Las argumentaciones oficiales que intentan asociar esta legislación con el objeto de controlar los golpes especulativos en el mercado cambiario, no son otra cosa que vanos intentos de darle un barniz progresista a una legislación cuyo único sentido es el de disciplinar y criminalizar la protesta social. A la vez, la aparición de este proyecto de ley en u marco político donde en los últimos dos años se han vivido una veintena de situaciones represivas acompañadas de asesinatos en distintos conflictos sociales, donde a la vez, la Presidenta de la Nación asocia en sus discursos el reclamo social con la extorsión, y donde el escenario futuro habla de menor crecimiento y por tanto mayor conflicto social, todas estas razones no hacen mas que agravar nuestra preocupación.
Como dato final hay que decir también que este tipo de legislaciones que definen el delito de terrorismo de manera absolutamente ambigua, se inscriben en la estrategia de la Doctrina de la Seguridad Preventiva que los Estados Unidos impulsan como modo de controlar el conflicto social a nivel internacional.
En este sentido, los acuerdos que en su última reunión dicen haber alcanzado Cristina Fernández de Kirchner y Barak Obama sobre seguridad y terrorismo, constituyen también un antecedente claro para entender el apuro oficial.
