El diputado nacional por Movimiento Proyecto Sur, Jorge Cardelli, denunció esta tarde en la huelga de hambre que mantienen los miembros de la Comunidad Qom La Primavera, que esta medida desesperada agrava aún más la salud de quienes ya han sufrido la represión policial, siendo responsabilidad y consecuencia de la falta de una política pública seria que entienda la problemática de los pueblos originarios en todas sus dimensiones.
“El gobierno de Formosa no tiene verguenza, le pide a la comunidad que dialogue con las autoridades y levante el corte que mantiene en Buenos Aires, en la Avenida 9 de Julio, en reclamo de 1.300 hectáreas cuando la única oportunidad de diálogo que les dieron fue a través de las balas”, sostuvo Cardelli.
En pleno centro de la capital, donde acampan desde diciembre para pedir la protección del Estado nacional y la devolución de sus tierras, los miembros Qom recibieron la noticia que llegó desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dando lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Mediante una resolución firmada el jueves 21 de abril y dada a conocer hoy, la CIDH le solicita al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los miembros de la comunidad, exigiendo al Estado argentino a proteger a los indígenas “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.
Cardelli saludó la medida e insistió en el pedido realizado por 35 diputados y tres senadores para que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernandez de Kichner, intervenga en favor de la resolución del conflicto garantizando los puntos de acuerdo con los que se habían comprometido ante la comunidad.
Además repudió las palabras del Ministro de Gobierno de la provincia de Formosa, Jorge González, quien en diálogo con la agencia de noticias estatal Télam ninguneó a los Qom asegurando que “se trata de un grupo muy pequeño de la comunidad La Primavera, mucho menos del 10 por ciento, con quien hay imposibilidad de diálogo porque el resto de la comunidad posee un título de propiedad comunitario por 5187 hectáreas, donde viven 413 familias». En ese sentido, el refernte del Movimiento Proyecto Sur que acompaña el reclamo desde sus inicios, acusó a González de seguir “invisibilizando a los Pueblos Originarios en post de mantener los negocios provinciales con los terratenientes”.
“Sigue en pie el exterminio a los pueblos originarios, no hay un reconocimiento real y el conflicto se agrava porque cada vez están más organizados para defender desde un sentido identitario la tierra; quienes los atacan, los desalojan y los matan sólo ven en esas hectáreas una mercancía y la reproducción de su propia plusvalía”, opinó Cardelli al asegurar que el silencio del gobierno nacional y provincial los vuelve cómplices.
Tras cuatro meses de corte de la Ruta Nacional 86, el día 23 de noviembre del corriente se presentó en el lugar del conflicto el Sr. Celias, Terrateniente de la Zona, junto a su abogado con el objetivo de echar por medios violentos y con armas a quienes cortaban la ruta. Ante la situación, el Pueblo Qom solicitó auxilio a la Policía de la Provincia que estaba apostada en la ruta. Dejando desamparados a los manifestantes, la Policía no hizo nada. En cambio, procedió a denunciar la desaparición de dos armas ante el Juzgado de Instrucción y Correccional de la Ciudad de Clorinda. Alegando una orden del Juez Mouriño para la pesquisa de los miembros del Pueblo Qom que estaban en la ruta, ingresaron a Jurisdicción Federal, reprimieron y asesinaron a los manifestantes.
El 6 de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los Miembros de la Comunidad Lof Paichil Antriao del Pueblo Indígena Mapuche. La solicitud de medida cautelar alega que existe una situación de gravedad, urgencia y riesgo de daños irreparables derivados de actos de hostigamiento; que existe un riesgo de destrucción de un lugar sagrado conocido como Rewe; que se obstaculiza el acceso de los miembros de la comunidad Lof Paichil Antriao a Rewe, y que familias de la comunidad fueron desplazadas del territorio que reclaman como tierra ancestral. Adicionalmente, se alega que si bien este Rewe actualmente está protegido por una medida judicial interna, los miembros de la Comunidad no han podido acceder al mismo para el desarrollo de las prácticas rituales exigidas por su cultura. También se indica que las familias que se encuentran desplazadas en las zonas aledañas al territorio en disputa se encontrarían con una situación precaria de salud y alimentación.
La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Argentina que adopte las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al Rewe ubicado en el predio objeto del litigio no sea levantada hasta que la CIDH decida sobre los méritos de la petición 962-08, actualmente en estudio. En este aspecto, la Comisión también solicitó al Estado que adopte medidas para que dicha medida judicial sea efectivamente cumplida, de manera tal que se preserve este lugar sagrado. Adicionalmente, la CIDH solicitó que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la comunidad Lof Paichil Antriao que requieran acceder al Rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la Policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar durante el tiempo que quieran, y sin que se presenten episodios de violencia, agresión, hostigamiento o amenazas por parte de la Policía o de tales otros grupos de seguridad. Finalmente, se solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para atender a la salud de las familias de la comunidad que se encuentran desplazadas en zonas aledañas al territorio en disputa a fin de garantizar su bienestar.