por Víctor Mendibil
Secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA-CTA)
La aparición pública de una realidad que desde la Central de Trabajadores de la Argentina y la Federación Judicial venimos denunciando desde hace mucho tiempo, como es la existencia del trabajo esclavo en Argentina, pone en evidencia que no existen límites para un modelo depredador de todo lo que sirve para incrementar sus riquezas, incluido el propio ser humano.
Ya no son solo pequeñas mafias de traficantes ni redes de corrupción marginal, sino importantes industrias y algunas de las más famosas marcas de corporaciones trasnacionales que operan en nuestro país las que aparecen como explotadoras de mano de obra esclava.
Desde los talleres clandestinos a treinta cuadras de Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, pasando importantes factorías agrícolas en las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, motesierristas y tareferos de Misiones y otras, hasta industrias como la subsidiaria Dupont aparecen implicados en esta aberración que, no por casualidad, encuentra defensores en algunos medios de comunicación como el diario La Nación (5/II/2011).
Esas mismas corporaciones que se presentan como emblema del capitalismo más desarrollado, productoras de alta y sofisticada tecnología y respetuosas en apariencia de las normas de la Unión Europea y de los Estados Unidos, presentados a su vez como modelos de sociedad avanzada, son las que en Argentina utilizan y someten a servidumbre y esclavitud a miles de habitantes de nuestra patria, desde hombres y mujeres hasta niños.
Estos esclavistas del Siglo XXI, aprovechan la existencia de un Estado debilitado por las políticas neoliberales y limitado en su esencia por políticas que, aún en la actualidad, son parte o actúan en complicidad con los tejes y manejes del poder económico más concentrado.
Esa aberración extrema de la explotación, que somete al ser humano hasta reducirlo a su condición más bárbara y degradante, que nuestros primeros revolucionarios y constituyentes eliminaron de las leyes heredadas de la colonia, en un gesto que parecía no tener vuelta atrás, ha retornado como un fantasma del pasado a este presente argentino de la mano del capitalismo, la superexplotación, las superganancias y la devastación política que exhibe una casta de dirigentes que viven a espaldas de los principios y derechos humanos más elementales.
Es imprescindible que el Estado, en todos sus estamentos (desde la justicia hasta el Poder Ejecutivo) y en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal) asuma sus responsabilidades frente a lo que constituye una verdadera emergencia humanitaria.
Pero, a la vez, es imprescindible que toda la sociedad, a través los partidos políticos populares y del conjunto de movimientos sociales, ya sea vinculados a los derechos humanos cuanto a los trabajadores y otros sectores, mire de frente esta terrible realidad y le de una respuesta concreta y efectiva.