De esta manera se refirió la diputada de la Unidad Popular en FAP, Rita Liempe, al presentar un pedido de informes al Ejecutivo provincial, a raíz de no conocerse estadísticas ciertas sobre la situación de los niños y adolescentes atendidos, ni sobre los centros de atención y clínicas especializadas.
Asimismo, la legisladora se refirió a que “no existe información pública sobre los convenios firmados entre la provincia y las clínicas de salud mental. No se sabe dónde están radicadas, cuántas son, ni siquiera si están habilitadas para dichas actividades”.
Por otro lado, en el pedido se le reclama a la provincia que informe sobre qué organismos y qué áreas de la provincia están interviniendo en los casos con patologías en salud mental y/o derivados por adicciones.
“No sabemos la cantidad de población que está siendo atendida en la provincia. Este dato es relevante, ya que nos muestra la desatención de este gobierno. Scioli no pone el ojo aquí, porque en estas áreas no hay ya dónde ajustar”.
El pedido de informes se realiza como acompañamiento de una movilización de organizaciones sociales y trabajadores de la niñez, programada para el miércoles 15 de agosto a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma, por el atraso en el pago de las becas y la precarización de los trabajadores de la infancia, además de la falta de recursos económicos para dar respuestas a situaciones críticas.
“Aparentemente los pibes pobres no interesan a Scioli –apuntó Liempe-. El incumplimiento del Sistema de Promoción y Protección de Derechos hace que nuestros pibes terminen sin posibilidades reales de construir proyectos de vida liberadores; esto hace que se dificulte la inclusión social de nuestra infancia, ofreciéndoles, de esta forma, un futuro marginal, excluido, donde las cárceles de la provincia de Bs. As terminan convirtiéndose en las políticas reales de adolescencia y juventud de este gobierno”.
La diputada de UP acompañará mañana la movilización en la Capital y pondrá en consideración de la Cámara de Diputados la necesidad de reclamarle al Ejecutivo provincial sobre la situación de los niños y adolescentes.
