CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – Seis meses después de iniciada la causa, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corrió traslado por treinta días a la Legislatura de la Ciudad, a la Procuración General y a los Auditores Generales de las demandas presentadas por Proyecto Sur y la UCR contra la Resolución 409/2011 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, del 10 de diciembre de 2011, que resolvió la nueva composición del cuerpo de auditores de la Auditoría General de la Ciudad por el período 2012/2015. También se puso en conocimiento de las demandas a todos los bloques de la Legislatura.
En abril, el tribunal resolvió incorporar un quinto juez para poder resolver el fondo del asunto.
Las demandas presentadas tratan sobre la nulidad de la resolución 409/2011, en la cual se resolvió excluir a los dos candidatos de proyecto Sur del cuerpo de Auditores violando expresamente lo que establece el artículo 123 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según la constitución de la Ciudad, al primer bloque de oposición de la Legislatura le corresponde la presidencia de la AGCBA y por el sistema proporcional un auditor más. A la fecha de la votación, Proyecto Sur era el bloque mayoritario de oposición y había propuesto a Pablo Sanseverino, apoderado de Buenos Aires para Todos y dirigente de ATE y la CTA, como uno de sus candidatos.
Tanto el Pro como el Frente para la Victoria intentaron impugnar la designación de los candidatos de Proyecto Sur desde la presentación de los pliegos, observando cuestiones formales que fueron desestimadas por la Junta de Ética y Acuerdos de la Legislatura. Al no poder desplazar a los candidatos por ese medio, los legisladores crearon interbloques para sumar unas mayorías artificiales al momento de la votación de los auditores, aun cuando la Legislatura no prevee la creación de interbloques, y mucho menos al solo efecto de imponer candidatos.
Por esos motivos, el Tribunal Superior de Justicia estimó fundado el pedido de nulidad de la Resolución y decidió correr traslado de las demandas.
Queda que la Legislatura rectifique su incumplimiento y se designen como Auditores Generales a los dos candidatos propuestos por Proyecto Sur.
Persistir en este avasallamiento desacreditara aún más a la Auditoría General de la Ciudad, y obligará al Tribunal Superior de Justicia a anular la Resolución que designó a los auditores generales.
La Auditoría, como organismo controlante del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de la oposición parlamentaria, debe tener una estabilidad institucional de la que, al día de la fecha y por las irregularidades reseñadas, carece.
