Por Clarisa Gambera
La legisladora por Buenos Aires para Todos, Laura García Tuñón, presentó en el marco de las conmemoraciones por el 8 de marzo, Día de la Mujer trabajadora, dos Proyectos de Ley que pretenden ser un aporte en el abordaje de la problemática de la falta de lugares de cuidado para niñas y niños que afecta a las mujeres vulnerando el derecho a la igualdad de oportunidades en la Ciudad de Buenos Aires.
El cuidado de hijos/as en la agenda pública, un derecho y una obligación de todas y todos. Ambos proyectos apuntan a garantizar derechos para las trabajadoras y trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación al cuidado de hijas/os.
El jardín maternal en los lugares de trabajo es una deuda pendiente de la Ciudad con sus trabajadoras/as; establecido desde hace más de 35 años en la ley Nº 20744 en su artículo 179 que dice que: “En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan”. En algunos organismos del Estado Nacional se han ido abriendo jardines maternales o se ha establecido un monto de reintegro siempre en respuesta al reclamo de las trabajadoras que fueron logrando sumar, primero a sus compañeros para – de conjunto- establecer el derecho al cuidado de los niños/as como parte de la agenda de reivindicaciones gremiales a abordar en las paritarias sectoriales.
En la ciudad de Buenos Aires, salvo excepciones de algunos de los organismos autónomos (no todos) que han logrado el reintegro en sus espacios paritarios el resto no tiene garantizado este derecho porque no está garantizado en la Ley 471 que regula las relaciones de trabajo de los empleados de la Ciudad. Algunos de los hospitales públicos cuentan con jardines maternales que tiene prioridad para los trabajadores de los mismos, gracias a la lucha estos espacios educativos han sido incorporados a la enseñanza oficial de gestión estatal dependientes del Ministerio de Educación. “Es una vergüenza que haya empresas privadas que van incorporando este derecho para su personal y que el propio Estado lo desconozca” expresa preocupada la legisladora que explica que el deber del Estado es establecer políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades para todas las personas y en este caso para las mujeres que mayoritariamente son las que se encargan del cuidado de los hijos/as.
Trabajar, estudiar, ingresar y sostener un empleo, defender la autonomía económica para tener más recursos ante situaciones de violencia, son metas muy difíciles si no se cuenta con políticas públicas concretas. “Cuando las mujeres sean jefas de hogar y no haya opciones, la vulneración caerá sobre sus hijos/as; si el salario es bajo y si no se cuenta con una red social que pueda colaborar en el cuidado, son los más chiquitos los que terminan expuestos en jardines de infantes muy precarios o al cuidado de hermanas/a mayores pero no tanto”.
El proyecto presentado por la legisladora quiere plasmar legislativamente el trabajo que, desde sus organizaciones vienen instalando las trabajadoras respecto al reparto igualitario de tareas de cuidado y de la necesidad de contar con políticas públicas que favorezcan la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Por eso el segundo proyecto insiste con la extensión de la licencia por paternidad porque el cuidado de los hijos/as debe ser entendido como una obligación y un derecho compartido.
Se ha naturalizado que son las mujeres las que tienen el deber y están mejor dotadas para cuidar a los hijos/as y eso no es más que una construcción social que a los hombres les queda cómodo aceptar sin cuestionarse, las políticas públicas deberán implementar acciones concretas que permitan transformar los patrones culturales que vulneran el derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades. En este sentido el Estado de la Ciudad tiene la obligación de abordar la crisis de la falta de lugares de cuidado para niños y niñas que es un obstáculo más para alcanzar dicha igualdad.
Un reciente estudio realizado por ELA (Equipo latinoamericano de Justicia y Género) en el ámbito metropolitano reveló que en el 76% de los casos son las mujeres las encargadas de forma exclusiva de este cuidado, debido a la naturalización de su rol de cuidadoras queda claro que lejos estamos de garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres.
NO HAY VACANTES. Explican una y otra vez las maestras que les toca ser la cara visible del sistema ante cientos de madres y padres que hacen colas en los establecimientos educativos de nivel inicial que dependen del Ministerio de Educación.
Una vez que se han pasado diversos filtros que intentan desalentar la demanda y si se tiene la suerte de contar con los requisitos – por ejemplo estar en el radio del jardín maternal, ya que puede suceder que no se esté dentro de las 10 cuadras y aunque en su radio no exista ningún otro jardín usted quedará en el limbo de no contar con los requisitos de prioridad- la única propuesta que pueden hacernos es inscribir a los niños/as en la lista de espera. Puesto 3, puesto 14, puesto 400 hay que esperar y tal vez se mueva en el transcurso del año es la explicación. Entonces comienza la consulta en jardines maternales privados para empezar a hacer cálculos de costos en relación con el salario y la calidad educativa que soñamos para nuestros hijos/as. Si el sueldo es bajo y el trabajo precario la ecuación no cierra.
Ante esta situación Laura García Tuñón insiste en que la respuesta debe salir del Ministerio de Educación y debe respetar el criterio de universalidad de la educación en todos sus niveles, “que el problema exista hace mucho tiempo no hace menos responsable al macrismo de su abordaje” explica la legisladora y plantea que la falta de vacantes es un problema que se incrementa a un ritmo mucho más acelerado que las propuestas para palearlo.
En el año 2008 se llegó a 6000 niños/as –sólo contabilizando a los que se inscribieron en el sistema público- en lista de espera. Sin embargo, hubo que obligar al gobierno de Macri a realizar acciones. Tanto Nadarowsky en su rol de Ministerio de Educación como María Eugenia Vidal cuando estaba al frente del Ministerio de Promoción Social se vieron compelidos por la justicia a pagar una multa que se descontaba de sus sueldos de funcionarios por la falta de vacantes en el nivel inicial dado que constituye un vulneración del derecho a la educación. A pesar de esto se hizo necesario continuar el camino de reclamos judiciales que el gobierno de la ciudad se dedicaba a apelar en el camino de buscar vericuetos que le permitieran evadir su responsabilidad. Así se llegó a la instancia del acta acuerdo que instaba al gobierno a cumplir una serie de acciones concretas tendientes a revertir la grave situación de falta de vacantes: compromiso de obras que perezosamente avanzan mientras otras están directamente paradas. En ese marco y ante la urgencia de encontrar soluciones terminó por aceptarse por parte de la justicia la pro- puesta diseñada desde el macrismo: crear y profundizar los Centros de Primera Infancia (CEPIS) dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. Sobre esto, insiste Laura García Tuñón “que la gran mayoría de los mismos existían siendo sostenidos por ONGs o vecinas de los barrios. Con ellos, apostaron a solucionar la falta de vacantes pero el aumento de la oferta fue muy pequeño y muy focalizado para tanta propaganda. Lo que se hizo es ponerles el cartel amarillo y entregarles dinero para acondicionarlos y a modo de beca por niño atendido. Los maestros que allí trabajan están por fuera del estatuto y cobran menos que en los jardines de la ciudad y lo que es peor, no dependen del Ministerio de Educación, por lo cual tenemos jardines que educan y cuidan y en los que el estado invierte $1800 por niño y CEPIS que dependen de Desarrollo Social que sólo cuidan, en donde el Estado Invierte $900 por niño. (También quiero destacar el enorme esfuerzo y voluntad que pone toda la gente que tiene a su cargo los CEPI y que lo hace con amor a los niños y como estrategia frente al problema de falta de vacantes en las escuelas públicas)”.