El Presidente del Bloque Proyecto Sur, Fabio Basteiro y la Legisladora y presidenta de la Comisión de Trabajo, Laura García Tuñón, acompañaron hoy a los trabajadores del Teatro Colón durante el acto público realizado en la puerta del primer coliseo.
El motivo del acto fue repudiar los sumarios, sanciones y demandas judiciales sobre los delegados de ATE y que tienen como responsables al Gobierno de Macri y al Director del Teatro Pedro García Caffi.
García Tuñón expresó su repudio: «Esto es una clara persecución gremial a los delegados de ATE del Colón, en represalia por sus reclamos salariales y mejoras en las condiciones laborales»; «el gobierno de Macri está violando una vez más el legítimo derecho a huelga consagrado en la Constitución Nacional.»
Esta tarde, Laura García Tuñón presentó en la Legislatura porteña un proyecto de declaración para repudiar el accionar del Gobierno de Macri, y también una citación al Ministro de Hacienda Néstor Grindetti para que acuda a la Legislatura a dar las explicaciones correspondientes por las retenciones de los salarios de los trabajadores.
Motiva este proyecto la profunda preocupación por los hechos ocurridos en el Teatro Colon, que desde hace un año se encuentra en constante conflicto con los trabajadores. A raíz de este escenario de conflictividad, 8 delegados de ATE fueron sancionados por reclamar mejoras en sus condiciones de labor. La Justicia Nacional del Trabajo declaro la ilegalidad de las sanciones aplicadas y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la reinstalación de dichos trabajadores.
Es por esto que preocupa la decisión de desoír la sentencia judicial, ya que no se produjo la reinstalación de los delegados, llegando incluso a no pagarles los salarios del mes de enero.
El máximo de esta persecución gremial es el embargo solicitado por el Gobierno de la Ciudad contra los 8 delegados y contra su sindicato ATE, por un total de 55 millones de pesos, medida totalmente avasallante de los derechos amparados por la Constitución Nacional y otra muestra acabada de los intentos del Gobierno de criminalizar todo tipo de protesta.
Cabe destacar que se ha realizado la denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya que en caso de acreditarse la violación del derecho de huelga, el Estado argentino estaría incumpliendo los convenios internacionales celebrados con ese organismo.
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