Desde Buenos Aires Para Todos evaluamos como muy positivo el reciente traspaso por parte del Gobierno Nacional a la Ciudad Autónoma del servicio de subterráneos, un avance en el marco de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Es justo decir, que el conjunto de las competencias que por ley corresponden a la Ciudad está muy lejos de concretarse ante la falta de iniciativa política de ambos gobiernos (tanto Nacional como el de la Ciudad)
Lejos de ser esta medida parte de una transferencia real hacia la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, se trata de un proceso de ajuste de las cuentas públicas nacionales que busca desconcentrar recursos ante el déficit imperante.
A su vez, mantiene la concesión con la empresa del grupo ROGGIO, que demostró desde el año 1993 (año en que se adjudicó la concesión del subte) una reiterada y manifiesta desinversión sobre el actual servicio; a pesar de haber llegado con el discurso de la época que las empresas privatizadas mejorarían la vida de los argentinos. De este modo, la empresa logró extender su concesión hasta el año 2017 a pesar del malestar de los usuarios, y la complicidad de los gobiernos nacionales y locales de turno.
1. El derecho a la movilidad como política social universal
Desde Buenos Aires para Todos creemos en el diseño de políticas de transporte desde una perspectiva distributiva e inclusiva. En este sentido, el subte es concebido como un potente motor que garantizaría el acceso igualitario a un servicio público para todos los habitantes de la Ciudad. Es necesario, invertir ingentes recursos públicos para sostener una política social activa como esta. Para ello, las tarifas deben estar fijadas de acuerdo a este derecho fundamental y no a criterios de rentabilidad empresaria.
En este plano, la discusión en torno a garantizar el actual monto del subsidio y el pago del 50% que corresponde a la Ciudad, debe estar fundado en beneficio del conjunto de la sociedad y no al amparo de las ganancias millonarias que la empresa concesionaria viene registrando en los últimos años.
No es cuestión de subsidiar el servicio beneficiando a la empresa, sino intentar mantener el precio lo más bajo posible para garantizar el derecho universal a la movilidad dentro del territorio de la Ciudad. En este sentido, el sistema de subsidios debiera estar acompañado de un plan de inversiones real y ejecutable en los próximos años para mejorar la frecuencia del servicio y dotar de infraestructura al ya obsoleto equipamiento actual (producto del deterioro, desidia y abandono de la empresa concesionaria)
2. Potestad de la Legislatura:
En relación al reciente traspaso del servicio de subtes de la Ciudad de Buenos Aires, la Legislatura tiene como función, según establece la constitución de la Ciudad, de aprobar todos los tratados o convenios realizados por el Jefe de Gobierno (Art. 80, inc. 8). Al mismo tiempo la regulación tarifaria también es potestad de la Legislatura por el art. 13 de la Ley 210, que manda realizar audiencias públicas en caso de una propuesta de modificación de la tarifa.
En este contexto el Gobierno de la Ciudad debe poner en consideración ambas cuestiones en una sesión de la Legislatura Local que apruebe los pasos realizados.
Desde Buenos Aires para Todos llamamos al Gobierno de la Ciudad a abrir una mesa de trabajo y discusión que convoque al conjunto de las fuerzas políticas del distrito, junto con los trabajadores del subterráneo, las asociaciones de usuarios y consumidores, organismos de control (como el Ente de Servicios Público), la empresa y el Gobierno de la Ciudad en el marco de la Legislatura de la Ciudad.
En esta mesa deberán evaluarse a corto plazo las condiciones de contratación actual de la empresa concesionaria, los cumplimientos a las cláusulas del mismo, así como también el proceso de fiscalización y control por parte de los organismos públicos de la Ciudad en torno a la nueva gestión. Y a largo plazo, planificar y diseñar las alternativas tras el vencimiento del contrato de concesión actual.