Presentado por la diputada Iturraspe, plantea exigir al Ejecutivo que garantice la seguridad de todos los testigos del juicio por la muerte de Mariano Ferreyra, como así también la de todos sus familiares.
«Vuelvo con un mensaje directo para la Presidenta». De esta forma el testigo Enrique Alfonso Severo definió su secuestro de casi veinticuatro horas.
Como si se tratara de una película de pandillas de gánsters, los argentinos escuchamos atónitos las declaraciones de Severo en los diarios, la TV y radios. La diputada nacional por Unidad Popular (UP) en el FAP Graciela Iturraspe se pronunció al respecto advirtiendo que «genera profunda incertidumbre escuchar a Severo decir que el aparato de corrupción y apriete montado dentro de la estructura ferroviaria está intacto y funciona muy preciso».
«Es preocupante que el día que debería haber estado declarando como testigo por la muerte del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, Severo estuviese desaparecido y ninguna fuerza de seguridad Nacional y Provincial pudiese determinar donde buscarlo», explicó y sostuvo que se llegó «al colmo de que a Severo lo encontró un vecino», quien «llamó en tres oportunidades al 911 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sin que ningún patrullero se hiciera presente en el lugar».
El proyecto de declaración presentado en Diputados plantea «exigir al Poder Ejecutivo que garantice la seguridad de éste y todos los testigos que a propuesta de la querella hayan declarado o estén por declarar en el juicio por la muerte de Mariano Ferreyra, como así también la de todos los familiares«, y recuerda que la ley 25.764 facultó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para incorporar como testigos protegidos a aquellos que deban comparecer en casos de delincuencia organizada. En ese sentido, el proyecto considera que «Mariano Ferreyra fue víctima de la misma».
Acompañaron este proyecto, los diputados nacionales de Unidad Popular Liliana Parada, Claudio Lozano y Víctor De Gennaro.
