Por Horacio Fernández
A fin de poder debatir sobre la quita de subsidios y la discusión entre el gobierno nacional y las petroleras, vale la pena hacer algunas precisiones, ya que aunque el discurso oficial lo niegue ambos temas llevan a una discusión más profunda: La política energética en nuestro país.
En primer lugar la decisión de achicar el gasto público no hace más que explicitar el déficit fiscal hasta ahora negado y encubierto por transferencias de fondos del ANSES (que debieran mejorar la situación de nuestros jubilados) y otros recursos (BCRA y Banco Nación, PAMI) y que de seguir la tónica llevada hasta el momento superaría este año los 50.000 millones de pesos.
Sabemos gracias a la información oficial que los subsidios eliminados en esta primera etapa y que alcanzan a $ 4.600 millones beneficiaban a grandes empresas y barrios de alto poder adquisitivo, mientras el 47% de los hogares carece de cloacas, el 44% de gas por red y el 22% de agua corriente. Un sinsentido total ya que frente a la presencia de recursos la justicia en la asignación del gasto público fue a todas luces la de Hood Robin y lleva a dudar que frente a la falta de estos recursos los ahorros, producidos tengan por destino resolver estas inequidades.
Por otra parte de los más de $ 80.000 millones destinados a subsidios durante el año 2011 el 85% se justifica por los rubros energía y transporte lo que explica la particular forma en que está organizado el complejo petrolero y energético del país.
Así las cosas vale la pena precisar que entrarle a la discusión sobre la quita de subsidios sin considerar la estructura de costos y por consiguiente las estructuras tarifarias vigentes y marcos regulatorios vigentes desde el menemismo, no solo es limitado sino que camina hacia la inequidad más absoluta, ya que las rentas extraordinarias del complejo hidrocarburífero alimentadas por los subsidios, frente a la eliminación de los mismos será alimentada por el bolsillo de los usuarios. Vale aclarar que este complejo directamente no solo explica el valor de los combustibles tanto para el transporte, el uso industrial y doméstico, sino que dada la irracional matriz energética de nuestro país, explica casi el 90% de la generación eléctrica.
Para ser precisos cuando hablamos de renta extraordinaria de este sector hablamos de un promedio anual entre el 2003 y 2l 2009 de algo más de 12.000 millones de dólares. La magnitud de semejante renta tiene su explicación precisamente en la estructura de costos a la que hacíamos referencia. En efecto al año 2009 el costo de extracción de un barril de petróleo alcanzaba los 12U$S (reconocido por las empresas) , al tiempo que en el mercado interno cotiza a 52U$S. cabe aclarar que en nuestro país la presencia de gas en yacimientos esta asociada a la de petróleo, es decir, cuando se extrae gas se extrae petróleo, por lo tanto los costos están plenamente vinculados, siendo considerado en el caso del gas muchas veces residual. Renta que se ve incrementada por las exportaciones del sector y la venta de insumos derivados a otros sectores, como fertilizantes, que se lleva a cabo a precio internacional.
Es decir, desentrañar esta madeja de subsidios que favorecieron grupos empresarios y sectores acomodados sin descargar los costos sobre los sectores más postergados requiere, más que declaraciones de pobreza de quienes lo necesitan, segmentar adecuadamente a los usuarios a fin de determinar quiénes deben ser asistidos, y avanzar sobre las rentas extraordinarias de este complejo. En este camino, derogar los decretos menemistas de desregulación y libre disponibilidad del crudo. Fijar su estructura de precios de acuerdo a los costos internos de producción y a partir de los mismos, los cuadros tarifarios que se desprenden resulta imprescindible si de progresismo se quiere hablar.
El debate
Hoy se trata de presentar el debate entre el Gobierno nacional y las petroleras como parte de una epopeya nacional y esta discusión merece algunas precisiones. En primer lugar y aunque resulte ocioso tal vez, aclaramos que impulsamos La Reconstrucción de una Empresa Estatal de Hidrocarburos como paso fundamental para recuperar la soberanía energética.
Dicho esto, la actual discusión se enmarca sobre un aspecto ya tratado en el punto anterior el creciente rojo de las cuentas fiscales. Entran aquí en la discusión la estrechez de la balanza comercial y la consiguiente falta de divisas alimentada no solo por la remisión de divisas del sector al exterior (9 de las 10 empresas mas grandes son extranjeras) así como por la necesidad de aumentar la importación de combustibles dada la caída de la producción de petróleo y gas ante la falta inversión durante años en exploración e incorporación de reservas del sector. Es decir la expoliación de nuestros hidrocarburos instalada durante el menemismo ha sido profundizada desde el 2003 a la fecha. Esto más allá que REPSOL haya hecho oídos sordos a la no remisión de utilidades formulada a fines del año pasado.
En este debate que desde algunos sectores se valora como el camino a la renacionalización de YPF, no está de más aclarar que la venta del 25% del paquete accionario de REPSOL al grupo Esquenazi también fue presentado hace muy poco tiempo como parte de la misma gesta, y parece no haber dado los resultados esperados, lo que merece algunas precisiones.
En primer lugar, porque al no revertir la política imperante desde los 90 el petróleo y el gas siguen considerándose como commodities. Es decir como simples mercancías que cotizan a precios de mercados y no como bienes estratégicos para el desarrollo nacional y esto va mas allá del origen de los capitales que las exploten (recordemos que Petrobras, la segunda en facturación en el año 2010 es una empresa estatal, claro brasilera)*.
Por lo tanto, la derogación de los decretos de desregulación y libre disponibilidad vuelven a tomar un sentido estratégico a fin de iniciar el camino de la recuperación de la política de recuperación de reservas y autoabastecimiento. Repetimos derogación de decretos, está en manos de una decisión política del Gobierno.
Asimismo, la falta de cumplimiento en la reposición de reservas en las distintas áreas, habilita a la reversión de contratos de concesión de las mismas. Esto permitiría al estado ejercer su soberanía sobre este recurso y obligar a al sector empresario a mejorar el horizonte de reservas. Lo señalado en el párrafo anterior y este es indispensable si se quiere retornar al camino del autoabastecimiento.
Pero avanzando más aún y en el camino de la reconstrucción de la empresa estatal de hidrocarburos: ha sido sobradamente demostrado lo fraudulento de la privatización de YPF. Subvaluación de las acciones: se entregaron a U$S 19 y luego de adquirido pasaron a más de 40 (por subestimación de reservas, por parte de la consultora que participo en el proceso privatizador), exceso de áreas concesionadas, no cumplimiento de las obligaciones ambientales y así de suyo hoy se tienen herramientas para avanzar, por parte del Estado, en la recuperación de este patrimonio y reconstruir una verdadera petrolera estatal que garantice la soberanía sobre este recurso estratégico.
Es decir, discutir en profundidad subsidios, tarifas, sector energético relación con la petroleras balance comercial del sector parecen tener un común denominador: Una política que desande el camino que se está llevando desde los 90 y profundizado del 2003 a la fecha, es la única posibilidad de que restituyendo grados de soberanía garantice herramientas para un desarrollo nacional, y no descargue el peso de rentas extraordinarias sobre el bolsillo de los consumidores.
La actual pelea pública con REPSOL no es mas que un apriete, con mucho de mediático y que mas parece destinado a llegar a un acuerdo, para que vía la menor remisión de utilidades y algún retoque en la inversión mejoren las cuentas públicas. Pero no significa en modo alguno un replanteo del modelo extractivista que comparten el Gobierno y el sector.
Cabe también enfatizar que frente a voces que hoy plantean llevar adelante una estatización pagando el valor de REPSOL no sería mas que premiar la expoliación de nuestros hidrocarburos, ya hicimos referencia a lo fraudulenta y violatoria del marco legal que fue la entrega de YPF.
Por eso decimos :
– Replanteo del marco regulatorio.
– Revisión de las concesiones. Tanto en su legalidad, como en el cumplimiento de los contratos y reversión de las mismas.
–Atado al punto anterior, estricto control ambiental de la actividad.
– Creación de una nueva Petrolera Estatal.
Otras estrategias pueden aliviar cuentas fiscales, pero de gesta nacional, o mejora progresiva en la distribución del ingreso, poco tienen.
* Vale esta aclaración, ya que según algunas informaciones periodísticas un camino en estudio para saldar la disputa con REPSOL, y al mismo tiempo hacer frente a una abultada deuda con Venezuela por importación de combustibles, es retirar áreas a la primera por sus incumplimientos y transferirlas a PDVSA. En esto hay que ser claros, lo que define el comportamiento de las empresas es el marco regulatorio que se les impone, más allá del origen de sus capitales.