«Motiva el presente proyecto la necesidad de expresar el más enérgico repudio por las graves agresiones sufridas por los trabajadores estatales activos y pasivos, municipales, judiciales y de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba, por parte de la policía provincial, el 23 de agosto del presente, los cuales marcharon en la Capital provincial en defensa del 82% móvil de los jubilados provinciales y en repudio a la reforma previsional del gobierno provincial». Así comienzan los fundamentos del Proyecto de Resolución presentado este viernes por la diputada nacional de Unidad Popular Graciela Iturraspe.
El expediente que ingresó en la Cámara de Diputados de la Nación con el número 5914-D-2012, ha sido acompañado por los diputados nacionales de Unidad Popular, Liliana Parada, Claudio Lozano y Antonio Riestra.
Además de realizar un exhaustivo relato de los hechos, el Proyecto de Resolución cita a María Teresa Romero, Secretaria General de ATE Córdoba: “Sólo fuimos a pedir que se derogue esta ley a tribunales, porque es un nuevo avance contra nuestros jubilados”. “El gobernador De la Sota mintió cuando dijo que salía de la emergencia previsional y no tocaría ningún derecho de los jubilados, sino sólo reclamar a la Nación por los fondos adeudados. Recordemos que ya han armonizado muchas de las condiciones del sistema previsional cordobés con las pautas del Anses. Los estatales reclaman el retorno a la Ley Nº 8024 original, que el proceso de unión por Córdoba viene desarrollando hace 12 años. Ahora reprime a los trabajadores para acallar la protesta porque no puede convencer que la mentira es cierta”, acusó la dirigente.
Por su parte, la legisladora de Unidad Popular denuncia que «las balas de goma y los gases lacrimógenos fueron el principal argumento para fundar el diálogo que (el gobernador José Manuel) De la Sota proclama como único instrumento en su política marketinera. La represión se extendió hasta pasadas las 13 horas, cuando las distintas columnas gremiales ya se habían retirado de la zona». Y finaliza: «El ensañamiento policial con los trabajadores, que hasta el momento habrían dejado un saldo de 15 heridos, y tres demorados da cuenta de cuál es el objetivo que persigue el gobierno provincial: ajuste y represión para activos y jubilados de la provincia de Córdoba»
