CATAMARCA (ACTA – CTA) – La policía provincial y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería. En lo que va de 2012 ya hubo seis represiones sobre militantes socioambientales de la provincia y 56 activistas fueron obligados a dejar Catamarca.
La orden de despejar el bloqueo selectivo que distintas organizaciones sociales mantenían allí desde hace unos días, con el objetivo de impedir el paso de camiones con insumos para el yacimiento de Bajo La Alumbrera, fue impartida por la fiscal Silvia Alvarez, a pesar de que la manifestación tenía lugar en el cruce de las rutas nacionales 40 y 60, en jurisdicción federal.
En un hecho que generó actos de repudio en varios puntos del país, tras ser desalojados del campamento que habían montado hace 12 días en Cerro Negro, aproximadamente 40 ambientalistas fueron obligados a subirse a un colectivo para ser «escoltados» por una fuerte custodia policial hasta fuera del territorio catamarqueño. En tanto, tras el desalojo otros manifestantes se trasladaron hasta la cercana localidad de Tinogasta, mientras que un tercer grupo terminó refugiándose en San Blas de Los Sauces, provincia de La Rioja.
«Vino una fiscal con una orden de desalojo del Poder Judicial de la provincia, mientras había una patota traída para agredir a los asambleístas. Estaban claramente en connivencia con la policía, y nos tuvimos que bajar de la ruta porque si nos oponíamos iban a desalojarnos con la policía y la patota. Lograron su objetivo de hacer pasar un camión con explosivos que estaba en la ruta (lo que además es ilegal)», relató Alejandro Pérez, uno de los asambleístas.
El joven, quien más tarde fue obligado a permanecer en un ómnibus junto a otros asambleístas para ser escoltados por la policía hasta que abandonen territorio catamarqueño, denunció que «hubo patotas y gente traída bajo presión para presionar a la asamblea. Hay algo de impotencia pero la lucha está acompañada en todo el país y va a continuar, vamos a mantener la dignidad bien en alto», agregó.
Al cierre de esta edición, se había perdido por completo el contacto telefónico con los representantes de las organizaciones sociales y ambientales que mantenían el bloqueo en Cerro Negro. De acuerdo a las últimas noticias, los asambleístas iban a ser escoltados por las fuerzas de seguridad, hasta la provincia de Córdoba (atravesando la provincia de La Rioja) para luego ser puestos en libertad. Del “operativo de expulsión” de los manifestantes que protestaban contra Minera Alumbrera participaron móviles de la Policía de Catamarca y de La Rioja (cuando el colectivo atravesó ese territorio), conjuntamente con una camioneta de la Gendarmería Nacional.
Roberto Leguita, inspector principal mayor de la Policía de La Rioja, explicó a la prensa que el micro que trasladaba a los asambleístas estaba siendo escoltado “para evitar que haya enfrentamientos” con grupos que defienden la actividad minera y que en unos 10 vehículos seguían la marcha de la caravana.
UN DESALOJO ILEGAL
El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (que tiene jurisdicción sobre nuestra provincia, Santiago del Estero y Catamarca), Antonio Gustavo Gómez, se mostró «muy preocupado por lo que está ocurriendo en Cerro Negro».
En este sentido, advirtió que «la Justicia provincial, a través de una fiscal, decidió intervenir en un territorio nacional, como lo es la intersección de las rutas 40 y 60, donde la jurisprudencia de la propia Corte Suprema estableció como exclusiva y excluyente de la Justicia Federal».
En declaraciones a nuestro diario, Gómez sostuvo que «preocupa que este tipo de actitudes sean tomadas por la Justicia de Catamarca cuando la Cámara Federal de Tucumán dijo que los cortes de ruta selectivos no implican un hecho delictivo. Por si todo esto fuera poco, la intervención policial contó con el apoyo aparente de fuerzas para-policiales», agregó el fiscal.
Por otro lado, el fiscal federal aseveró que «el traslado compulsivo de la gente que estaba en el lugar, subiéndolos a un colectivo para sacarlos del territorio catamarqueño, vulnera los derechos del libre tránsito que garantiza nuestra Constitución Nacional».
El magistrado expresó su repudio a «esta nueva manera de avasallar los derechos ciudadanos» y dijo esperar «que no se vuelvan a repetir, porque daría lugar a un verdadero conflicto de poderes, entre la Justicia Federal y la Justicia de la Provincia de Catamarca».
REPUDIO NACIONAL
El insólito accionar de la policía catamarqueña, por orden de la fiscal Alvarez, generó actos de repudio en distintos puntos del país. En Córdoba, manifestantes de distintas organizaciones sociales y ambientales se concentraron en el tradicional Patio Olmos para expresar su solidaridad con los manifestantes reprimidos en Catamarca. En tanto, en Buenos Aires, se produjo una movilización hacia la Casa de Catamarca, mientras que un grupo de ambientalistas, que adhirió al bloqueo nacional en Cerro Negro, marchó hasta el Obelisco porteño.
Ayer a la mañana, cuando los rumores de desalojo comenzaban a circular, dirigentes políticos junto al premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y organizaciones sociales que participaban de la protesta contra Minera Alumbrera elevaron sendos planteos a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.
En el escrito, pidieron «proteger los derechos humanos de las personas y familias que se encuentran acampando en Cerro Negro» y exigieron que «cesen los casos de criminalización de la protesta social». Además de Pérez Esquivel, acompañaron las presentaciones los diputados nacionales Jorge Cardelli (Proyecto Sur), Victoria Donda (Libres del Sur), Roy Cortina (Partido Socialista) y Omar Duclós (Partido GEN). También adhirieron organizaciones como Colectivo por la Igualdad, Amigos de la Tierra Argentina y Conciencia Solidaria, entre otras.
El pedido a la Corte de Justicia, que recientemente se pronunció a favor de la Ley de Glaciares, consiste en «tutelar y proteger los derechos fundamentales de las personas que ejercen su derecho a peticionar, a protestar, a reunirse, a manifestarse públicamente, a proteger la salud y la vida de los habitantes de nuestras comunidades y cumplen con su obligación de defender al ambiente y la Naturaleza».
