La Legisladora por Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur, Laura García Tuñón manifestó su repudio a las declaraciones realizadas por el Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, en el documental «Autopista Central», y recogidas en un matutino el día 03/04/2011, donde expresa: “Si le diéramos a una persona que ha usurpado, que se ha instalado, que no tiene la capacidad económica de comprar su propia vivienda, en algún lugar de la traza, una vivienda con un valor de 1300 a 1600 dólares el metro cuadrado, ¿cuánto tardaría en vender su propiedad?”, desestimando cualquier posibilidad de que los habitantes de la traza de la Ex AU3 se queden finalmente en el barrio, sólo porque no tienen la capacidad de pago suficiente.
Al respecto, la legisladora expresó: «estas declaraciones ponen de manifiesto que la verdadera intención de la gestión PRO es permitir desarrollos inmobiliarios orientados a sectores de ingresos medios-altos y altos en la zona, mientras que a los beneficiarios se los deja en la mayor de las incertidumbres, sin responder sus solicitudes de desglose ni de incorporación, y sin permitir a la mayoría de ellos que opten por la alternativa habitacional que prefieran».
Y agregó: «Además, se los viene presionando y amenazando desde la Unidad Ejecutora para que abandonen la traza a cambio de una prestación no reintegrable, que a los precios actuales no alcanza para procurarse una vivienda en la ciudad, desplazándolos a otras áreas de la ciudad o inclusive fuera de ella, como ya se dio en algunos casos».
Esta orientación excluyente, coherente para la gestión de Mauricio Macri, desconoce los derechos adquiridos por los habitantes de la traza, establecidos por dos leyes vigentes, la Nº 324 y la Nº 3.396, ambas con grados asombrosos de incumplimiento en lo que hace a garantizar el derecho a la vivienda de las familias involucradas, por encima de cualquier razón de mercado. Mientras tanto, sí se avanzó de manera eficaz en la subasta de los terrenos ubicados en la traza, para favorecer los desarrollos inmobiliarios en la zona, poniendo de manifiesto las prioridades de este gobierno de carácter excluyente y privatista.
Por último, en lo atinente al Sector 4 de la traza, el incumplimiento de la Ley Nº 324 es flagrante, lo que hace que las familias beneficiarias de dicha ley estén hace años en una situación de extrema vulnerabilidad.
Repudiamos estas declaraciones y reafirmamos la vigencia plena del derecho a la vivienda digna y el hábitat adecuado, establecido por el artículo nº 31 de la Constitución de la CABA. Asimismo, afirmamos el derecho de los sectores populares a vivir y a trabajar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires