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Leandro Crespi, quien en las últimas elecciones fue candidato a Intendente por el Frente Amplio Progresista, se presentó ayer en el Palacio Municipal de Chivilcoy junto a Heriberto Barrionuevo, Rolando Ruocco y Ramón Soldevía de Díaz, con el objetivo de entregar al Honorable Concejo Deliberante una solicitud para frenar el aumento del 180% en el valor de la tarifa del servicio de agua de ABSA S.A. «Como usuarios del servicio de agua potable y de cloacas que realiza la empresa Aguas Bonaerenses S.A, específicamente en Chivilcoy, le estamos solicitando al presidente del Concejo Deliberante y al Cuerpo de Concejales para que intervenga en esta cuestión», comentó Crespi a LA RAZON, y aseveró que «el dictado del decreto 245 que dispone el aumento del 180% es muy pesado para los domicilios particulares». En cuanto al contenido de la nota entregada al Concejo Deliberante, Leandro Crespi indicó que presenta argumentos que tienen que ver con cuestiones formales y de procedimiento. «Por ejemplo, allí señalamos que no se ha llamado a la audiencia pública que establece la Ley 11820. Fue dictado antes de cumplirse el plazo de cinco años exigible entre una anterior y otra posterior, y no se cumplió con la obligatoriedad de publicitar el nuevo marco tarifario un año antes de su entrada en vigencia», remarcó el integrante del FAP. A su vez, hizo hincapié en que el «tema de fondo es que se haya suspendido el componente de expansión de la tarifa y en consecuencia, la ausencia de garantía del destino de los fondos y la inexistencia de un plan directriz que obligue el marco regulatorio». «También hay un incumplimiento en los estándares de calidad del agua para consumo, y una falta de difusión de la memoria anual y balance de ABSA S.A, y falta publicidad y rendición de cuentas sobre los destinos de lo recaudado y los planes de inversión», agregó. En tanto, explicó que «a través de toda esta requisitoria que se ha tomado de la comunidad, lo que se le está pidiendo al Concejo Deliberante es su intervención para que asumiendo la representación de los usuarios de Chivilcoy, gestione por todos sus medios la revocación de la medida». Consultado por lo que puede hacer el Concejo Deliberante en cuanto a esta situación, dijo que «el gobierno municipal, y el Cuerpo de Concejales en especial, pueden en forma institucional hacer las requisitorias del caso tanto a nivel judicial, legislativo y ejecutivo provincial». En ese sentido, Crespi, afirmó que «hay una medida judicial que en definitiva frena el aumento en determinadas comunidades, que según comentarios periodísticos se ha extendido a toda la provincia. El problema es que existe una gran confusión, porque a la gente le llega la boleta y si no la paga queda en deuda». «Lo que merece el usuario de este servicio es que salgan las autoridades a clarificar la situación y a qué abstenerse para cada uno de los vecinos», concluyó. |
