Sobre los juicios al Estado provenientes de los jubilados que buscan recomponer sus haberes, la diputada María América González el Gobierno los hace crecer «con su negación soberbia».
«Si bien es de larga data, (desde los comienzos de los años 90) y si el Gobierno hubiese adherido a la sugerencia que le hizo la Corte Suprema de Justicia, en el segundo Fallo Badaro, de generalizar la aplicación de las movilidades adeudadas y en tal sentido recomponer el haber de las jubilaciones, esos costos hubieran sido de unos 9.000 millones de pesos por esos tiempos. En cambio, hoy ascienden a unos 40.000 millones», declaró la diputada por Buenos Aires para Todos en UP María América González.
«Con su negación soberbia no sólo el Gobierno incrementa el costo de dicha deuda, sino que también hace crecer la litigiosidad; al tiempo que al desobedecer a su compromiso ante la OEA de no apelar las sentencias favorables a los beneficiarios colabora, no sólo a mantener la vigencia, sino también la aplicabilidad más plena de la nefasta Ley de Solidaridad Previsional, creada por Domingo Felipe Cavallo», aclaró la legisladora.