Con la misma metodología parapolicial denunciada en varios intentos de desalojo tanto de campesinos como de organizaciones indígenas, la familia Riera sufrió, el pasado 5 de octubre, un ataque realizado por encapuchados en la localidad de Hickman, Salta. El 15 de septiembre, otro intento de desalojo de similares características se producía en la provincia de Río Negro sobre la comunidad Newen Twain Kom en Ñorquinco. Ante estos hechos, Claudio Lozano, primer candidato a diputado por el Frente Amplio Progresista, junto a la diputada Liliana Parada presentaron en la Cámara de Diputados un pedido de declaración de repudio, que expresa la postura de la totalidad de las organizaciones sociales, campesinas, sindicales y político-partidarias que participaron de la audiencia pública sobre “Estructura de Tenencia y Función Social de la Tierra Rural y Soberanía Alimentaria”, convocada en el marco del Frente Parlamentario contra el hambre, que impulsan legisladores de diferentes países.
Entre sus contenidos, el texto de repudio señala:
– Un hecho más en la provincia de Salta que prueba el comportamiento de las instituciones como si se tratara de un feudo y no de una provincia democrática, en donde lejos de las actuaciones conforme a derecho, priman las viejas prácticas de la última dictadura militar para amedrentar a aquellos que se organizan y luchan.
– Ambos casos prueban que a la hora de defender los intereses de los terratenientes se cercenan los derechos de aquellos que han vivido en aquellas tierras durante años, en un caso, y ancestralmente en el otro. Y que la connivencia de los estados provinciales es tal, que la mayoría de los ciudadanos no tienen capacidad de hacerse escuchar. Los miembros del Frente Parlamentario Contra el Hambre entendemos que es menester poner en agenda un tema fundamental en nuestro país: el hambre que sufren millones de conciudadanos. En este sentido, la desposesión de tierras a poblaciones que utilizan la misma para su subsistencia determina la imposibilidad de gozar de un derecho humano básico, que refiere ni más ni menos que al derecho a la vida.
Organizaciones adherentes:
Frente Popular Dario Santillan
FAN – Frente Agropecuario Nacional
Foro de Organizaciones de la Agricultura Familiar (FONAF )
Madres de Ituzaingó
ProDeLoS – Asociación Civil para la Promoción del Desarrollo Local Sustentable ADHIERE
Despacho Diputada Laura S. Garcia Tuñon – Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FOCO – Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos
Miguel A Marino, C Quijano, Salta
Arturo Avellaneda permahabitante
ATTAC – Argentina
CADTM – AYNA (Comité por la Anulación Deuda Tercer Mundo – Abya Yala Nuestra América)
Rafael Gentili, diputado CABA Proyecto Sur
María América Gonzalez / Buenos Aires Para Todos
Cátedra Libre de Soberania Alimentaria de la UNLP
Movimiento Estudiantil Liberación La Plata
asoc. Civil Develar – Observatorio de DDHH y Pràcticas Políticas,
Centro de Estudiantes de Cs Naturales y Museo (La Plata)
Frente Natural (La Plata)
Agrupacion Jorge Ricardo Masetti (La Plata).
Barricada TV (televisión alternativa)
M31 Sociales UBA
MURO Humanidades Posadas
AEE Exactas y Cs Naturales Posadas
CTD Anibal Veron
Frente Territorial 26 de Junio
Corriente de Trabajadores 19 de Diciembre
MPR Quebracho
OLP
Wirajhcocha reflexión rural
Coordinadora por la Libertad de Los Presos Políticos
Declaración:
Organizaciones Sociales y el Frente Parlamentario Contra el Hambre repudian los desalojos a comunidades campesinas y pueblos originarias
Las organizaciones sociales abajo firmantes en conjunto con el Frente Parlamentario contra el Hambre repudiamos los intentos de desalojo violento perpetrados contra la familia Riera en Hickmann, provincia de Salta y la comunidad de Newen Twain Kom en Ñorquinco, provincia de Río Negro. En ambos casos la connivencia entre los que denuncian supuestas usurpaciones y el poder político y judicial se hace evidente.
Ambos casos tienen una característica común: el uso indiscriminado de la violencia, tanto institucional como parapolicial y la criminalización de aquellos a los que no les queda más que resistir con sus cuerpos como único escudo frente a la violencia institucionalizada.
Alfredo Riera es presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño e integrante del Foro Nacional de Agricultura Familiar. El pasado miércoles 5 de octubre, un grupo de civiles encapuchados y armados -aproximadamente 25 personas de las cuales 3 eran policías retirados- ingresaron en las 200 has que posee la familia Riera. Una vez adentro, incendiaron las instalaciones ganaderas, destruyeron el pozo de agua, el rancho e incendiaron el alambrado de la tierra. Estos hechos se realizaron ante la presencia del Oficial de Justicia el Sr. Aguirre, enviado por el Juzgado de la Dra. Ana Maria Feudis quien no medió ninguna documentación u oficio que avalara el accionar de la destrucción de la propiedad de la familia Riera y a pesar de que los mismos tuvieran pruebas fehacientes de habitar esas tierras desde hace mas de 60 años.
Un hecho más, en este caso en la provincia de Salta, que prueba el comportamiento de las instituciones provinciales como si se tratara de un feudo y no de una provincia democrática, en donde lejos de las actuaciones conforme a derecho, priman las viejas prácticas de la última dictadura militar para amedrentar a aquellos que se organizan y luchan.
En este caso el Consejo Asesor Indígena (CAI) denunció el pasado 15 de setiembre el ingreso de un desconocido armado que dijo ser vocero de los intereses de Mohan (estanciero rionegrino), con disparos de arma de fuego intentó permanecer en territorio de la comunidad originaria Newen Twain Kom (NTK). Al fracasar su intento de permanecer por la fuerza, el 27 de setiembre este mismo personero denunció a dos miembros de la NTK ante el juez Gaimaro Pozzi por presuntas amenazas asegurando que unpeñi le disparó con arma de fuego a su camioneta. Así, el juez penal libró la orden de allanamiento, requisa de armas, desalojo y toma de posesión del territorio mapuche, transformando una supuesta amenaza a la integridad física de un extraño en el artilugio para que finalmente Mohana usurpe parte del territorio de la mano del aparato del Estado de Río Negro.
Ambos casos prueban que a la hora de defender los intereses de los terratenientes se cercenan los derechos de aquellos que han trabajado la tierra durante años en un caso y ancestralmente en el otro. Y que la connivencia de los estados provinciales es tal, que la mayoría de los ciudadanos no tienen capacidad de hacerse escuchar. En estos casos, tuvimos la posibilidad de tomar conocimiento de estas aberraciones. Pero la mayoría de las veces estos desalojos se realizan de forma silenciosa y violenta y las familias deben abandonar sus tierras dejando atrás su hogar, su trabajo y su historia de vida.
Nuevamente se hacen presentes las “bondades” de un “modelo” que despoja, desmonta y sacraliza el derecho de propiedad por sobre el derecho a vida y la dignidad de los seres humanos. Hoy somos testigos de un proceso de avance sobre absolutamente todo el territorio nacional de un modelo de agronegocio que excluye. El uso de la violencia tiene un fin claro y preciso: amedrentar y quebrar física y moralmente a todos aquellos que reclaman por lo que les pertenece. Nuevamente el miedo y el escarnio son los mecanismos utilizados para acallar las voces que se levantan reclamando por el derecho a vivir y trabajar la tierra en la que nacieron ellos, sus padres y sus abuelos.
En tal sentido, organizaciónes sociales, ong’s, diputados y diputadas de la Nación entendemos que nuestro rol es alertar sobre toda forma de violencia indiscriminada que atente contra el derecho humano a la vida que tutelan todas las convenciones y tratados internacionales que nuestro país ha suscripto. Creemos que el repudio a estos hechos son necesarios para visibilizar una guerra silenciosa que vienen librando miles de campesinos, pequeños productores y pueblos originarios frente al capital nacional y trasnacional que en su voracidad por alimentar el agronegocio, deja vacías las bocas de millones de niños en nuestro país cuyas familias se ven impedidas de garantizarles el sustento.
Seguimos peleando por la defensa de la soberanía alimentaria y popular, por la no criminalización de la protesta y por la reforma agraria integral y un paés donde se priorice la agricultura familiar, el autoconsumo popular y los intereses del pueblo frente a los intereses de las transnacionales y el agronegocio.
