Lozano: Las tareas de inteligencia de Gendarmería sobre la población no nos sorprenden ni son un hecho aislado. Son una expresión más del avance de la metodología represiva que, en contradicción con el discurso oficial de la plena vigencia de los DD.HH. y respeto a la protesta social, quedó obedientemente plasmada en la ley antiterrorista.
El Presidente del Bloque por la Unidad Popular y diputado Claudio Lozano sostuvo que, “la reciente revelación del accionar de Gendarmería Nacional, lamentablemente, no nos sorprende ni constituye un hecho aislado. En los últimos años vemos el progresivo avance de una metodología estatal que está en flagrante contradicción con el discurso oficial sobre la plena vigencia de los derechos humanos y la no represión de la protesta social.
Esta tendencia se expresa en la actuación de gobiernos de distinto signo. Todavía está muy presente el antecedente del aparato de inteligencia que Mauricio Macri pretendió crear con ayuda de ex comisario Fino Palacios y sus escuchas telefónicas ilegales y los violentos desalojos y hasta allanamientos que día a día se producen en provincias políticamente aliadas al Gobierno nacional.
Hoy confirmamos que es una fuerza federal dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, la que realiza trabajos de averiguación de la filiación ideológica, hábitos de consumo, actividad política, etc. de dirigentes sociales y políticos para la elaboración de «perfiles». Confirmamos, también, que la fuerza destacada por el alto funcionariado de este Gobierno por su profesionalismo y transparencia es, justamente, la que realiza, lisa y llanamente, inteligencia política.
El diputado agregó que, “en otra etapa, el Gobierno podría haber apelado para su descargo al autogobierno de las fuerzas y las dificultades para eliminarlo plenamente, pero a partir de la aprobación de la denominada Ley Antiterrorista, que amenaza con endurecer la acción penal contra luchadores sociales, ninguna autoridad nacional puede desmentir que se está siguiendo un camino y una lógica de control y represión, propia de una concepción política que creíamos superada.
Al ver el origen de esa legislación, exigida por organismos internacionales, nos queda claro que el Gobierno Nacional no puede menos que aceptar que está adoptando/aprovechando «agendas de seguridad» que nada tienen que ver con nuestra realidad sino que, en cambio, responden a mandatos emanados de los centros de poder mundial, sobre los que frecuentemente se pretende exhibir una actitud desafiante.