«Con este proyecto el PRO quiere poner al Estado al servicio de la rentabilidad privada, restringiendo el derecho de todos al uso del espacio público». Así lo expresó la legisladora Claudia Neira luego de la reunión conjunta de las comisiones de Espacio Público, Desarrollo Económico y Presupuesto para debatir el proyecto de Ley de Regulación de las Áreas de Servicios en los Espacios Verdes de la Ciudad.
En un Salón Montevideo colmado, vecinos y organizaciones sociales y barriales expresaron su descontento con el proyecto oficial. El mismo busca concesionar la instalación de bares y confiterías en espacios públicos y otorgar permisos de uso por 5 años en parques, plazas, jardines, plazoletas y bulevares de más de 5000 m2 (media manzana) para «el funcionamiento de núcleos de servicios gastronómicos, sanitarios, recreativos, de transporte y de descanso», llegando al absurdo de posibilitar su instalación en espacios como boulevard de 20 metros de ancho.
«Creemos que los baños públicos, la mayor seguridad y la mejor infraestructura son aspectos indelegables que el Estado debe garantizar sin depender de la gestión privada -señaló la legisladora por Buenos Aires para Todos en Unidad Popular Claudia Neira-. Para ello se hace necesario plantear una instancia democrática y participativa teniendo en cuenta los intereses reales de la ciudadanía».
A su vez, el presidente del Bloque Buenos Aires para Todos, Fabio Basteiro indicó: «creemos que para la regulación de los espacios públicos se debería tener en cuenta las especificidades de cada uno en función de las características de la zona, su memoria, identidad histórica y problemáticas, y no someterlos a todos a una regulación general». Además, Basteiro remarcó que «si este proyecto prospera, se pone en riesgo la situación laboral de miles de trabajadores autogestivos de la vía pública amparados hoy por la Ley 1.166».
A diferencia de la experiencia de Rosario, que el PRO insistentemente trae como ejemplo, en este caso no se trata de espacios verdes ganados sino de una restricción y disminución de los ya existentes, lo cual contraría normas constitucionales.
Fuente: Prensa Buenos Aires para Todos
