La diputada nacional Verónica Benas, del PARES en la Corriente Nacional por la Unidad Popular, presentó en el año 2009 un proyecto de ley para restringir la venta de tierras a extranjeros. Publicamos una declaración de la diputada.
En 2009 presentamos nuestro proyecto para restringir la venta de tierras a extranjeros, prohibiendo que estos sean titulares de los siguientes inmuebles:
a) Los rurales, en más de una unidad económica de producción.
b) Los que contengan o se extiendan sobre fuentes de aguas superficiales o subterráneas o aquellos en donde surjan aguas.
c) Los cubiertos con bosques nativos.
d) Los ubicados en áreas protegidas.
e) Los declarados de interés cultural, reúnan los requisitos para ser declarados tales o se encuentren alcanzados por las leyes 25197 y 25.743.
f) Los ubicados en zonas de seguridad de frontera.
** Fijamos en un 10% del territorio la cantidad de tierras que pueden ser propiedad de extranjeros, como límite, teniendo en cuenta lo ya comprado. Varios informes, entre ellos los del INTA y Federación Agraria denuncian que entre un 7 y un 10% del territorio argentino ha sido adquirido por empresas o personas extranjeras.
** Planteamos que los que adquirieron con anterioridad a la sanción de la ley deben adecuarse a estas restricciones, provocando dicho incumplimiento la perdida del dominio del inmueble en favor del estado en cuyo territorio se encuentre, sin derecho a indemnización alguna.
Solicité en numerosas oportunidades el tratamiento de ese proyecto, conjuntamente con las propuestas similares de otros legisladores, pero no contamos con el apoyo del oficialismo para que sea debatido y sancionado, de lo contrario nuestro país ya tendría ley impidiendo su venta a extranjeros.
Sin embargo, hace unos días la Presidenta de la Nación anunció y envió al Congreso de la Nación su proyecto de ley de “Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”. Ahora bien, a pesar de considerar importante que el oficialismo se interese finalmente por esta problemática….
Queremos dejar sentadas nuestras profundas diferencias con la iniciativa oficial:
En principio entendemos que el Ejecutivo presentó un proyecto ambicioso en su título y en sus fundamentos y pobre en el articulado. En una construcción discursiva tramposa se dice en el mensaje que la norma pretende “evitar la consolidación de procesos que podrían comprometer gravemente el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos no renovables”, sin embargo el proyecto no solo permite la consolidación de un modelo al asegurar que “no se afectarán derechos adquiridos” (a pesar que muchos de esos derechos se adquirieron irregularmente) sino que lo profundiza permitiendo que los extranjeros sigan comprando tierras.
Esto es así dado que fija el tope de tierras rurales que podrán ser de propiedad de extranjeros en un 20% de las existentes en el país. La iniciativa de la presidencia de la nación invita a duplicar el porcentaje existente. El “tope” del 20% es, a nuestro juicio, demasiado alto y no solo no detiene el proceso de extranjerización sino que lo estimula!
Por otra parte, a pesar de referirse en los fundamentos a la protección de los recursos naturales no establece restricciones para aquellas tierras donde los recursos se encuentren. Ello significa que, de aprobarse la iniciativa de la presidencia tal cual fue enviada, un extranjero podrá comprar tierras con fuentes de agua dulce, bosques nativos, áreas protegidas o patrimonio cultural, sin distinción alguna.
No impide tampoco la venta de tierras en zonas de seguridad de frontera, dejando vigente la “preferencia” a argentinos pero abierta la vía de excepciones y con ello la posibilidad para que las empresas mineras de capitales foráneos se extiendan a lo largo de la cordillera, se construyan aeropuertos extranjeros en la costa patagónica, se establezcan plantaciones de pinos y papeleras en la mesopotamia, etc…
Siguiendo con falsas restricciones propone limitar la propiedad que cada extranjero podrá poseer en 1000 hectáreas. Esta extensión en el núcleo de la Pampa Húmeda (sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, norte de Buenos Aires) excede significativamente las necesidades de un productor rural mediano. El valor comercial de esa fracción de tierra en la zona núcleo supera los 10.000.000 de dólares, inversión que a todas luces no es para cualquier extranjero que quiera radicarse en el país sino solo para aquellos que quieren hacer negocios con la tierra.
Y a pesar de anunciarlo como objeto de la ley, no regula la posesión sin título y la tenencia de tierras. En esta última opción entran muchos de los grandes emprendimientos agrícolas en los que se arriendan miles de hectáreas sin que se transfiera la titularidad.
Ahora bien, la Presidenta en su discurso dijo que el proyecto es perfectible y que estaba abierta la discusión para aportes, y nosotros estamos dispuestos a participar activamente en el debate. En ese sentido…
Propondremos la incorporación de los siguientes puntos de mi proyecto:
- Establecer en el 10% la superficie total de inmuebles cuyos titulares sean extranjeros, teniendo en cuenta todos los inmuebles sobre las cuales ya se hayan adquirido derechos reales, posesión o tenencia por parte de extranjeros con anterioridad a la vigencia de esta ley. No aceptaremos el 20% como tope porque de esa manera seguimos vendiendo la Argentina. En vez de proteger las tierras estaríamos ofertándolas.
- Que se prohíba la adquisición de inmuebles rurales que excedan una unidad económica y contengan fuentes de agua, bosques nativos o se encuentren en áreas protegidas, de interés cultural o zonas de seguridad de fronteras. Esto sí permitirá proteger “la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos”.
- Requerir que los adquirentes extranjeros se adecuen a la ley en un plazo razonable, incumplimiento que provocará la pérdida del dominio.
Consideramos que en nuestro país son demasiadas las tierras que están en manos foráneas, consideramos que el proceso de extranjerización debe detenerse en forma urgente. Y entendemos, a su vez, que este proceso forma parte de un problema más profundo y que es hora de debatir: la concentración y transnacionalización de la tierra y de los recursos naturales. No pretendemos quedarnos solo en «quién» detenta la titularidad sino que estamos dispuestos a avanzar en el cómo y para qué se es propietario. Los conflictos sobre tierras se extienden a lo largo de todo el territorio nacional, generan desalojos, desarraigo, hambre, contaminación, violencia y en muchos casos muertes.
Exigimos, como hace dos años, que comience de inmediato el debate sobre estas cuestiones que hace tiempo deberíamos haber comenzado a discutir para lograr la mejor ley.