“La UCEP, grupo de Tareas del Jefe de Gobierno, operaba con total impunidad bajo la responsabilidad tanto de Piccardo como de Macri y ambos tenían, no solo pleno conocimiento de su accionar sino que propiciaban su trabajo”
La Cámara del Crimen rechazó un recurso presentado por los abogados del Jefe gobierno porteño, donde se solicitaba el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por abusos a personas en situación de calle, perpetrados por la tristemente célebre Unidad de Control de Espacio Público (UCEP). Reafirma, entonces, la decisión tomada en abril último por esta misma cámara donde se anuló el sobreseimiento dictado por la Jueza María Fontbona de Pombo. De esta manera, la imputación sobre el Jefe comunal se encuentra firme y la cámara podría avanzar hacia su procesamiento.
Esta causa se origina a partir de una denuncia presentada en el 2008 por la entonces Legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Liliana Parada actualmente Diputada Nacional por el Bloque Unidad Popular. En este escrito, se describe el accionar ilegal de la UCEP y se señala como responsables al entonces Ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo y al Jefe de Gobierno Mauricio Macri. En ese mismo año, el juzgado a cargo de la causa avanza en la imputación y en Julio del 2011, Macri es citado a declarar.
Al recibir la noticia del juzgado la diputada nacional por la Corriente Nacional por la Unidad Popular (UP), Liliana Parada, manifestó su satisfacción siendo que se trata de una “resolución esperable a la luz de toda la evidencia que ha sido presentada en la causa. La UCEP, grupo de Tareas del Jefe de Gobierno, operaba con total impunidad bajo la responsabilidad tanto de Piccardo como de Macri y ambos tenían, no solo pleno conocimiento de su accionar sino que propiciaban su trabajo”
En diciembre del año pasado, Liliana Parada discutió fuertemente la decisión de la Jueza Fontbona de Pombo de sobreseer al Jefe de Gobierno, actitud que definió como un “Pacto de impunidad para proteger al máximo responsable político de este grupo para estatal”
La diputada Parada refirió también que “aunque Macri se haya visto obligado de disolver la UCEP por todas las denuncias que pesaban en su contra, es necesario, no solo que el tribunal avance en el castigo a los responsables sino que el Gobierno de la Ciudad asuma su deberes en materia de Protección de Derechos. La ley 3706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de calle y en Riesgo a la Situación de Calle, sancionada en diciembre de 2010, no es más que letra muerta bajo esta gestión”.
