En una audiencia convocada por la legisladora Victoria Donda, diversos diputados nacionales, abogados e integrantes de gremios y movimientos sociales debatieron sobre la la criminalización de la protesta.
Ante la cada vez más recurrente utilización del Poder Judicial para procesar penalmente a referentes de movimientos sociales, se realizó en el Congreso de la Nación, por iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos, una jornada para escuchar el testimonio de organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos y estudiantiles que expusieron distintas facetas de lo que consideraron un recrudecimiento de una avanzada en la criminalización y judicialización de la protesta social.
Estuvieron presentes los diputados nacionales del Frente Amplio Progresista, Claudio Lozano, Víctor de Gennaro, Victoria Donda, Eduardo Macaluse, Margarita Stolbizer, Gerardo Milman y Horacio Alcuaz (autor de un proyecto de amnistía), Jorge Cardelli por Proyecto Sur y María Luisa Storani por la UCR.
Uno de las propuestas que debatieron los legisladores fue la de una amnistía generalizada para evitar la criminalización de la protesta, que hoy contabilizaron en más de cinco mil casos de judicialización en todo el país.
También expusieron el abogado y sociólogo Roberto Gargarella, así como Leonardo Filippini, abogado de la UBA, Master en Derecho de la Universidad de Palermo, y de la Universidad de Yale.
Fillipini expuso sobre el estado de indefinición que rodea a los procesos judiciales, responsabilizando de ello al Poder Judicial en general y a la Corte Suprema en particular, que no ha tenido una postura clara que “baje línea” en el sentido de la no criminalización de la protesta, lo que ha resultado en la utilización a tal fin de una multiplicidad de tipos penales utilizados por jueces sin ningún tipo de racionalidad y fundamento (algunos ejemplos son: atentado y resistencia contra la autoridad, perturbación de funciones públicas, robo, extorsión, usurpación, daños, entorpecimiento del transporte y los servicios públicos, intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen, lesiones, coacción, coacción agravada, sedición, privación ilegítima de la libertad, amenazas, entre otros).
Asimismo Fillipini advirtió sobre el Proyecto de Ley de financiamiento terrorista exigido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro de Inversiones Externas Directa, y que a fin de cumplir con las exigencias de dicho organismo internacional, el Poder Ejecutivo Nacional enviara recientemente para su tratamiento en el Congreso.
En la misma línea, el abogado Roberto Gargarella sostuvo: “Se ha vaciado la defensa de la libertad de expresión del contenido sustantivo que tiene, que es una defensa de la democracia desde una concepción de la democracia que va mucho más allá del voto. La cuestión no es expresión versus tránsito, y mucho menos cuando es a favor del tránsito”.
Por su parte Lozano caracterizó: “Estamos entrando en una etapa distinta, con un escenario de mayor conflictividad”, en la que destacó el alza de los conflictos laborales (el Observatorio Social Sindical de la CTA contabilizó en el primer semestre del año 206 denuncias de violaciones a la libertad sindical), aquellos que resultan de la expansión de la frontera agrícola y la represión a pueblos originarios. Planteo que a la represión de los gobiernos nacional y provinciales se ha sumado la tercerización de la represión, que se viene repitiendo cada vez con mayor recurrencia, y dio el ejemplo de los casos de Cristian y Mariano Ferreyra y lo sucedido en el Indoamericano».
Horacio Alcuaz, autor de un proyecto de amnistía trabajado junto con distintos organismos de derechos humanos, que dispone “la extinción de la pena y/o la acción penal (proceso) en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo o finalidad de reivindicación social, económica, política, laboral, sindical, gremial, cultural, estudiantil, ambiental, de usuarios, de derechos de los pueblos originarios, de derechos humanos, de salud pública, de educación, de justicia, a las que se les impute una figura penal, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión”, explicó que el proyecto se encuentra trabado en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados ya que los diputados “no se animaron a hacer uso de la mayoría que detentan y rechazar el proyecto porque tenían que sacarse del todo la careta”.
También se escucharon las voces de referentes sociales y políticos que han sido judicializados en los últimos meses. El delegado ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero -acusado de impulsar la quema de vagones del ferrocarril Sarmiento-, expresó su preocupación por la quita y amenaza de quita de personería a algunos gremios, por el crecimiento de la tercerización de la represión y propuso hacer un llamamiento amplio para frenar la criminalización, convocando a una marcha contra la criminalización de la protesta desde Congreso a Plaza de Mayo, convocada por el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, que se realizará hoy por la tarde. La misma tiene como consignas la exigencia de Libertad a Olivera, Oñate, Tapia, Claros, Germano y todos los presos por luchar, desprocesamiento, cierre de las causas y anulación de las condenas de los 5000 luchadores obreros y populares, y basta de patotas sindicales y paraestatales contra los que luchan.
Por su parte, Vilma Ripoll, procesada junto al titular del Partido Obrero Néstor Pitrola por acompañar el conflicto de Kraft, sostuvo: “Se le está cayendo la careta a este gobierno que se dice de los derechos humanos. Frente a la crisis y el aumento de la protesta, el negocio es tenernos procesados”.
También se manifestaron los referentes sociales judicializados por la causa del Indoamericano. Diosnel Pérez, del Frente Darío Santillán y el “Tano” Nardulli de la Corriente Clasista y Combativa, quienes repudiaron el accionar policial en el desalojo del Indoamericano, en donde fueron asesinadas tres personas, y la posterior respuesta de la Justicia que criminalizó a los principales dirigentes por la toma del Parque Indoamericano.
Los delegados de Kraft, Lorena Gentile y Javier Hermosilla, junto con Victoria y Edgardo Moyano del PTS, hicieron referencia a la denuncia presentada en los tribunales federales de Retiro por infiltración e “inteligencia ilegal” por parte de agentes de Gendarmería Nacional en distintos conflictos en fábricas de la zona norte entre 2009 y 2011 y marchas por el asesinato de Mariano Ferreyra. Por su parte el concejal de Merlo Horacio “Lula” Cepeda, denunció el manejo de feudal de Othaecé en Merlo.
También estuvieron presentes trabajadores del Teatro Colón; dirigentes de la FUBA; el dirigente portuario Pancho Montiel y Jorge Ceballos, ambos de Libres del Sur; Néstor Pitrola del Partido Obrero; José Castillo de Izquierda Socialista; Hugo Blasco, Secretario de Derechos Humanos de la CTA; Diana Cordón de Liberpueblo; Carlos Ghioldi de La Toma de Rosario, procesado en la causa iniciada por los sucesos violentos impulsados por las patronales de la industria lechera en diciembre del 2008; delegados de la comisión interna de la Línea 60; del Hospital Italiano, y ferroviarios del Roca.
Fuente: Marcha http://www.marcha.org.ar
