Ante la decisión del Gobierno Nacional de quitar la concesión a TBA, el diputado nacional del Bloque Unidad Popular Claudio Lozano y la diputada Liliana Parada (UP) Vicepresidenta de la Comisión de Transporte sostuvieron en primer lugar que “consideramos acertada la medida del gobierno nacional de rescindir el contrato con la operadora teniendo en cuenta tanto los informes de la Auditoría General de la Nación (309/09, 504/07) como los de los inspectores de la CNRT, que confirman la negligencia que produjo la Masacre de Once y demuestra la incapacidad de la empresa para brindar un servicio eficiente y seguro.
Para Parada, “el debate sobre los transportes en Argentina debe ser superador de la decisión de abrir un nuevo ramal o quitar una concesión. Se debe discutir a partir de una visión estratégica y no en base a emparchar constantemente una matriz de concesiones privadas que envuelve negocios turbios, negligencia y muerte.”
Por su parte, Lozano consideró que “es necesario romper la matriz privatista que vincula a empresarios inescrupulosos, funcionarios corruptos y dirigentes sindicales cómplices.”
Los diputados expresaron que, “fueron tantas las denuncias sobre esta situación que desde distintos sectores políticos y gremiales realizamos en los últimos años, que hacen inexculpables a las autoridades políticas tanto del Ministerio de Infraestructura como de la CNRT. Por otro lado, no debe olvidarse que fue el mismo Gobierno Nacional quien asociado al grupo Cometrans, llevó adelante el proyecto del ferrocarril binacional a Uruguay. La explotación de este nuevo servicio fue otorgada sin trámite de licitación alguno y sobre la cual el Decreto presentado hoy por el Ministro De Vido no dice palabra alguna. En consecuencia, afirmamos que el Ministro nuevamente falta a la verdad al decir que TBA no es más un operador ferroviario. Seguirá administrando un servicio de la importancia de un transporte binacional.
En el mismo sentido, entendemos que la caída del contrato de concesión de las líneas Sarmiento y Mitre, tampoco constituye una respuesta de la magnitud que requiere la enorme crisis de trasporte que miles de argentinos sufren día a día. El Decreto le adjudica la operación a las otras dos operadoras ferroviarias del área metropolitana, FERROVIAS y METROVIAS, cuya operación en los ramales Roca y Belgrano Sur es tan deficitaria como lo era TBA hasta el momento de su intervención. Una vez más el Gobierno Nacional otorga la operación de un servicio público de transporte sin trámite de licitación y a empresas concentradas que han demostrado, como mínimo, incapacidad flagrante.
Es necesario resaltar el hecho que METROVIAS, del grupo Roggio, gerencia el actual servicio de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, un antecedente que no parece ser el mejor para que ahora administre un ramal ferroviario más.
De las cuatro concesionarias originales (Trenes Metropolitanos, TBA, Ferrovias y Metrovias) ya sólo quedan dos. El sistema de privatización ha demostrado ser un fracaso y explicar este desastre haciendo referencia al plan Larkin es, al menos, insultante, sobre todo para las víctimas de tantos años de negligencia y negocios turbios.
En la actualidad existen numerosos proyectos (y una ley) de creación de una Autoridad de Transporte Metropolitana que se haga cargo de trenes, subtes y colectivos y planifique un sistema de transporte sustentable y eficiente. Este gobierno nuevamente opta por continuar con un sistema urbano de transporte fragmentado que demuestra todos los días las consecuencias de su colapso.
Desde la ley 23.696 que permitió la privatización de Ferrocarriles Argentinos que no existe un marco de acción política general y sí, muchos proyectos sustentados en la demagogia y el oportunismo. El caso del proyecto TAVE y la readecuación del trayecto Buenos Aires – Mar del Plata son los principales ejemplos.
El debate sobre los transportes en Argentina debe ser superador de la decisión de abrir un nuevo ramal o quitar una concesión. La necesidad fundamental debería estar enfocada en un replanteo del rol del transporte ferroviario y de la relación entre capitales públicos y privados. En todo caso, se debe discutir a partir de una visión estratégica y no en base a emparchar constantemente una matriz de concesiones privadas que envuelve negocios turbios, negligencia y muerte.”