de las corporaciones de la cultura no es suficiente para que la sociedad se apropie y la sienta como necesaria.
9.- Que debe instalarse en la sociedad la idea que una Ley Social de Culturas no es una ley sectorial, es una ley que interpela a la sociedad en su conjunto puesto que los derechos culturales están reconocidos como derechos humanos de 4ta. Generación.
10.- Que una Ley Social de Culturas debe reconocer derechos y obligaciones e instalar mecanismos de intervención y consulta permanente entre los gobernantes y la sociedad, en pos de ampliar la mirada que se tiene acerca de la importancia de la cultura (en su sentido amplio) en el cotidiano de la gente.
Cuando sostenemos que la cultura atraviesa el cotidiano de la gente, decimos también que la mirada cultural debe atravesar las políticas públicas dirigidas al desarrollo integral. Una política pública en salud que no contemple la diversidad cultural, deja de lado todo el componente cultural que tiene para determinados grupos sociales la medicina alternativa. Una política pública en vivienda que no esté atravesada por el componente cultural, deja de lado el valor y uso de la tierra comunitaria, que por ejemplo, tienen las comunidades indígenas.
Sabemos perfectamente que no se puede imponer a través de una ley un cambio de mentalidad, pero debemos intentar hacer comprender que cuando se dice “yo no entiendo de cultura” tal vez lo que se quiera decir es “yo no entiendo de arte”, ya que todos entendemos de cultura a partir del momento en que vivimos en sociedad de una forma cultural determinada.
ANEXO
TERCER CONGRESO ARGENTINO DE CULTURA
El Ing. Juan José Ciácera dirigiéndose a la audiencia.
El Ing. Juan José Ciácera dirigiéndose a la audiencia.
Las máximas autoridades del 3° Congreso Argentino de Cultura y miembros de la Junta Ejecutiva.
El día 7 de junio y con la presencia del Gobernador de la Provincia de San Juan Ing. José Luis Gioja, el Secretario de Cultura de la Nación Dr. Jorge Coscia y el Secretario General del CFI Ing. Juan José Ciácera se lanzó el “Tercer Congreso Argentino de Cultura”.
El acto se realizó en la Sala “Miguel Cané” de la Secretaría de Cultura de la Nación y contó con la presencia de la Diputada Nacional Prof. Margarita Ferrá de Bartol, del Secretario de Estado de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de San Juan Lic. Dante Elizondo, la Coordinadora General del Programa de Cultura del CFI Prof. Ilda Estela García, del Presidente del Consejo Federal de Cultura Prof. Alfredo Jara, Subsecretario de Cultura de Formosa, los funcionarios de Cultura de las Provincias de Buenos Aires Juan Carlos D´Amico, de Formosa Arq. Rodolfo Legname, de Mendoza Prof. Ricardo Scollo, de La Rioja Arq. Javier Estrada, de Corrientes Lic. Gabriel Romero, de Chaco Lic. Silvia Robles, de Misiones Dra. Griselda Martínez, de Chubut Jorge Fiori, de Santa Cruz Lic. Beatriz Sica y de Neuquen Javier Kaiser.
Con este lanzamiento del Tercer Congreso Argentino de Cultura, que se llevará a cabo del 15 al 19 de septiembre de 2010, en la Provincia de San Juan, asistieron además, funcionarios del CFI, de la Provincia de San Juan y Directores de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Los anfitriones dieron la bienvenida a todos los presentes e hicieron referencia a la organización del 3° Congreso Argentino de Cultura, dando a conocer algunos aspectos relevantes de los fundamentos, los objetivos, los ejes, lugares de organización, y los expositores invitados para esta ocasión del país y del extranjero. El Ing. Ciácera se refirió especialmente a la Ley Federal de Cultura, la cual se encuentra en proceso de elaboración por un equipo de expertos y se calcula que para el mes de septiembre, se presente para su tratamiento en el Congreso de la Nación.
El Ing. Ciácera evocó a los presentes, la tarea que desarrolla el Consejo Federal de Inversiones, como el único organismo federal que trabaja junto a las provincias desde su creación en el año 1959. Recordó la importante cooperación que realiza a través de un convenio con la Secretaría de Cultura de la Nación, la Provincia de San Juan, anfitriona del 3° Congreso Argentino de Cultura, con los Congreso provinciales de Cultura y de la intensa tarea de Asistencia, Promoción Cultural y Económica que brinda actualmente a todo el país.
http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=14383
Río Negro en el Consejo Federal de Cultura
Escrito por Daniel Carrilaf
Viernes, 12 de Marzo de 2010 01:12
(Buenos Aires – Sec. de Medios) El subsecretario de Cultura de Río Negro, Armando Gentili, participó en Buenos Aires, de la reunión oficial del Consejo Federal de Cultura, donde se aprobó el temario a desarrollar durante el III Congreso Argentino de Cultura y se avanzó respecto a la Ley Federal.
En el encuentro, que fue presidido por el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia, participaron los representantes de todas las provincias y fue presentado el nuevo director de Acción Federal, Juan Cruz Guillén.
Al respecto, el subsecretario de Cultura de Río Negro afirmó que “Fue una reunión muy propicia, donde se aprobó el acta y el temario a desarrollar durante el III Congreso Argentino de Cultura y se avanzó en la Ley Federal de Cultura, que es un acuerdo que asumimos todos los representantes de cada una de las provincias, buscando cuanto antes que ingrese ese anteproyecto en la Cámara de Diputados”.
El funcionario rionegrino explicó que “de este modo, Cultura de la Nación transfirió un fondo de 3 millones de pesos al Consejo Federal, que es presidido por subsecretario de Cultura de Formosa, Fredy Jara. Este no es un dato menor, ya que justamente apuntamos a darle real federalismo a la Argentina, es nuestro pedido, y más allá de la Ley Federal, lo que se pretende es hablar directamente del financiamiento de la cultura y de qué manera las provincias podemos coparticipar los fondos”.
Gentili agregó que “estamos trabajando y buscando el modo en que se puede extender el II Festival de Cine a algunas provincias como Neuquén y La Pampa, si bien Río Negro es cabecera del evento. Son proyectos de donde se podría tener financiamiento de este fondo. Es la primera vez que existe una propuesta concreta, que hay un fondo de financiamiento depositado en la cuenta del Consejo Federal y va a permitir un procedimiento de integración de lo que estamos planteando, una política federal”
http://rn24.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=4154:rio-negro-en-el-consejo-federal-de-cultura&catid=1:generales