Al tiempo que impulsará enérgicamente el tratamiento parlamentario del Anteproyecto de Ley sobre Prevención de Riesgos y Reparación de Daños Laborales, elaborado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y presentado en el Congreso Nacional por los Diputados Víctor De Gennaro y Claudio Lozano, entre otros.
Por Unidad Popular Córdoba
La propuesta presidencial es más de lo mismo: un salvataje desesperado del perverso sistema de la Ley 24557, viciada de inconstitucionalidades, a costa de la salud y la vida de millones de trabajadores argentinos. Es una nueva vuelta de tuerca a una distribución absolutamente regresiva del ingreso nacional, compartiendo esta vez este negocio de la muerte y la enfermedad laboral con el sindicalismo empresario, con la creación de las ART Mutuas.
Lejos de resolver las inconstitucionalidades las profundiza, al negar a los trabajadores damnificados el acceso a la justicia civil, poniéndolos en la categoría de “ciudadanos de segunda” y sometiéndolos a la extorción de un cobro disminuido al que deberán renunciar si optan por la vía judicial. Colisiona flagrantemente, además, con los Convenios 155 y 187 de la OIT firmados por el mismo gobierno y renuncia explícitamente a contar con políticas y programas nacionales de prevención, hoy absolutamente inexistentes.
Cambiar algo, para que nada cambie, parece ser el lema. Se trata de evitar los costos de la prevención, la participación de los trabajadores y fomentar un sistema elusivo de la justicia; al mismo tiempo que propiciar el subregistro, la omisión de denuncias, la negación de las enfermedades de origen laboral, el desconocimiento de los más mínimos derechos de todos aquellos que el sistema no contempla e invisibilizar más de 7500 muertes anuales de trabajadores por causas relacionadas con el trabajo.
El sistema vigente fracasó no sólo en su faz preventiva, sino además en lo prestacional; por lo que al sumir en el desamparo a los trabajadores accidentados, lesionados o afectados en su salud por enfermedades laborales no les dejó otra alternativa que apelar a la Justicia.
Se torna imprescindible una política en la materia que parta de una visión integral de la seguridad y la salud, que fomente la participación de los trabajadores en el diseño y control de las acciones de prevención en el marco de la mas irrestricta democracia y libertad sindical; que asegure la reparación integral de los daños sufridos por accidentes de trabajo y enfermedades laborales y establezca la automaticidad, calidad, eficacia y universalidad de las prestaciones, cualquiera sea la forma que asuma la relación laboral.
Por todo ello, reafirmamos la necesidad de la sanción por parte de Congreso de la Nación del Anteproyecto de Ley sobre Prevención de Riesgos y Reparación de Daños Laborales elaborado por la CTA y presentado por nuestros diputados, por constituir un cambio absoluto de paradigma en relación al régimen vigente; ya que reemplaza a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo como gestoras del sistema, por una entidad sin fines de lucro, de cuya administración de carácter tripartito participan los trabajadores e integrada a una Seguridad Social pública que consagre derechos de carácter universal.
