Una vez más, el Gobierno promete tener aprobada, ahora el año próximo, una nueva ley de riesgos de trabajo. En el marco del Día de la Industria, en Tecnópolis, Cristina Kirchner adelantó que se propondrá que los montos indemnizatorios del sistema se actualicen anualmente en el Consejo del Salario Mínimo de tal manera de “eliminar el mecanismo de la doble vía para terminar con la litigiosidad, porque normalmente la parte del león se la quedan los estudios jurídicos”.
Jorge Aimaretti, de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, sostuvo que comparte “las afirmaciones de la primer mandataria sobre la actual e innecesaria litigiosidad en materia de accidentes del trabajo. Abundan los indicadores que dan muestra que tanto el nivel de cobertura, como los notables avances en materia de prevención y también la calidad prestacional, han resultado ampliamente superadoras del régimen anterior”. Y que “en consecuencia se torna imperioso lograr una adecuada compatibilización entre los diversos derechos a la reparación, de modo tal de agregar mayor certidumbre al marco de las relaciones laborales imperantes”.
En cambio, la Asociación de Abogados Laboralistas asegura que la ley de ART cosechó “un récord de tachas de inconstitucionalidad” por lo que “la reforma que se propicie, a nuestro criterio, debe derogar la ley en su totalidad , en especial en lo que se relaciona con las ART”. En esa misma dirección, el diputado Víctor De Gennaro, del Frente Amplio Progresista, anticipó que impulsan con la CTA una marcha este jueves al Congreso para apoyar un proyecto de ley que derogue el régimen de ART y el sistema funcione como banco público nacional, sin fines de lucro.
Para su colega oficialista Héctor Recalde, la alta litigiosidad se debe a que el sistema “nació como una ley de negocios, hay falencias en prevención, las indemnizaciones son insuficientes y no se puede anular la posibilidad de reclamar en la Justicia ”. Y agrega que las empresas grandes deben pagar más que las pymes. Para el abogado laboralista Horacio Schick, eliminar la “doble vía” y reinstalar la “opción excluyente con renuncia”, establecida en la primera ley de accidentes de 1915, constituye un viraje regresivo.
La Corte ratificó el criterio de reparación plena y acumulación indemnizatoria , en tanto “la previsibilidad de los costos de las condenas civiles se resuelve a través de contratar un seguro diferenciado y obligatorio”.
Desde la UIA, Daniel Funes de Rioja apoyó el anuncio de la Presidenta y dijo que “la industria del juicio se benefició con el conflicto entre la ley de ARTT y la jurisprudencia de la Corte”.
Por Ismael Bermúdez.
