Octubre de 2010
Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas – Buenos Aires para todos en Proyecto Sur
Esta columna tiene por objeto dar cuenta de los principales lineamientos en materia de política de tierra y vivienda por parte de la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que caracterizamos por tres elementos fundamentales:
i. Desarticulación: si bien es pre-existente a la gestión PRO, esta no hizo más que acentuarla al crear en 2008 la Unidad de Gestión de Intervención Social, encargada de la emergencia social en villas y asentamientos, y al transferir también en 2008 a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. la responsabilidad de urbanizar las villas de la Ciudad a través del programa Prosur Hábitat, con la curiosa excepción de Rodrigo Bueno y Villa 31 y 31 bis -que son los únicos barrios que se localizan en tierras de interés para el mercado inmobiliario y que se encuentran actualmente en un limbo en el organigrama del GCABA-. De esta manera, al menos cuatro organismos diferentes son los encargados de formular e implementar la política de tierra y vivienda de la ciudad –el IVC, la Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social, la UGIS y la CBAS, a los que se podría agregar la Unidad Ejecutora de la Ex AU3 del Ministerio de Desarrollo Urbano y la Dirección General de Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico, que maneja la cartera de tierras e inmuebles no destinados específicamente a Vivienda-; organismos de jerarquía, recursos y autonomía muy dispar. La principal consecuencia de esta desarticulación es la ineficiencia en la implementación de las políticas públicas, así como la dificultad para canalizar demandas por parte de la población afectada, con organismos que se pasan la responsabilidad entre ellos sin ofrecer respuesta alguna. Esta desarticulación funcional es totalmente intencionada y está orientada a diluir aquellas políticas que no tienen prioridad en la agenda política del Gobierno.
ii. Desfinanciamiento: desde su llegada a la Jefatura de Gobierno, Macri planteó una progresiva reducción del gasto en vivienda de la Ciudad, que pasó de representar el 4,1% del gasto en 2007 a tan sólo 2,9% en 2010. Esta situación se agrava con la posterior reasignación de partidas y la subejecución catastrófica del magro presupuesto finalmente vigente. Como ejemplo, en 2009 al IVC le reasignaron más de $125 millones de su presupuesto sancionado hacia otros organismos, mientras que en el primer semestre de 2010 se ejecutó sólo el 6,4% del presupuesto vigente. En la actualidad la política de tierra y vivienda del macrismo se halla virtualmente paralizada, sólo se están ejecutando algunas obras con gran demora en las villas de la ciudad a través de la CBAS, al paso que sí se ejecutan los abultados contratos tercerizados a empresas de servicios que atienden a las villas y asentamientos –camiones cisternas, atmosféricos y vactor-, evidenciando la relación estrecha entre no-urbanización y negocios privados. Además, las quejas de los vecinos por la calidad de estos servicios son recurrentes, así como las denuncias por irregularidades en las contrataciones. Por otra parte, también se realizan pequeñas obras, la limpieza y el mantenimiento en las villas a través de cooperativas de trabajo, que están denunciadas por los vecinos por manejos discrecionales y clientelares, que promueven las divisiones y conflictos en los barrios.
En este contexto, la emergencia habitacional es permanente en la ciudad y no cesa de agravarse –estimaciones hablan de alrededor de 15 mil familias desalojadas en lo que va de la gestión PRO y se calculan varios miles de personas en situación de calle-. Así, la emergencia habitacional afecta actualmente a alrededor del 15% de la población de la ciudad. Ante esta situación, la única respuesta de la gestión son los recurrentes subsidios habitacionales, que son completamente insuficientes y no solucionan la cuestión de fondo. Las familias desalojadas sólo pueden optar por: mantenerse en situación de calle; radicarse en algún asentamiento o villa, donde el mercado informal tiene costos también elevados y es de difícil acceso; alojarse en algún hotel-pensión o inquilinato -cuando los aceptan-; o buscar alguna alternativa fuera de la Ciudad, operándose en los hechos una expulsión de las familias de bajos recursos.
iii. Descapitalización: ante la falta de presupuesto asignado y la ejecución ineficiente del mismo, la principal estrategia del macrismo ha sido la enajenación del patrimonio público, a través de la venta de tierras e inmuebles para generar recursos presupuestarios adicionales, estrategia que responde más a los intereses del sector inmobiliario que a criterios de asignación social. Este patrimonio que se vende tan fácilmente es imposible de ser recuperado en el corto plazo, debido a la valorización inmobiliaria vigente en la ciudad, perdiendo así un activo estratégico para cualquier política de gestión urbana. Este fue el caso de los terrenos de Catalinas, ubicados en un área clave de la ciudad y que se vendieron para refaccionar escuelas, objetivo que todavía hoy está incumplido. De la misma manera, el Poder Ejecutivo envió al menos otros dos proyectos de ley a la Legislatura desde 2009 para realizar tierras con el objetivo de financiar obras. Uno no fue aprobado –por la oposición legislativa, pero fundamentalmente por la movilización de organizaciones sociales- y fue archivado, mientras que el otro todavía no fue tratado por la Legislatura, e incluye por ejemplo la venta del terreno donde está instalada la antena de la Radio de la Ciudad. Asimismo, la recuperación del sector 5 de la traza de la Ex AU3 (Ley Nº 3.396 de 2009) condicionó la solución habitacional para las familias que lo habitan a la subasta de tierras e inmuebles pertenecientes a la traza, lo que implica una privatización parcial de una de las principales reservas de suelo público en la ciudad.
Sintetizando, desde que asumió el macrismo la política de vivienda ha profundizado su desarticulación, generando desinformación y confusión entre la población afectada; ha menguado considerablemente sus recursos presupuestarios dentro del esquema de gastos del GCABA, al tiempo que ha ejecutado una muy baja proporción del mismo; finalmente, se ha promovido su descapitalización, rematando el patrimonio acumulado durante años y que es imposible recuperar en el corto plazo, dada la dinámica de valorización inmobiliaria vigente en la ciudad. Como consecuencia, se está profundizando la segregación socioterritorial histórica y promoviendo la expulsión de la población de bajos recursos hacia la periferia.
Llamativamente, para el 2011, el macrismo aumentó considerablemente su previsión de gasto en el rubro vivienda, revirtiendo parcialmente la tendencia decreciente en la proporción total del gasto (según el proyecto enviado a la Legislatura, se ubicará en torno al 3,2%). No deja de generar dudas que una gestión caracterizada por la subejecución catastrófica de su presupuesto prometa aumentar tanto la eficiencia del gasto, sin explicitar como va a garantizar su ejecución. Más bien, dicho aumento parece responder a las necesidades de financiamiento del Gobierno en un año electoral, previéndose la reasignación sistemática de las partidas hacia otros fines.
Desde el Instituto de Pensamiento y Política Públicas de Buenos Aires para todos, repudiamos la orientación privatizadora y excluyente de la política de tierra y vivienda del macrismo, al tiempo que abogamos por una reformulación de esta política que dé cuenta de la integralidad de la problemática urbana y del hábitat, y que se oriente por criterios de justicia social y solidaridad urbana.