En relación a los sucesos ocurridos el miércoles pasado en esa ciudad jujeña, que dejaron el saldo de un joven muerto, la legisladora de Unidad Popular (UP) exigió que «se esclarezcan los hechos, se determinen los responsables y sean sancionados con todo el rigor de la ley», y que «no se utilice más» la necesidad del pueblo de tener una vivienda digna y un espacio para trabajar la tierra.
En su proyecto de Declaración presentado a la Cámara de Diputados, la diputada Graciela Iturraspe sostuvo que “una vez más, la desidia y la falta de responsabilidad de los poderes del Estado, tanto en la ciudad de Humahuaca como en la provincia de Jujuy, enfrentan a argentinos entre sí y lo más criticable es la falta de iniciativa para definir de una vez por todas el relevamiento territorial que exigen las comunidades indígenas, como está establecido en el Convenio 169 de la OIT».
En el mismo sentido, agregó que «este cumplimiento evitaría todos estos hechos lamentables y frenaría la constante entrega de la propiedad colectiva a manos de empresas, terratenientes y especuladores de todo tipo, responsabilidad que le cabe al Gobierno Nacional por no llevar a cabo la recomendación de la OIT arriba mencionada”.
LOS HECHOS
Durante la tarde del 5 de septiembre, a raíz de la posible toma de tierras ubicadas a la vera de la Ruta Nacional 9, se produjo un enfrentamiento entre integrantes de pueblos originarios de la ciudad de Humahuaca, Jujuy, con un grupo de supuestos ocupantes de esos terrenos. Como saldo de estos hechos, Luis Darío Condorí resultó muerto tras recibir un disparo de arma de fuego.
Según informó el Consejo Nacional Indígena, vecinos originarios lindantes a los terrenos vieron que un grupo de personas desconocidas empezaron a talar árboles churquis y decidieron intervenir para impedirlo. Fue así que los agresores se enfrentaron con los pobladores collas que defendieron la tierra heredada,y el episodio dejó el luctuoso saldo de un muerto y varios heridos.
Las primeras versiones arriesgaron que se trataría de un incidente entre partidarios de una organización social identificada como «Tití Guerra». Otro dato que surge de los primeros testimonios es que los involucrados son personas llegadas desde San Salvador de Jujuy.
Al respecto, la Declaración de Iturraspe, concluye: “exigimos que se esclarezcan los hechos, se determinen los responsables y que sean sancionados con todo el rigor de la ley. Que no se utilice más esta necesidad básica del pueblo de tener acceso a una vivienda digna y un espacio para trabajar la tierra y vivir en paz”.
El Proyecto ha ingresado con número de expediente 6326-D-2012 y acompañado por los diputados nacionales Víctor De Gennaro, Ricardo Cuccovillo, Fabián Peralta y Jorge Cardelli.
