Pensar que la tragedia de Cromagnon se reduce en 194 personas fallecidas implica un reduccionismo inadmisible. Si bien es lo que primero la mayoría de la prensa –y de la sociedad, en general– hace notar, luego de seis años lo mejor sería recordar la gran cantidad de pibes y pibas, de jóvenes y de madres y padres (entre todos, varios miles de personas) que han quedado golpeados por aquel terrible hecho. A los muertos durante esa noche los hemos llorado y extrañado en estos seis años interminables; los lloramos y extrañamos hoy que se cumple un nuevo aniversario; los seguiremos llorando y extrañando durante el resto de nuestras vidas.
Es imposible, en ese sentido, reemplazar a un hijo o hija, o un hermano o hermana o, incluso, a un amigo o amiga. Eso es absolutamente cierto y no hay que negarlo, pero también sería bueno comenzar a pensar un poco más en todos los que sobrevivieron a la tragedia, en los sobrevivientes y en los familiares, pues son, en definitiva, los que les intentan mantener encendido, de diversas maneras, el recuerdo de las vidas que acabaron esa noche; y con eso –y al mismo tiempo– mantener viva la memoria de lo que sucedió. La tarea que tienen, en ese sentido, es enorme: hacer entender a la sociedad lo que ocurrió –la confabulación, consciente o inconsciente, de empresarios despiadados, políticos ineptos, ineficaces y corruptos y una banda ingenua– para evitar que en el futuro se vuelva a repetir. Cromagnon, como cualquier otra masacre, es un hecho complejo justamente por eso, porque no se acaba con una cantidad X de personas que murieron y ya no están más; quedan muchos que siguen sufriendo por ello y es primordial atenderlos.
A seis años, entonces, en todas las víctimas sobrevivientes –incluyo allí tanto a los sobrevivientes como a los familiares de los pibes y pibas fallecidos y fallecidas– se conectan dos sensaciones: por un lado, el de Justicia; por el otro, el de salud y bienestar. Son dos cuestiones que, a mi modesto entender, no deberían dejarse de lado por parte del Estado. El pedido de Justicia tiene que ver con el juicio que se lleva adelante contra los presuntos responsables de la masacre –políticos, empresarios y banda– que pretende esclarecer por qué sucedió aquello esa noche el 30 de diciembre de 2004 y quiénes permitieron que eso ocurriera; pero también tiene que ver con todas las acciones que se vienen llevando a cabo para evitar que esto vuelva a pasar.
Lamentablemente, ninguna de las dos estrategias viene funcionando correctamente: aún, a seis años, no hay sentencia firme sobre los que provocaron la masacre y además en pocos meses más prescriben las acusaciones penales contra los que en ese momento eran funcionarios públicos, por lo cual luego no se los podría juzgar. Además, durante este año, el 2010, se han producido dos hechos lamentables, en el boliche Beara de Palermo y en un gimnasio de Villa Uriquiza, que provocaron la muerte de cinco personas por la mala actuación de los organismos gubernamentales de la Ciudad encargados de controlar las condiciones habilitatorias de cada uno de los espacios.
Es decir, a pesar de que han pasado seis años y diversos gobiernos, los organismos de control siguen sufriendo los mismos problemas que ocurrían cuando fue la masacre de Cromagnon. Sobre la salud y el bienestar de todos aquellos que sobrevivieron a la masacre y deben seguir sobreviviendo, el Estado no se hace cargo como debiera y deja, entonces, a ese grupo de personas en medio del desamparo. Nunca se termino de implementar, por ejemplo, el programa dependiente del área de salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos cuyo objetivo debiera ser atender las complicaciones físicas y/o psicológicas que pueden llegar a presentar tanto sobrevivientes como familiares, de modo gratuito y universal; de ese modo, la mayoría es obligada a concurrir a médicos y/o psicólogos de forma privada. Tampoco están garantizados los subsidios que el Estado debe entregar a todos los damnificados por la masacre ya que estos no dependen de una ley que debe ser de cumplimiento obligatorio para todos los gobiernos que se sucedan de aquí en más –mejor dicho, que se debiera haber implementado desde la administración Ibarra–, sino que se otorgan por decreto del Jefe de Gobierno que esté de turno. O sea, si el próximo Jefe de Gobierno decidiera no seguir pagando a las víctimas no fatales un subsidio, estaría en todo su derecho; sólo le bastaría con promulgar un decreto que así lo exprese. La imposibilidad de garantizar, al mismo tiempo, un programa de salud integral gratuito, universal y de calidad para todos los sobrevivientes y familiares y el subsidio con el cual se debieran costear esos servicios médicos y/o psicológicos supone un problema importante pues aquello imposibilita que ellos puedan vivir una vida sana. En definitiva, seis años después de Cromagnon, “todo sigue igual” de mal.
No hay Justicia ni salud ni bienestar, mientras que los sobrevivientes y los familiares –al igual que la sociedad entera– sigue llorando a las 194 víctimas fatales. Ni el Poder Judicial responde con la celeridad y la eficacia que debiera a la hora de sancionar y penar a aquellas personas –que tienen nombre y apellido, y son de carne y hueso– ni tampoco el Ejecutivo de la Ciudad lleva a cabo las modificaciones estructurales al interior de los organismos de control para controlar, valga la redundancia, que una situación como la vívida en Cromagnon aquella cálida noche veraniega; tampoco, ejecuta las políticas públicas necesarias para conseguir que los sobrevivientes y los familiares puedan continuar viviendo como corresponde, es decir, con salud y bienestar.
Sin embargo, nada de eso debe desanimarlos; es necesario juntar fuerzas y seguir luchando pues los objetivos que se plantean ambos grupos de víctimas son muy loables y no se debe renunciar a ellos: por un lado, a transformar la sociedad para volverla más justa y más segura; por el otro, a exigir que el Estado, a través del Gobierno, se haga cargo de garantizarle un sistema médico y/o psicológico de excelencia de manera gratuita y bienestar. Es importante entender, finalmente, que la de los sobrevivientes y los familiares es una cruzada de la que debe participar toda la sociedad, no importa si vivieron y sintieron en carne propia o no Cromagnon, pues se enmarca dentro de una lucha mucho más grande: la que pretende lograr una sociedad más solidaria e igualitaria. Pablo Leibson (sobreviviente) y militante de Buenos Aires para todos