Para el Presidente del Boque Unidad Popular, el diputado Claudio Lozano, “las medidas de ajuste y el conflicto social y político que evidencian las provincias de Río Negro y Santa Cruz, adelantan la contradicción principal que vivirá la Argentina 2012.”
Lozano sostuvo que, “mientras los resultados electorales del 23 de octubre confirmaron la decisión del pueblo argentino de preservar los avances vividos a partir de las movilizaciones del 2001 y 2002, en simultáneo se observa el final de la fase de crecimiento acelerado que nuestro país viviera desde el 2002 hasta hoy con la sola interrupción del año 2009.
En términos políticos el 54% de Cristina Kirchner y el 16% del Frente Amplio Progresista sumado a la debacle de las expresiones del pasado noventista, ratifican que los argentinos no solo siguen repudiando la experiencia neoliberal, sino que han fortalecido las condiciones políticas para profundizar la democratización institucional, el cambio productivo, la distribución equitativa de los ingresos, la soberanía nacional, y la proyección regional de América Latina. En términos económicos, el agotamiento de la capacidad instalada, la evidencia de un comportamiento deficitario de la inversión (tanto en cantidad como en calidad) durante la fase de crecimiento acelerado, y el carácter de la crisis mundial, permiten avizorar un futuro de estancamiento o lento crecimiento. Esta realidad define la incorporación de nuevos problemas al cuadro social -por cierto, delicado- que la Argentina exhibe. Los datos del propio INDEC-Morenista, señalan que seis de cada diez hogares no cubren una canasta familiar de 6000 pesos y tres de ellos están sumidos en la pobreza. Desde el 2007, el fenómeno inflacionario interrumpió los limitados y desiguales avances observados en materia de distribución del ingreso, al tiempo que las restricciones del patrón productivo definieron el estancamiento en la generación de empleo. Un cuadro de estancamiento o crecimiento lento agravaría la cuestión del empleo en un contexto donde el intento de ordenar la situación inflacionaria pondría topes a la recuperación de los salarios y los ingresos. Así mismo, el menor crecimiento debilita los ingresos fiscales en un contexto de déficit y plantea un escenario restrictivo en materia de recursos públicos para la administración de los conflictos por parte del gobierno. Las decisiones oficiales dirigidas a eliminar subsidios, la interrupción en diferentes organismos de la administración pública del plus salarial que se otorgaba a fin de año, así como las ausencias de los complementos anuales que percibían los jubilados en las fiestas, son las primeras evidencias del cambio de etapa en un gobierno que vino disimulando el debilitamiento de su estrategia económica y de las cuentas públicas, apelando a los recursos del Banco Central, del Banco Nación y del ANSES. La reforma impositiva pendiente, la renuncia a la captura fiscal de las rentas extraordinarias asociadas a la explotación de los recursos naturales de nuestro país (hoy en manos privadas), la ausencia de regulaciones eficaces sobre la concentración, la trasnacionalización y la inversión productiva, son las cuestiones que en tanto no han sido asumidas por la administración gubernamental, ni en términos económicos ni en términos políticos, definen hoy la contradicción principal del futuro argentino.
Un pueblo que no está dispuesto a retroceder y un gobierno cuyo marco de alianzas políticas y su lógica económica termina ubicando como solución la contención y el retroceso de los ingresos populares.Este es el dilema del futuro argentino en una situación social que, si bien es mejor que la del 2002, sigue estando atada con alambres.
Para ser fiel a su discurso de inclusión social, el gobierno deberá replantear su propia base de acumulación político-electoral (gobernadores, parte de la estructura del PJ y de la estructura sindical). De lo contrario, si mantiene fidelidad a sus socios políticos actuales terminará confrontado con la demanda popular.”