Parada: “es la cristalización del sistema de mercado y de desarrollo capitalista, con apenas algunos institutos vanguardistas en materia de familia y filiación”
En el día de ayer, lunes 15 de octubre, la diputada Liliana Parada participó de una charla debate acerca de la Reforma del Código Civil y Comercial de la Argentina en el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata frente a un nutrido auditorio.
La diputada que integra la “Comisión Bicameral de la Reforma del Código Civil y Comercial de la Nación” en representación del Frente Amplio Progresista (FAP) puso a consideración de los presentes el resultado del trabajo de análisis que llevó adelante el equipo de trabajo del Bloque Unidad Popular. Las conclusiones de dicho trabajo se volcaron en el texto titulado “¿Qué se esconde detrás de la Reforma de los Códigos Civil y Comercial?” (ver documento) (ver video)En su intervención la diputada refirió al “escasísimo tiempo con el que contó la Bicameral para analizar el anteproyecto de la Comisión Redactora y del Poder Ejecutivo”. 90 días fue el plazo que se fijo para el funcionamiento de la Comisión Bicameral, acotadísimo plazo en el cual se llevaron a cabo audiencias públicas en todo el país y se puso a consideración de los bloques las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.
La diputada aportó las conclusiones del trabajo de análisis realizado por un equipo de profesionales del Bloque y manifestó las serias dificultades que se observan en el texto propuesto en torno a las garantías y los derechos. Liliana Parada expresó contundentemente que el texto “es la cristalización del sistema de mercado y de desarrollo capitalista, con apenas algunos institutos vanguardistas en materia de familia y filiación, que lamentablemente son utilizados como mascarón de proa de la iniciativa, para ocultar el indudable carácter reaccionario de la misma”.
Este proyecto de Reforma sostiene un atraso considerable en relación a la separación de Estado e Iglesia. La diputada se refirió específicamente al artículo 146 donde “se reconoce a la Iglesia Católica como persona jurídica pública, otorgándole preeminencia por encima de todas las organizaciones religiosas, e inclusive de los pueblos originarios (a los que paradójicamente se relega a la categoría de personas jurídicas privadas).”
Quizás uno de los aspectos más preocupantes que destacó la diputada es el marcado tinte neoliberal de esta nueva legislación, que parece tender a “consolidar y profundizar el curso privatista de la década del 90. Han quedado afuera discusiones fundamentales como el acceso a bienes comunes y estratégicos como el agua; por el contario, el Estado continúa cediendo derechos públicos en manos privadas: La disminución del terreno conocido como ‘Camino de Sirga’ en los márgenes de los cursos de agua, y la subordinación del marco de derecho nacional al arbitraje extranjero, son solo unos de los tantos retrocesos en materia de soberanía”.
A su vez, la Diputada lamentó que se haya perdido “la oportunidad histórica de reabrir el debate en torno a la función social de la propiedad, debate que permitiría repensar una la inequitativa apropiación del suelo y las riquezas. El proyecto incorpora tímidas herramientas para regularizar prácticas de los sectores medios y altos como los countries, los cementerios privados, pero nada estipula para urbanizar o reorganizar villas y asentamientos, por ejemplo.”
Para finalizar, la diputada remarcó que el anteproyecto no es más que el avance del tan mentado paradigma de la “autonomía de la voluntad, enmarcada en un falso cuadro de libertad, que lamentablemente no sólo profundizará las desigualdades existentes sino que ocasionará más situaciones de injusticia social».
