Los principales responsables políticos de la Policía Metropolitana, Guillermo Montenegro y Eugenio Burzaco, todavía no han brindado las respuestas necesarias sobre el envío de agentes a tomar cursos de «antiterrorismo» a un instituto de El Salvador que es considerado la continuidad de la siniestra Escuela de las Américas. El pasado 5 de enero, los diputados Rafael Gentili y Julio Raffo (Bloque Proyecto Sur) enviaron una nota a Burzaco, jefe de la fuerza, donde expresaron su preocupación porque las materias del programa de formación, con cursos como «terrorismo», «crimen globalizado» y «tropas de frontera», no tienen nada que ver con las competencias de una policía local y de proximidad como la Policía Metropolitana.
En la misma nota, que Burzaco no ha contestado a la fecha, los diputados también recordaron las críticas que distintas organizaciones de derechos humanos han realizado sobre la Internacional Law Enforcement Academy (ILEA), donde los agentes fueron a tomar el curso. Entre ellas, la School of Americas Watch la calificó como «un obstáculo para la democracia y un obstáculo para los derechos humanos».
Dichos organismos han alertado sobre la continuidad de este instituto con la Escuela de las Américas, que funcionó durante décadas como un centro de entrenamiento en tortura y represión para las dictaduras latinoamericanas, y que -como aquella- también es financiado por el gobierno de Estados Unidos. Esta tarde, los funcionarios que durante un mes mantuvieron silencio sobre esta grave denuncia, justificaron el envío de agentes a El Salvador alegando que allí también se encuentran efectivos de la Policía Federal y Bonaerense. Sin embargo, siguen sin explicar el contenido del programa, la vinculación con el rol de la Policía Metropolitana y cuáles fueron los criterios para elegir a los policías que viajaron. La triste explicación de Montenegro, quien justificó este curso de «antiterrorismo» a partir de los dos lamentables ataques terroristas que sufrió la Ciudad en los 90, es absolutamente falsa dado que el Ministro sabe perfectamente que la Metropolitana no tiene competencia para intervenir en esa clase de delitos de jurisdicción federal.
En lugar de aclarar los motivos de esta decisión, el macrismo ha privilegiado una vez más la puesta en escena de su trivial y aburrida pelea con el gobierno nacional, que a esta altura ya es funcional a ambos y a nadie más importa.