La semana pasada, el diputado Nacional Víctor De Gennaro, vicepresidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, fijó su postura y abrió el debate sobre el Trabajo Rural. Ley que cuenta con media sanción de esta Cámara y que en el transcurso de esta semana será tratado por la Cámara de Senadores.
Compartimos aquí su exposición sobre este tema.
Sr. De Gennaro.- Señor presidente: en verdad me tocan las generales de la ley, y como Juan Calos Zabalza, no estoy exento de emociones por muchas cuestiones, por el lugar donde me toca intervenir y por esas casualidades, tengo que hacer la introducción sobre este proyecto de ley que sin lugar a dudas vamos a acompañar por una de las razones fundamentales por las que voy a tener la posibilidad de explayarme. Después, la señora diputada -casi digo compañera- Alicia Ciciliani” va a precisar alguno de sus artículos.
Soy de los que creen que en el sindicalismo tuve lo oportunidad, como trabajador y militante, de ocupar cargos privilegiados y aprendí que la historia no empieza cuando uno llega y por suerte no termina cuando se va.
Esta ley tiene mucho que ver con la historia.
Hace pocos días en la provincia de Santa Cruz, frente a la estanciaLa Anita, nuestros compañeros y Osvaldo Bayer ratificaban que hace noventa años eran fusilados miles de trabajadores rurales, que planteaban frente a Menéndez Behety y a los dueños de la Patagonia, los derechos más elementales que sin lugar dudas todos ustedes conocen. Noventa años marcaron una de las situaciones que más duele en nuestra patria, que es profundamente dependiente de la producción agrícola ganadera.
Los noventa años nos ilustran sobre la importancia de los trabajadores rurales. El 17 de octubre de 1944 Perón sancionaba el estatuto del peón rural, y esto no fue soportado por los sectores de la oligarquía, que atacaron duramente y terminaron encarcelandolo.
Por la casualidad o la providencia –según se crea‑ el 17 de octubre del año siguiente se produjo la irrupción y el protagonismo de la clase trabajadora en nuestro país.
Fue ese estatuto y todos los institutos que conformaron el primer gobierno peronista lo que permitió que se abrieran instancias de recuperación de la dignidad de los trabajadores. Luego, 1955 los retrotrajo absurdamente.
Veinte años después, los trabajadores rurales volvían a recuperar su dignidad, pero profundizándola. Ya no eran necesarios institutos tutelares, un Consejo Nacional de Trabajo Rural o una Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Había posibilidades de que se cumpliera la incorporación de los trabajadores rurales, sin problemas ni inconvenientes, a la ley de contrato de trabajo. La ley 14.250 era el derecho que tenían.
La ley que hoy tenemos el privilegio de derogar, la 22.248, firmada por Videla y propuesta por Martínez de Hoz, retrotraía nuevamente estos derechos. Recién hoy, muchos años después de recuperadas las instituciones democráticas, estamos derogando una ley de la dictadura militar, que lleva la firma de los genocidas.
Esto es necesario pensarlo. Lo que se vive dramáticamente, aquí puede sonar a un discurso o parecer envalentamientos o discusiones, pero en la realidad concreta, es vida o muerte. De aquí deriva nuestra satisfacción de derogar esta ley.
Habríamos querido que fuera mucho antes. Ya Claudio Lozano presentaba desde 2005 proyectos con esta simpleza, a fin de que los trabajadores rurales tengan su derecho como trabajadores. No necesitan de papás.
La ley de la dictadura dice que se debe tener fidelidad al patrón. Esta es la concepción de los oligarcas, dueños de la tierra, pero también de los papás, que son producto de esta mentalidad oligarca.
A los trabajadores rurales no les estamos regalando nada, pues pelean todos los días.
Ojalá esa pelea se la reconociera a fondo y se dejara de tutelar. No hace falta que les den un Consejo o una Comisión Nacional de Trabajo Rural o Agrario. Necesitamos que vuelvan a tener convenciones colectivas de trabajo –la 14.250‑ y la ley de contrato de trabajo.
Hay que creer y no tener miedo a la propia organización de los trabajadores. Hoy los trabajadores están peleando claramente, como lo hacen los tareferos en Misiones, los trabajadores rurales en Chañar y los sindicatos de los trabajadores de la fruta en Jujuy, donde el dueño es el ingenio Ledesma. Ahí, donde el genocidio cobró víctimas, se están organizando, como los viñateros de San Juan, los ajeros de Mendoza. La mayoría son jóvenes menores de 30 años, con compañeras de la misma edad. Es una juventud que se está organizando para disputar palmo a palmo la recuperación de los derechos. Esos derechos no necesitan papás, necesitan apertura democrática.
Hoy más que nunca saben que tienen que enfrentar la precarización y clandestinización del trabajo. En el sector urbano hay más organización, decía Mouillerón, y el trabajo clandestino llega al 33 por ciento, mientras que en la zona rural supera el 50 por ciento. Ahí es donde se debe tocar. Hay medio millón (500.000) de trabajadores con trabajo clandestino, y a ellos hay que abrirles la posibilidad de la instancia organizativa, que con esta ley se les mezquina.
Vamos a apoyar este proyecto, pero hay que ser más generosos y creer en la organización y los derechos de los trabajadores.
Se está discutiendo la representación en el RENATRE, tema en el cual nos vamos a abstener. No queremos discutir esa caja ‑como decía Mouillerón‑ ni de uno ni de otro. Nuestra discusión es desde los trabajadores.
Pero fíjense la diferencia de pensamiento: el ministro de Trabajo admite que haya cuatro representaciones del sector patronal, pero en el sector de los trabajadores tiene que haber un unicato. Lo que perjudica a los trabajadores no es la atomización sino que no puedan elegir y organizarse democráticamente. Nosotros sabemos elegir.
En Uruguay hay una ley que no está impuesta y existe una sola central sindical, porque la unidad no se decreta sino que se construye consensuadamente representando auténticamente a los trabajadores.
Esa realidad es la que venimos a defender y por eso vamos a votar gustosamente la eliminación de una ley de la dictadura. Creo que no hay que tenerle miedo a eso.
Para mí las cosas son de vida o muerte. Ojalá todos las sintamos con la misma pasión. Yo no subestimo a nadie y respeto a todos, pero hace un mes tuve aquí mi primera gestión como diputado electo. Hace un mes asesinaban a Cristian Ferreyra en Santiago del Estero.
Han cambiado los nombres. Antes era Menéndez Behety; ahora sigue Bunge y Born, Pérez Companc, el ingenio Ledesma, Olmedo, y también siguen los trabajadores y el campesinado de nuestro pueblo peleando por cambiar este modelo productivo que heredamos de la dictadura militar, que concentra y extranjeriza, y por eso estamos de acuerdo en votar que se acabe una ley de la dictadura. (Aplausos.)
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