Los diputados del interbloque FAP creen que el proyecto del Ejecutivo debe aprobarse en general. Sin embargo, reclamó una nueva ley de hidrocarburos, cuestionó que no se toquen las acciones del Grupo Ezkenazi y que la iniciativa no se pronuncie sobre el precio de la expropiación.
El bloque de diputados de Unidad Popular precisó su postura respecto del proyecto de ley de expropiación de Repsol-YPF. Mediante un informe elaborado por el titular de la bancada, el porteño Claudio Lozano, los legisladores aclararon que la iniciativa debe aprobarse en general pero realizaron observaciones y propuestas de disidencias en particular sobre el marco regulatorio, la expropiación de la firma, el control y el precio de la expropiación.
Lozano aseguró que “el proyecto oficial es sin dudas un paso trascendente en tanto permite la recuperación de la presencia del Estado en la principal empresa de hidrocarburos del país, que permitirá la recuperación de parte de la renta petrolera que actualmente apropia la firma”.
Sin embargo, señaló que “queda el interrogante sobre si la sola recuperación de la participación estatal en YPF es suficiente para hacer frente al comportamiento del resto de las firmas que en el contexto del mantenimiento del marco normativo reproducen la lógica del saqueo y depredación que está por detrás de los problemas energéticos que afrontamos”.
Entre las observaciones al proyecto del Ejecutivo, Unidad Popular puso en dudas que se pueda “avanzar en recuperar soberanía, sin modificar una coma del régimen jurídico de los hidrocarburos, vigente desde hace dos décadas, que perpetúa un escenario de ausencia de planificación y control del Estado nacional”.
En este sentido, cargó contra la Casa Rosada: “En estos años, el Gobierno nacional tomó sólo dos medidas que se apartaron del régimen jurídico vigente, pero jamás se encaró una revisión integral de todo el esquema en el marco de una nueva política energética”.
En segundo lugar, el bloque llamó a reflexionar “si no estamos ante la necesidad estratégica de una nueva ley nacional de hidrocarburos que derogue toda la normativa preexistente y unifique en un cuerpo legal sólido y coherente el conjunto de regulaciones y políticas que desde el Estado nacional deben abordarse. Allí se abre el camino para el planteo de una nueva empresa estatal de hidrocarburos”.
Los diputados también se preguntaron “si los otros actores privados del sistema extrajeron racionalmente recursos y repusieron reservas”. “De la fundamentación del proyecto oficial, se desprende una respuesta afirmativa no sustentada en dato alguno y, además, nada se dice sobre las responsabilidades de la actual administración en términos de control y regulación”, señalaron.
En cuarto término, Unidad Popular afirmó que “el proyecto oficial constituye un avance de carácter estructural dirigido a modificar el comportamiento del sector” pero que en este sentido “no se entiende porque razón se expropia a Repsol y se deja indemne la participación del Grupo Petersen (Ezkenazi)”. “Es decir, una primera observación en el capítulo específico de la expropiación es la exclusividad de la misma sobre Repsol cuando cabe las mismas consideraciones sobre el Grupo Petersen (Ezkenazi)», consideraron los legisladores
Entre otras cuestiones, los legisladores llamaron a “encarar una auditoría integral sobre todos los campos en los que opera Repsol-YPF y, por extensión, sobre el resto de los operadores privados”, ya que “desde hace casi veinte años, son las mismas empresas las que, contra presentación de declaración jurada, tienen el ‘control’ de lo que se extrae en las operaciones de los yacimientos en la Argentina».
Finalmente, los diputados de Unidad Popular aseguraron que “el punto central que el proyecto deja sin definición es el tema del precio que se va a pagar por la misma”. “Debe quedar claro que cualquier mecanismo de expropiación establecido, no puede desatenderse de la problemática central: la empresa vale por sus activos (reservas) y por sus deudas. La revisión exhaustivas de las mismas considerando el conjunto de aspectos relevantes (auditoría de las reservas, revisión de las concesión, análisis de la deuda corporativa, estimación del pasivo ambiental, etc.) es la clave para evitar que la expropiación avale un precio que termine premiando el comportamiento depredador de la firma en el preciso momento en que su rentabilidad comenzaba a disminuir», señalaron.
Fuente: www.parlamentario.com
