Así lo expresaron los legisladores del Bloque Buenos Aires para Todos respecto al proyecto que mañana martes presentará el PRO en la Legislatura porteña, que avasalla los derechos de los trabajadores del subte a la hora de reclamar y efectuar su derecho a huelga. “Este proyecto que intentará aprobar el macrismo en la Legislatura es cavernícola, anacrónico, arbitrario y de una gran provocación, ya que sin presentarlo formalmente lo difunden públicamente”; “esta es una muestra más del abuso y atropello a los trabajadores”, expresaron los legisladores.
En este sentido, “repudiamos enérgicamente las declaraciones del legislador Ocampo y la vice jefa de gobierno María Eugenia Vidal, al decir que la intención de la iniciativa es ponerle orden al funcionamiento del servicio y que los trabajadores del subte no pueden tener privilegios por sobre los demás”. El PRO, según trascendió públicamente, intenta limitar el derecho constitucional de paro, prohibir la contratación de más personal en la empresa y extender el horario de trabajo de los empleados que ya trabajan en el servicio.
Este proyecto de ley que el Ejecutivo porteño presentará, preveé sanciones económicas desde $8300. En este sentido, “repudiamos este atropello a los derechos, que en este intento por tomar las riendas del subte, el costo lo pagan los trabajadores”.
Al finalizar, los legisladores, junto con el apoyo de los diputados nacionales Claudio Lozano y Víctor De Gennaro, declararon que este intento del PRO “es inconcebible porque viola la normativa Nacional con base en los tratados Internacionales de Derechos Humanos y específicamente por los convenios de la OIT”.
Vale aclarar que la propia Organización Internacional del Trabajo ha excluido al transporte en general, como susceptible de ser declarado servicio esencial, por lo que los argumentos del macrismo no tienen validez. Y respecto al caso de subterráneos la OIT ha expresado, además, que el transporte de pasajeros y mercancías no es un servicio esencial en el sentido estricto del término; no obstante, se trata de un servicio público de importancia trascendental en el país y, en caso de huelga, puede justificarse la imposición de un servicio mínimo (566, caso núm. 1679 (Argentina), párrafo 92. Comité de Libertad Sindical del consejo de administración de la OIT).