Con la presencia de Víctor De Gennaro y Horacio Meguira, este viernes 28 se realizará una charla debate sobre la necesidad de derogar la Ley 24.557 sobre Riesgos de Trabajo e impulsar un nuevo sistema solidario que contemple una marcada participación de los trabajadores. Quedan todos invitados.
De la charla participarán el diputado nacional de la Unidad Popular, Víctor De Gennaro -autor del ante-proyecto de Ley sobre Prevención de Riesgos y Reparación de Daños Laborales, elaborado en forma conjunta con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)-, y el director del Observatorio Jurídico de la CTA, Horacio Meguira.
La charla se realizará en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de La Plata, a las 17.
Sobre el proyecto de ley presentado por UP, Adolfo “Fito” Aguirre, referente de la Unidad Popular en La Plata e integrante de la CTA nacional, planteó: “Se torna imprescindible una política en la materia que parta de una visión integral de la seguridad y la salud, que fomente la participación de los trabajadores en el diseño y control de las acciones de prevención en el marco de la más irrestricta democracia y libertad sindical; que asegure la reparación integral de los daños sufridos por accidentes de trabajo y enfermedades laborales y establezca la automaticidad, calidad, eficacia y universalidad de las prestaciones, cualquiera sea la forma que asuma la relación laboral”.
Y, en este sentido, se refirió al proyecto presentado en el senado Nacional, por el bloque oficialista: “La propuesta presidencial es más de lo mismo: un salvataje desesperado del perverso sistema de la Ley 24557, viciada de inconstitucionalidades, a costa de la salud y la vida de millones de trabajadores argentinos. Es una nueva vuelta de tuerca a una distribución absolutamente regresiva del ingreso nacional, compartiendo esta vez este negocio de la muerte y la enfermedad laboral con el sindicalismo empresario, con la creación de las ART Mutuas”.
Desde la Unidad Popular de La Plata, aseguran también, que el proyecto oficial, lejos de resolver las inconstitucionalidades, las profundiza, al negar a los trabajadores damnificados el acceso a la justicia civil, poniéndolos en la categoría de “ciudadanos de segunda” y sometiéndolos a la extorsión de un cobro disminuido al que deberán renunciar si optan por la vía judicial. Colisiona flagrantemente, además, con los Convenios 155 y 187 de la OIT firmados por el mismo gobierno y renuncia explícitamente a contar con políticas y programas nacionales de prevención, hoy absolutamente inexistentes.
El sistema vigente fracasó no sólo en su faz preventiva, sino además en lo prestacional; por lo que al sumir en el desamparo a los trabajadores accidentados, lesionados o afectados en su salud por enfermedades laborales no les dejó otra alternativa que apelar a la Justicia.
