Luego de que el Gobierno porteño reglamentara el procedimiento para la interrupción de embarazos en los casos contemplados por la ley, la legisladora por Buenos Aires para Todos en Unidad Popular Laura García Tuñón expresó que este protocolo «confirma la estrategia del macrismo de obstaculizar el derecho al aborto no punible».
«El propio Macri solicitó en marzo de este año que la Legislatura se expidiera sobre los procedimientos para la atención integral de los abortos no punibles. Llama la atención que luego de no haber llegado a un acuerdo entre los diputados de su propio bloque durante el tratamiento de los proyectos en comisión, ahora haya dictado una resolución del Ministerio de Salud que es más restrictiva que el fallo de la Corte Suprema de Justicia», agregó Tuñón.
Entre los puntos cuestionables, la legisladora alertó: «Nos preocupa seriamente la situación para las menores, ya que se va a requerir la autorización de su representante legal, desconociendo los leyes específicas de protección integral de los derechos de la niñez, y no teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los casos, los violadores se encuentran en el propio seno familiar».
Además, la legisladora miembro de las Comisiones de Salud y de Mujer, niñez y adolescencia, señaló algunas dudas sobre la función del equipo interdisciplinario: «la resolución prevee un equipo interdisciplinario de profesionales que tiene la función de evaluar cada situación, cuando conceptualmente debería contener, atender a la mujer; no queda claro qué tipo de evaluaciones deben realizar y si éstas pueden llegar a intentar modificar su decisión.»
Otro punto en cuestión es el de los objetores de conciencia y la confidencialidad de la identificación de los mismos: «teniendo en cuenta la dificultad para conseguir turnos en los hospitales públicos, si la mujer es atendida por un objetor de conciencia sin saberlo, además de atravesar esta difícil situación tendría que solicitar un nuevo turno con otro médico, perdiendo un tiempo considerable, cuando además ha puesto el límite de las 12 semanas de gestación».
Finalmente, García Tuñón cuestionó parte del formulario para la declaración jurada: «La declaración jurada entra en detalles respecto a las características del violador, a dónde y cuándo ocurrió, etc, interviniendo en aspectos relacionados con competencias propias de la justicia, innecesarias para el médico que tiene que realizar la práctica del aborto no punible».
A su vez, la Plenarista del Consejo de Derechos de Niños, niñas y adolescentes Gilda Manco, vocal por la Legislatura propuesta por Buenos Aires para Todos, señaló: «otro de los puntos que consideramos que podrían obstaculizar el derechos al aborto no punible se vincula con fijar en 12 semanas el tiempo límite para llevar a cabo la interrupción del embarazo ya que podrían presentarse razones médicas que requieran de un aborto tardío, y también sabemos que muchas adolescentes pueden tener diferentes dificultades para acceder a la atención temprana».
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