La Legislatura porteña aprobó el proyecto de María América González para que los supermercados, hipermercados y mayoristas estén obligados a habilitar una línea y un correo electrónico donde se puedan consultar sus precios.
Esta semana, la Legislatura porteña el proyecto de Ley impulsado por la diputada de Buenos Aires para Todos en Unidad Popular María América González, que obliga a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados minoristas y mayoristas a informar a través del servicio telefónico o por correo electrónico los precios de venta al público de los productos que expenden. Para ello, deberán habilitar una línea telefónica y una dirección de e-mail con ese único fin.
En la actualidad, cuando los consumidores solicitan telefónicamente los precios de los productos a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados, la respuesta es: «No damos precios por teléfono». De esta manera, se le niega al consumidor el acceso a la información que como derecho está garantizado por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
“De esta manera, los consumidores vamos a tener derecho a conocer los precios de los productos sin necesidad de concurrir personalmente al comercio, comparar los precios de distintas empresas y luego decidir cuál es el precio y el comercio donde más nos conviene comprar», manifestó González.
Esta ley posibilita además que los consumidores puedan hacer relevamientos de precios, comparar su evolución en forma periódica y determinar los auténticos índices de aumentos de precios que se producen en los comercios.
También se podrán conocer los precios mayoristas de los productos. «Hemos observado que la diferencia de precios entre el nivel minorista respecto al mayorista es en muchos productos, exorbitante. Con la debida información los consumidores podrán hacer compras a nivel mayorista y ahorrarse esa diferencia», manifestó la diputada.
En la misma línea, la Legislatura también aprobó otro proyecto impulsado por María América González para que el Poder Ejecutivo informe sobre las partidas anuales destinadas a las Asociaciones de Consumidores que no fueron entregadas hasta la fecha. Al respecto, la diputada que también es vicepresidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, dijo: “ Las Asociaciones de Consumidores de nuestra ciudad cumplen un rol relevante en la defensa de los derechos ciudadanos y necesitamos saber porqué no se ha cumplido con la entrega de los subsidios, en especial durante el período 2008-2012 y qué destino se le dio a las partidas presupuestadas».
