En números, el economista recordó que “estamos hablando de un sistema que cubre sólo al 51,4% de los trabajadores», que los días de baja e incapacidad «se han incrementado un 14%» en 2010 respecto a 1997, y que en accidentes laborales, si sumamos registrados y no registrados, «nos acercamos a los 900.000 casos» al año. «Los trabajadores fallecidos entre el 2003 y el 2010 crecieron un 28% y tenemos entre tenemos entre 6 y 7 muertos por día. Esto no lo resuelve el negocio privado sino la política pública», afirmó.
El agravamiento del cuadro de accidentes laborales coexiste con el crecimiento de un mercado que se ubicó en el orden de los 13.000 millones de pesos para el año pasado y que está cercano a los 20.000 millones en el presente año. La notable expansión de accidentes, de días de bajas y de muertes tiene que ver con un incremento del 1.300% en la facturación de las ART de 2003 en adelante. A esto se le suma un dato más grave: sólo 6 empresas controlan el 64% del total de la facturación de ese mercado, «y tres de ellas integran el pool de la elite empresaria del país», agregó Lozano.
En el debate del Proyecto de Ley sobre el Régimen del ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, Lozano encuadró su postura en tres cuestiones fundamentales: para el diputado de UP, la propuesta del oficialismo “no resuelve el manejo privado con fines de lucro de fondos públicos de la seguridad social; no resuelve el hecho de que se mantiene la connivencia entre las aseguradoras de riesgos de trabajo y las empresas, que son socias en la estrategia de reducción de los costos laborales; y no incorpora a los trabajadores en la prevención».
«Este es un peculiar caso de experiencia que se dice peronista pero que no convoca a participar a los trabajadores en los ámbitos donde debe hacerlo”, sintetizó.
“El Gobierno nos dice que elevando los montos indemnizatorios, incorporando mecanismos de actualización, exigiendo la renuncia al juicio, cambiando al fuero civil y bajando los honorarios de los abogados se resuelve el problema. En realidad lo que están haciendo es acorralando al trabajador que sufre el accidente con más pesos, planteándole que renuncie a sus reclamos y que cambie de fueros, y pretenden con esto restituir un equilibrio precario que no va a funcionar porque está claro que en la Argentina de hoy, las políticas de los 90 políticamente no funcionan.”
“Están votando el retorno a los 90 -agregó el diputado de UP-. Están defendiendo el negocio financiero y haciendo primar el enfoque de la reducción de los costos laborales sobre la vida y la salud de los trabajadores.”
